Señalan que muchos puntos que especificaban diversos conceptos dentro de la ley se suprimieron, algo que podría traer perjuicios a futuro. La Multisectorial Humedales afirma que el texto resultante de la reunión del Cofema es una “traición de la política” y una “estafa al pueblo”.
Las autoridades del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) se reunieron el lunes pasado para trabajar sobre el proyecto de ley de humedales que surgió de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación. Tras el encuentro, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, anunció a través de sus redes sociales que se consensuó un nuevo proyecto de ley, acordado por unanimidad entre 24 jurisdicciones (las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires). Si bien desde la gestión nacional destacaron este punto, organizaciones ambientalistas afirmaron que los cambios que sufrió el proyecto pueden modificar cuestiones importantes a largo plazo.
“El proyecto que perdió estado parlamentario sobre fin de año pasado estaba consensuado por organizaciones, especialistas y diputados de la comisión. El nuevo proyecto hecho público por el Cofema da cuenta de un peligroso desguace y desnaturalización del proyecto original, a favor de los intereses que se oponen a que tengamos una ley sólida. Las organizaciones nucleadas en la Renahu (Red Nacional de Humedales) vamos a rechazar este proyecto, su contenido y los términos en que está siendo publicitado”, anticiparon desde la ONG El Paraná No se Toca.
En un comunicado, la Multisectorial Humedales calificó a la modificación del proyecto original como una “traición de la política” y una “estafa al pueblo”. “La dirigencia política al servicio de los lobbys utilizó las herramientas burocráticas para cooptar el proyecto de ley de humedales consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna; que ya tuvo apoyos de ediles, para satisfacer intereses de los poderes económicos concentrados”, dice el documento.
“Durante los meses precedentes, se promovieron reuniones no vinculantes con las organizaciones que construimos el proyecto consensuado, que fueron utilizadas únicamente para poder decir que se cumplió con el Acuerdo de Escazú, donde se determina que debe haber participación ciudadana y se establece el derecho a la información pública ambiental. En la práctica, estos espacios no constituyeron ninguna posibilidad real de incidencia en los procesos de negociación, ni se nos brindó el acceso a la información de manera transparente”, indicaron.
Por último, afirmaron que el nuevo proyecto está “lejos de proteger los humedales” y que “no es más que una estafa al pueblo y una burla a quienes dedicamos tiempo y energías a perseguir un real ejercicio de la democracia”.
