Cuando se debate sobre cambio climático y gases de efecto invernadero, se suele dejar de lado la discusión en torno a la contaminación proveniente de actividades que, en el transcurso del devenir económico de nuestro país, estuvieron relacionadas con un sistema de producción en vías de extinción, con un campo que ya no existe. Para el sentido común resulta ajena la idea de que el ganado sea responsable de la generación del segundo gas de efecto invernadero (GEI) más presente en la atmósfera: el gas metano.
Detrás del dióxido de carbono (co2), el gas metano representa el 32% de las emisiones totales que contribuyen al calentamiento global y la actividad ganadera intensiva es una de sus principales fuentes. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el metano es 80 veces más potente que el co2 en un período de 20 años. A escala global, el sistema alimentario contribuye al calentamiento con una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y urge que los países con amplitud de territorios destinados a dicha producción tomen medidas al respecto. Si bien Argentina no entra en el ranking de los grandes contaminadores del mundo, aporta lo suyo a través de la emisión de gas metano que se genera en las producciones intensivas (feedlots) y los basurales, y el óxido nitroso presente en los millones de litros de agrotóxicos con que se rocían cada año los cultivos transgénicos.
Producido por la fermentación entérica –proceso digestivo del ganado vacuno, porcino y ovino– y la descomposición del estiércol en condiciones de poco oxígeno, es decir, durante manejo de grandes cantidades de animales en zonas confinadas en las que el estiércol es almacenado en grandes pilas o eliminado en cursos de agua, el gas metano «está en todas partes, todo el tiempo». Así lo advierte Giselle Munno Dithurbide, abogada y responsable del área de Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). «El metano –sostiene Dithurbide– es responsable de un tercio del calentamiento global actual, por ende, de las inundaciones, sequías, derretimiento de glaciares y aumento de temperatura entre otros impactos producto del cambio climático».
Ataque desmedido
Presentado a mediados de año por la diputada bonaerense Lucía Klug, de Unión por la Patria (UxP), el proyecto de ley que propone un impuesto destinado a mitigar el daño ambiental pasó sin pena ni gloria, hasta que asomó a la luz pública recientemente, a raíz del rotundo rechazo de las entidades ganaderas y la ridiculización con que se abordó el tema desde algunos espacios de prensa, en los que se llegó a titular «Impuesto a los pedos de las vacas». Quienes plantearon su oposición al debate son los representantes de las organizaciones en las que se agrupa uno de los sectores económicos más poderosos del país, que nuclea a los grandes concentradores de riqueza: la Sociedad Rural (SR), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), entre otros. La Tasa Ambiental al Gas Metano en la provincia de Buenos Aires (Tamba) propone la creación de un fondo fiduciario que compense el metano emitido por la actividad ganadera «con la reducción de dicho gas mediante una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos».
La aplicación del gravamen se medirá en función de los kilogramos de co2 (dióxido de carbono equivalente) emitidos en la producción de cada establecimiento, es decir, el peso será establecido en relación directa a la cantidad de cabezas de ganado que produzca la empresa y sus características productivas. «La idea es relevar la situación», señala Klug en diálogo con Acción. «Hay algunos cálculos al respecto, se cree que en lo relativo a la emisión de gas metano en la provincia de Buenos Aires, el 30% corresponde a la actividad agropecuaria. La idea no es establecer ningún tipo de impuesto al azar, sino conocer cuál es el impacto en territorio bonaerense».
Según la diputada, «a priori, aunque hay que hacer un nuevo relevamiento. En números generales, está estipulado que una vaca promedio produce 100 kilos de metano al año. Hay bastantes cálculos que hacer y dejamos abiertas varias cuestiones a la implementación del Poder Ejecutivo con los cuadros técnicos necesarios que establezcan y determinen el control de la emisión de gas metano –señala Klug–. La búsqueda del proyecto también apunta a realizar mediciones respecto de las variedades; no es lo mismo lo que contamina una vaca en campo abierto que en un feedlot».
Plan de gestión
Por su densidad poblacional y desarrollo productivo, la provincia de Buenos Aires se constituye como una de las principales emisoras. Según estadísticas oficiales, correspondientes al Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (Ingei), publicación de la Subsecretaría de Ambiente, la amplia franja de territorio bonaerense es responsable del 34% de las emisiones. Al respecto, la iniciativa del nuevo impuesto establece el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (los propietarios deberán presentar un plan de gestión de emisiones refrendado por un profesional matriculado) y apunta a alinearse a lo estipulado en la Ley nacional 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
«Nos sorprendió el ataque al proyecto –agrega Klug–, hay diputados que tienen vínculos con el negocio agropecuario y usaron estrategias comunicacionales que buscan ridiculizar constantemente temas que son muy serios. Pero sirvió para que mucha gente empezara a hablar de contaminación desde los campos. Para el sentido común no es muy lógico que una vaca contamine, y entendemos que el problema no es la vaca. El proyecto está abierto, se puede seguir discutiendo», aclara la funcionaria, que este mes cumplió su mandato.
La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas entiende que, si bien existen normativas provinciales como en los casos de Chubut, Neuquén, Río Negro y Mendoza tendientes al tratamiento de planes de gestión y mitigación de emisiones contaminantes, se requieren leyes que acompañen los procesos pero, sobre todo, voluntad política. Una voluntad política inexistente si se piensa al RIGI como pilar no solo de la búsqueda de inversiones sino de la profundización de una matriz productiva contaminante en desmedro de las comunidades y los territorios. Más allá de la legislación vigente, queda claro que la provincia de Buenos Aires está en deuda en términos de normativa ambiental y climática, sin la existencia de planes a largo plazo que estipulen mejores condiciones para habitar y producir dejando la menor huella posible, con el escenario de fondo de un campo hipertecnologizado.
María Soledad Iparraguirre es periodista especializada en derechos humanos y medio ambiente.
El artículo fue publicado originalmente en la revista Acción.
