El Presidente anunció que convocará a consulta popular por varios temas candentes. En una decisión inédita en los últimos treinta años, Alberto Fernández anunció que envía al Congreso un proyecto de ley para convocar a una consulta popular en la que pretende que la sociedad argentina dirima varios temas controvertidos: licencia social para que cada comunidad resuelva ante emprendimientos potencialmente contaminantes, sueldos de funcionarios atados al salario mínimo vital y móvil, separación del Estado de cualquier religión, son algunos de los que adelantó.
La noticia sacudió al espectro político esta mañana: es la primera vez, desde aquella histórica consulta realizada por Alfonsín en 1984, que un Presidente decide la convocatoria a una consulta popular, en donde será la ciudadanía la que resuelva algunos de los temas más controvertidos que la democracia no afrontó en estos años y que concentran algunas de las polémicas más fuertes que conmueven a la sociedad.
El único antecedente de una decisión de este tipo lo señaló el propio Alberto Fernández, en el breve mensaje con que anunció la iniciativa: “Esta es una de las cosas que aprendí de Alfonsín”, dijo el jefe del Estado. “Hay problemas que no puede resolver la dirigencia aisladamente, sino que lo debe debatir y decidir directamente la ciudadanía. Así resolvimos de modo definitivo el problema del Beagle en 1984, gracias a la inteligencia y generosidad del Presidente Alfonsín, cuando todavía no estaban previstas constitucionalmente las consultas populares”.
Luego reflexionó: “No puede ser que cada tema decisivo para nuestro presente y nuestro futuro, termine siendo una pelea encarnizada entre posiciones extremas, que en muchos de esos temas las respuestas terminen dejando desconformes a todos, y para peor, que quienes deberían ser los representantes del pueblo terminen sesionando casi a escondidas, o protegidos por vallas y fuerzas de seguridad. La democracia sin duda no es eso, compatriotas. La democracia es que entre todos resolvamos lo que a todos, todas y todes, nos va a terminar afectando”.
A comienzos de junio el Senado de la Nación comenzó a debatir los proyectos de ley presentados por el oficialismo para modificar la ley de convocatoria a consultas populares con el objetivo de “agilizar” los mecanismos para eventuales llamados a este tipo de votaciones junto con las elecciones generales.
FICCIÓN
Apresurémonos a aclararlo: lo anterior no es parte de ninguna noticia sino una ficción de este cronista.
Sin embargo, lo que no es invento es que el partido que gobierna la Argentina se acordó ahora de las consultas populares. En efecto, a través de algunos de los seguidores más fieles de la Vicepresidenta de la Nación, el Frente de Todos promueve en el Senado una modificación a la ley de consulta popular (Ver recuadro). Esa misma ley que hasta el día de hoy jamás se usó.
El peronismo pretende hacerle retoques a esa ley con el objetivo de poder convocar en el mismo proceso electoral de 2023 a un referendo. La intención, según explicó el senador Oscar Parrilli, es que la ciudadanía se exprese respecto de la propuesta de ampliación de la Corte Suprema de Justicia, entre otras iniciativas que tienen pocas chances de prosperar en la actual conformación del Congreso, dada la relación de fuerzas entre oficialismo y oposición. También especulan con una consulta sobre la creación de un fondo con dinero fugado para pagar la deuda con el FMI.
Lo cierto es que la ley vigente 25.432 impide (sabiamente, en realidad) que la convocatoria a consulta ciudadana coincida con una elección nacional: “El día fijado para la realización de una consulta popular, no podrá coincidir con otro acto eleccionario”, establece en su artículo 14. Por eso quieren modificarla: pretenden que el año que viene, junto con la nueva autoridad presidencial y la elección de legisladores nacionales –además de las provincias en las que también se renueven autoridades– se realice una consulta popular por este tema que, como el oficialismo sabe, tiene escasas chances de prosperar en el Parlamento.
LEY CERO KILÓMETRO
Como es sabido, la ley que regula las consultas populares sigue sin estrenar: hasta el día de hoy no se ha realizado en la Argentina ninguna instancia de ese tipo de alcance nacional.
No obstante, en la Argentina hubo una y única consulta ciudadana. Fue en noviembre de 1984, la que convocó el Presidente Raúl Alfonsín para que la ciudadanía se expresara respecto del acuerdo alcanzado con Chile para garantizar la paz entre ambos países. Todavía no había ley. Por eso aquella consulta no podía ser vinculante, pero dejaría clara la opinión de la ciudadanía. Fue una decisión audaz del mandatario, que confiaba en que la comunidad respaldaría cualquier acuerdo que aventara la posibilidad de conflicto con el país vecino. Habían pasado apenas dos años de la aventura bélica delirante de la dictadura.
Faltaban diez años para que la Reforma Constitucional de 1994 incorporara el referéndum, entre otros mecanismos de democracia participativa, al texto de la máxima ley argentina. Desde entonces (y aunque no faltaron proyectos en el Congreso por variados temas) jamás se realizó una sola consulta ciudadana a toda la población.
“Dejar en poder de las mayorías las decisiones que afectarán su futuro”. Precisamente eso que le niegan a las comunidades en cada conflicto socioambiental.
CON LOS DEDOS DE LA MANO
Sí las hubo, en cambio, en ámbitos provinciales o locales, y siempre con severas dificultades para lograr que se realizaran, dada la hostilidad de los poderes políticos, que (sin grieta en este asunto) no quieren saber nada con que las comunidades decidan. Se cuentan con los dedos de una mano: Misiones (1996), sobre represas, Esquel (2003) y Loncopué (2012) sobre minería, y otra vez Misiones (2014) sobre complejo hidroeléctrico. En todos los casos las comunidades se las “arrancaron” al poder político.
Y ese es uno de los aspectos en los que no hay grieta en la Argentina: ninguno de los dos grandes conglomerados que se presentan como contendientes entre ellos, cree en la capacidad de decidir por su cuenta de las comunidades. Se oponen a la licencia social.
Quizás porque las pocas veces que se hicieron mecanismos de este tipo a nivel local, siempre obstaculizados por los gobiernos, del signo que fueran, las comunidades les dijeron claramente que no a los poderosos.
Es una razón potente para evitar que el pueblo delibere y decida. Y eso se llama, sencillamente, “elitismo”.
POR QUÉ NO HAY CONSULTAS
Las dirigencias no tienen ningún interés en consultar a la población. En cuestiones ambientales directamente lo rechazan sin medias tintas.
La repentina preocupación por la participación ciudadana la expresó Oscar Parrilli, impulsor del proyecto y conocida “espada” de la Vicepresidenta: “Las leyes que rigen datan del 2000-2002 y desde entonces nunca se hizo una consulta popular”, recordó y aseguró: “Esto quiere decir que el mecanismo no funcionó”. Cierto.
Pero la razón principal por la que no funcionó es la aversión de las clases dirigentes argentinas a la posibilidad de que las comunidades decidan, y en especial, a que lo hagan en aquellos temas en los que la dirigencia sospecha que las comunidades decidirán de manera opuesta a los intereses o decisiones que ya tienen tomadas.
Un ejemplo lo proporcionó la discusión sobre el aborto. Buena parte de la dirigencia plantada en posiciones más cerradas respecto de la posibilidad de legalizar la interrupción del embarazo, creía que la sociedad argentina rechazaba tajantemente la idea. Por esa razón se presentaron numerosos proyectos proponiendo consultar a la ciudadanía para resolver el tema; una docena de iniciativas entre Senado y Diputados. A medida que la discusión social fue mostrando cierta apertura de la sociedad argentina y las encuestas insinuaban que la mayoría de la población aprobaba la despenalización, las mismas voces que habían presentado los proyectos fueron apagándose.
Ninguno de los dos grandes conglomerados que se presentan como contendientes entre ellos, cree en la capacidad de decidir por su cuenta de las comunidades. Se oponen a la licencia social.
PARADÓJICO
Por todo eso es raro que el peronismo se acuerde ahora de las consultas populares.
Y es notable: se trata del mismo partido gobernante que se opone terminantemente a la posibilidad de instrumentar mecanismos de licencia social (un reclamo recurrente ante cada conflicto socio-ambiental), es decir que no concibe la posibilidad de que las comunidades sean las que decidan si un emprendimiento potencialmente contaminante debe instalarse o no.
Sin embargo ese mismo oficialismo impulsa una consulta popular (y en el medio de una elección presidencial) para modificar la Corte Suprema de Justicia.
Cada quien evaluará las razones que mueven la iniciativa del partido de gobierno: si lo hace por una repentina vocación de transparentar el lamentable servicio de justicia que tenemos, o si, quizás, lo que subyace es el inconfesable motivo de controlarla para que no haya un solo Urribarri más, es decir, para que no exista ningún otro “de los suyos” que resulte condenado en esas poquísimas ocasiones en que el servicio de justicia cumple con su deber.
ELITISMO POPULISTA
Lo que salta a la vista con fuerza de evidencia es una síntesis extraordinaria de lo que llamo “elitismo populista”. El pueblo solo es invitado a opinar para avalar lo que deciden sus iluminadas dirigencias. Jamás para deliberar y decidir sobre el destino común.
La duda que me queda es qué extraño razonamiento les hace creer que esa misma gente, ese mismo pueblo, esas mismas comunidades a las que no le permiten tomar decisiones sobre su propio futuro, avalarán la desfachatada intentona de obtener impunidad.
No obstante, ¡qué lindo sería que se realice la consulta popular!
Claro que eso no ocurrirá, porque el Congreso no lo aprobaría. La oposición es tan elitista como el oficialismo.
Pero sería lindo. Porque estoy seguro de que el pueblo, ese mismo pueblo al que desprecian profundamente (aunque se autoperciban “populistas”) y por eso no le dejan decidir cuestiones básicas de autonomía, como dijo alguien alguna vez, haría “tronar el escarmiento”.
Américo Schvartzman es Licenciado en Filosofía y Periodista. Integra la cooperativa periodístico cultural El Miércoles, en Entre Ríos. Autor de “Deliberación o dependencia. Ambiente, licencia social y democracia deliberativa” (Prometeo 2013). Fue director de La Vanguardia.
Artículo originalmente publicado en La Vanguardia.
