La derecha está convencida que la Educación Sexual Integral viene a “imponer” a las infancias la “homosexualidad obligatoria”, el “aborto” y la práctica “desenfrenada” de las relaciones sexuales.
En las últimas horas llegó desde España una noticia que enciende todas las alarmas. El gobierno tripartito de derechas de Murcia (integrado por el Partido Popular, Ciudadanos y el ultraderechista VOX), prepara un proyecto para instaurar el “pin parental” en materia de educación.
Una discusión que parece lejana, pero lamentablemente, podría estar a la vuelta de la esquina en nuestro país y nuestra región. El “pin parental” es una puerta que, sin dudas, no quisiéramos abrir.
El PIN es un mecanismo que permite que las madres y padres decidan qué tipos de contenidos pueden – o no – recibir sus hijas e hijos en el marco de la Educación Sexual Integral (ESI), dejando la educación sujeta a una decisión familiar y no en el marco de una política de Estado orientada a garantizar derechos para las niñas, niños y niñes.
La ultraderecha y sus socios circunstanciales están convencidas y convencidos que la Educación Sexual Integral viene a “imponer” a las infancias la “homosexualidad obligatoria”, el “aborto” y la práctica “desenfrenada” de las relaciones sexuales. ¡Y eso debe detenerse!
Desde éste punto de vista, un simple click en alguna APP del teléfono móvil, bastaría para frenar el adoctrinamiento y salvar a les niñes de semejante despropósito.
Lo que para éstos sectores es admisible en materia de Educación Sexual Integral (ESI), no es otra cosa que un avasallamiento al rol de la Escuela para la garantía del derecho a la educación en sexualidad, consagrada en la Convención sobre los derechos del niño.
Tal como ha quedado demostrado, la ESI no tiene otro propósito que brindar información correcta y científicamente comprobada para un ejercicio más pleno, responsable, respetuoso y cuidado de la sexualidad.
Un estudio reciente de la Asesoría Tutelar de la ciudad de Buenos Aires evidenció que la ESI posibilitó a muchas niñas y niños identificar situaciones de abuso sexual infantil y violencia. Poder poner palabras y sentido a aquello que hasta antes no lo tuvo, es un primer paso fundamental para la denuncia, la prevención y la sanción de estos hechos aberrantes.
También la ESI contribuye a mejorar el clima de convivencia escolar, reduce sensiblemente las situaciones de acoso y hostigamiento, promueve una mirada amplia y diversa de las relaciones (afectivas, amistosas, familiares y románticas) y brinda herramientas para prevenir las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no planificados.
Ni hablar de la posibilidad de decidir. De decidir cuándo, con quien, en qué marco y de qué forma iniciar una vida sexual activa, respetando los valores y convicciones personales. La ESI reivindica el derecho a “esperar” a la persona o momento adecuado, si eso es lo que se desea. Y si el deseo es otro, a contar con toda la información para iniciar esa vida libre e violencia, abuso y coerción. La ESI nos enseña que NO, es NO.
Ahora bien, imaginen llevar la discusión del “pin parental” a otros ámbitos de la educación. Por ejemplo, la biología o la geografía. ¿Sería admisible que los padres opinen que se enseñe – y aprenda – el origen de las especies desde el “creacionismo” y no desde la teoría de la evolución? ¿O dejar al libre arbitrio de padres y madres “decidir” si la tierra es plana o redonda? Inadmisible, ¿no?
Creer que Dios creó al hombre, y que de una costilla masculina salió la mujer; ubicar el inicio de todos los males en una pecaminosa manzana, o sostener que el agua puede convertirse en vino, son creencias de fe válidas para los templos, pero sin asidero científico. Y la educación no es otra cosa que ciencia. También en materia de sexualidad.
¿Y por casa cómo andamos?
El debate del “pin parental” llega a nuestra región en días en que desde diversos sectores – ¿coincidentemente? – se escucharon algunas voces en sintonía. El periodista deportivo Walter Queijeiro expresó que los contenidos de diversidad sexual deberían ser eliminados de la ESI y el abogado Alejandro Fargosi sumó su granito de arena: “Escuelas sin ESI son el derecho humano de los padres a que sus hijos se eduquen de acuerdo a sus pautas”. Podría dedicarse a leer la legislación vigente el abogado, aquella que debería cumplir y hacer cumplir desde su ámbito profesional.
Todo esto en el marco de un inicio de año complejo, con varias situaciones reportadas de discriminación al colectivo LGBT+ (Mar del Plata, Santa Teresita y Necochea por citar algunos ejemplos) y una región en donde los discursos y acciones de odio proliferan a una velocidad preocupante.
Garantizar la ESI desde el nivel inicial es una obligación del Estado y una necesidad imperiosa si queremos construir una sociedad más justa, más feliz y con menos sufrimiento. Una sociedad donde quepamos todas, todos y todes.
Esteban Paulón. Director Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+
