Al ex funcionario de Omar Perotti se le atribuye la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial.
Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de Santa Fe y actual asesor de Aníbal Fernández, fue imputado en una investigación sobre presuntas irregularidades en una licitación para comprar armas por un valor de más de 17 millones de dólares. La denuncia fue presentada en marzo de 2021 por los legisladores Juan Cruz Cándido (UCR Evolución), Lionella Cattalini, Esteban Lenci y Rosana Bellatti (PS); y la investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1, dirigida por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez,
La licitación por la que fueron imputados corresponde a una compra de 12 mil pistolas semi automáticas, 130 fusiles de asalto, 130 subametralladoras, y 12 fusiles para francotiradores, con un presupuesto estimado de 17.103.543,60 de dólares, que habría sido arreglada para que una empresa oferente quedara fuera de carrera y una determinada competidora tuviera servida la adjudicación para proveer ese armamento. Pero además de eso, el escándalo de su salida del Ministerio de Seguridad se destapó tras las tareas de espionaje ilegal que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) le endilga a la gestión Sain sobre funcionarios, periodistas y empresarios.
Además de Marcelo Sain, los imputados fueron el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, 54 años; y el ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera de la cartera provincial, Maximiliano Novas, de 50 años. A los tres se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial, y el monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron asciende, según consignó el propio MPA, a 17.103.543 dólares.
En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que “abusando de su condición de funcionarios públicos los tres imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la Provincia de Santa Fe, que tuvo como objetivo beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL”.
Los fiscales a cargo del caso precisaron en torno a su imputación que “las intervenciones indebidas de los funcionarios en el proceso licitatorio comenzaron, al menos, el 28 de mayo de 2020. Según se indicó, consistieron en la realización de acciones ardidosas para impedir a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro. De esta manera, según la imputación fiscal, el exministro de Seguridad de la provincia, el exsecretario de Seguridad Pública y el ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente”.
Al momento de realizar la imputación, la Fiscalía informó que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un pliego de bases y condiciones particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podía cotizar parcialmente por renglones, ni por parte de los renglones.
“En lugar de poder cotizarse por pistolas, por fusiles de asalto, por subametralladoras, etc, en forma individual (lo cual hubiera posibilitado obtener un mejor precio en cada rubro), se pretendió obligar a cotizar ‘a todo o nada’. Sólo podían presentarse las empresas que comercializaban todos los ítems, como si se tratara de un combo y no de elementos individuales”, sostuvieron los legisladores en su demanda.
Esa particularidad, afirmaron, imposibilitaba controlar la existencia de sobreprecios y reducía el número de empresas en condiciones de ofrecer la totalidad de los ítems. “La maniobra de ‘renglón único’ no reconoce antecedentes inmediatos en una compra de esta magnitud”, concluyeron.
La licitación fue suspendida por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, dentro del Ministerio de Economía santafesino, tras el reclamo de una empresa. Finalmente, el 4 febrero de 2021 la Justicia también puso un freno al procedimiento administrativo, que ahora es investigado por la Justicia.
Ahora, la Fiscalía confirmó la maniobra ilícita. “Al momento de realizar la imputación, la Fiscalía informó que esas condiciones especiales que definieron los imputados para la licitación pública consistieron en confeccionar un pliego de bases y condiciones particulares en el que se detalló que la cotización del armamento no se podía cotizar parcialmente por renglones, ni por parte de los renglones”, informó el Ministerio Público Fiscal santafesino.
En ese sentido, a pesar de que el procedimiento había recibido observaciones administrativas, “los imputados modificaron el pliego y establecieron que la cotización de las armas debía hacerse en un solo renglón y que debía incluir varios ítems. Es decir, los cinco renglones iniciales (uno por cada tipo de arma a comprar) se agruparon en un renglón único, con el objetivo de que el proveedor que se presente sea el único para todos los rubros”.
Para la Fiscalía eso se realizó con la intención de seguir con la maniobra defraudatoria.
