Un proyecto ingresado en el Congreso propone la creación de una comisión de análisis y estudio de alternativas regulatorias del mercado de drogas. Se deberá elaborar un informe en el que propugne la modificación del marco regulatorio federal actual. Por su parte, la Cámara de Diputados de Santa Fe sancionó un proyecto que pide al gobierno de Perotti que gestione ante Nación el desarrollo de audiencias públicas para debatir la regulación del consumo de sustancias psicoactivas.
La muerte de 24 personas en la provincia de Buenos Aires producto del consumo de cocaína adulterada volvió a poner en agenda un debate postergado y necesario en la Argentina: qué postura tomar frente al consumo de sustancias psicoactivas y la lucha contra el narcotráfico.
Los escasos resultados del paradigma prohibicionista que datan de la década del 70, el notorio incremento del consumo, el crecimiento de la narcocriminalidad y la salud púbica son algunas de las aristas de una discusión pendiente.
En ese contexto, legisladores de la provincia de Santa Fe lideran la propuesta de desarrollar un debate profundo en materia de drogas. Como informó el portal Aire Digital, los diputados nacionales socialistas por Santa Fe, Mónica Fein y Enrique Estévez, volvieron a presentar un proyecto –que había sido impulsado oportunamente por la entonces diputada nacional Alicia Ciciliani- que propone la creación, en el ámbito del Congreso, de una comisión de análisis y estudio de alternativas regulatorias del mercado de drogas. Por otro lado, la Cámara de Diputados de Santa Fe sancionó, en su última sesión, un proyecto de Comunicación de la diputada del GEN, Mónica Peralta, mediante el cual solicitó que el gobierno de Omar Perotti gestione ante el gobierno nacional el desarrollo de audiencias públicas para debatir la regulación de sustancias psicoactivas.
La Comisión tendrá que estudiar y analizar las experiencias nacionales y extranjeras en materia de regulación de los mercados de substancias psicoactivas. Además, deberá elaborar un informe en el que propugne la modificación del marco regulatorio federal actual. Dicho informe deberá ser elaborado en el plazo de un año.
Según establece la iniciativa, la Comisión Bicameral estará compuesta por cuatro senadores y cuatro diputados, cuatro representantes del Poder Ejecutivo nacional, de los cuales obligatoriamente al menos uno, deberá ser funcionario/a del Ministerio de Salud; dos representantes del Poder Judicial de la Nación, uno del Ministerio Público Fiscal y uno del Ministerio Público de la Defensa; cuatro representantes de organizaciones no gubernamentales con especificidad en políticas de regulación de mercado de drogas y dos representantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En los fundamentos del proyecto, los diputados nacionales Fein y Estévez resaltaron el fracaso de las políticas represivas implementadas tanto a nivel nacional como internacional, el incremento del consumo sostenido, el crecimiento de las bandas narcotraficantes, la connivencia política, judicial y policial, y las consecuencias en la salud pública por la falta de un abordaje integral de la problemática.
“Proponemos hacer un serio y riguroso seguimiento de las experiencias regulatorias que se han puesto en marcha en diversas latitudes, y aprendamos de sus éxitos y también de sus dificultades. Es hora de aceptar –con realismo–que mientras haya consumo habrá oferta, y que el consumo no se va a acabar”, destacaron los diputados nacionales y advierten que “es hora de hablar de regulación responsable por parte de los Estados; de buscar caminos para quitarles oxígeno a las mafias, y de afrontar el consumo con más recursos para la prevención, la atención y la reducción de daños a la salud y al tejido social”.
Según expresan, la actual estrategia internacional para abordar el problema de las drogas “enfrenta una profunda crisis de efectividad en tanto no sólo no se han alcanzado los resultados esperados en términos de la reducción de la oferta y la demanda de las sustancias sometidas a fiscalización, sino que a la vez han emergido una serie de consecuencias negativas a partir de las propias políticas implementadas”. En ese sentido, los legisladores entienden que la comunidad internacional se encuentra en un momento de debate y reflexión en torno a políticas de control de drogas más efectivas “con la flexibilidad que demandan las diversas manifestaciones del problema en las diferentes realidades locales y el pleno respeto a los derechos humanos en la implementación de esas políticas”.
En el proyecto, los diputados socialistas hacen referencia a expresiones vertidas por dirigentes políticos de América Latina –en la VI Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena, en el año 2012- en las que se sostenía “la necesidad de analizar los resultados de la actual política en las Américas y de explorar nuevos enfoques para ser más efectivos”.
Es así que, especialmente desde el ámbito interamericano, surgen en los últimos años, en el marco del régimen internacional de control de drogas, los más fuertes reclamos de reflexión y debate en torno a las políticas de drogas, por fuera de unas pocas organizaciones no gubernamentales que venían haciéndolo antes, muchas de ellas también desde el propio ámbito interamericano.
Según el denominado “Mandato de Cartagena”, comienza a plantearse la necesidad de una suerte de cambio de paradigma, de acuerdo al cual se advierte como prioritaria una transformación en el enfoque que se le daba tradicionalmente al problema (el énfasis en los aspectos más punitivos), para centrarlo en la salud por encima de ese abordaje punitivo prevaleciente.
Además, los diputados se basaron en la postura tomada por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que “tuvo un rol crucial en la conformación de un nuevo escenario de debate en torno a las políticas de drogas”. En su informe publicado en el año 2009 hablaba de una “guerra perdida” desde que “las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y la interdicción al tráfico, la distribución, así como la criminalización del consumo” no habían producido los resultados esperados. La Comisión entendía que “el modelo actual de política de represión de las drogas” estaba firmemente arraigado “en prejuicios, temores y visiones ideológicas” y que el tema se había transformado en un tabú que inhibía el debate público.
Para la Comisión era “imperativo examinar críticamente las deficiencias de la estrategia prohibicionista seguida por Estados Unidos y los límites de la estrategia de reducción de daños seguida por la Unión Europea, así como la escasa jerarquía que le dan al problema de las drogas algunos países, tanto industrializados como en desarrollo… la solución de largo plazo para el problema de las drogas ilícitas pasa por la reducción de la demanda en los principales países consumidores… Estados Unidos y la Unión Europea son corresponsables de los problemas que enfrentamos en la región…”.
Qué pasa en Argentina con el consumo de drogas
“En el caso argentino, las actuales políticas en materia de control de drogas han adoptado un renovado apego a la estrategia internacional vigente (prohibicionismo y represión), cuyos pilares lo constituyen las tres convenciones sobre fiscalización internacional de drogas, y un claro abandono de la evaluación de políticas alternativas”, advierten los legisladores y agregan: “Es por ello que la necesidad de constituir un espacio de reflexión y análisis en torno a las alternativas regulatorias aparece como doblemente necesaria”.
La exploración de este tipo de enfoques parte así de la constatación de que los actuales modelos de abordaje en el área de control de drogas, lejos de reducir o contener la demanda y la oferta de las sustancias sometidas a fiscalización, agrava el problema generando daños y riesgos colaterales y estimulando el crecimiento de un mercado cada vez más importante.
De acuerdo al Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas, publicado por el Observatorio Argentino de Drogas del año 2017, la marihuana es la sustancia sometida a fiscalización de mayor consumo en el país (con una prevalencia anual del 7,8 % de la población), y la que registra un crecimiento, respecto del año 2010, en todos los grupos de edad, tanto en varones como en mujeres. Se trata de la tercera sustancia que presenta un mayor consumo (con una prevalencia de vida del 17,4 %), luego del alcohol (81%) y el tabaco (51,3%). De acuerdo al Estudio, al comparar el estudio publicado en el año 2010 con el publicado en 2017, la diferencia entre ambos para el caso de la prevalencia de año de la marihuana es de 4,6 % porcentuales que, en términos de incremento, implica una tasa del 151% con respecto al año 2010.
Analizando la información vinculada a incautaciones de cannabis realizadas por las fuerzas de seguridad y policiales en el país surge también un incremento a lo largo de los años: de alrededor de 100 toneladas en el año 2006 a más de 200 toneladas anuales en el año 2016. Mientras que a principios de la década del 90 la cantidad de detenidos por infracción a la Ley de Estupefacientes no alcanzaba los 10.000 detenidos por año, hacia la segunda década del nuevo milenio ya se aproximaba a los 60.000. Este incremento se ha traducido claramente en un desborde de los sistemas policiales, judiciales y carcelarios, mientras la conflictividad asociada a la comercialización ilícita de estupefacientes no se ha visto reducida, siquiera contenida.
Cabe resaltar que la mayoría de las detenciones en el marco de la aplicación del régimen penal de estupefacientes vigente está asociada a la tenencia o comercialización ilícita de cannabis. En todo el período que va desde el año 1991 al año 2012, el 61% de los procedimientos por infracción al régimen penal de estupefacientes se vinculaba sólo a incautaciones de ese tipo de sustancia. Por otra parte, en la judicialización de estos casos se verifica una gran incidencia de delitos menores, tal como lo informa la Procuraduría de Narcocriminalidad. En ese sentido, según datos de la PROCUNAR, de las más de 200 mil causas iniciadas por estupefacientes en el período entre 2011 y 2019, el 47% es por delitos menores (35% por tenencia para consumo personal y 12% por tenencia simple). Los datos correspondientes a 2019 arrojan que, de las 14.612 causas iniciadas en ese año, un 40% corresponde a tenencia para consumo personal y un 8% a tenencia simple.
Según Fein y Estévez, “para el Estado, significa un cuantioso dispendio de los recursos públicos, sin la menor incidencia en la lógica comercial del narcotráfico. Estos recursos podrían destinarse a la persecución de delitos de verdadera gravedad y entidad social, como ser los derivados de la gestión y administración del narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción”.
Regulación del uso de cannabis
Para los legisladores santafesinos, gran parte de la nueva mirada se sustenta en repensar el régimen en su integralidad, desluciendo su excesivo énfasis represivo, y poniendo al ser humano como eje de las políticas de drogas. “La mayoría de los entrevistados entiende que la vía de regulación de mercados para el caso de cannabis es una puerta que se ha abierto y que no podrá ser detenida”, advierten. La regulación del mercado del cannabis aparece como una alternativa viable frente a una estrategia internacional de control de drogas que se ha mostrado incuestionablemente inefectiva y que ha generado, al momento, mayores daños que soluciones.
En efecto, se han multiplicado en los últimos años una serie de iniciativas concretas para la regulación del mercado de cannabis. Como lo indicó la Comisión Global sobre Política de Drogas “hay un amplio espectro de opciones de políticas disponibles para controlar la producción, suministro y uso de diversos tipos de drogas” por lo que “es necesario diferenciar los términos y conceptos clave para evitar una confusión innecesaria. La legalización es meramente un proceso: el de convertir algo ilegal en legal. Lo que la mayoría de los impulsores de la reforma promueve se describe mejor con los términos regulación, regulación legal o mercados regulados legalmente. Tampoco significa que las alternativas a la prohibición impliquen un mercado libre para todos, donde el acceso a las drogas sea irrestricto o la oferta aumente drásticamente. La regulación significa asumir el control para que sean los gobiernos, no los criminales, los que tomen las decisiones sobre la disponibilidad o no de ciertas sustancias, en distintos ambientes”.
Audiencias públicas
La diputada provincial Mónica Peralta (GEN), solicitó al gobernador Omar Perotti, mediante un proyecto de Comunicación, que “tome la iniciativa de propiciar un debate abierto y participativo que contribuya a la elaboración de una nueva ley de drogas, consumo de sustancias y persecución del delito generado por el narcotráfico”.
A través de la iniciativa sancionada por la Cámara baja, se solicitó al mandatario santafesino que “interceda ante el gobierno nacional a fin de solicitarle la promoción y convocatoria a audiencias públicas en todo el territorio nacional” invitando a participar a los Poderes del Estado, Instituciones de la sociedad civil, expertos/as y a la ciudadanía en general.
“Estamos viviendo una situación absolutamente compleja donde la persecución del uso de sustancias ilegalizadas está puesto sobre las personas en vez de sobre grupos delictivos”, manifestó la legisladora quien en ese orden refirió que “la mayoría de las causas abiertas por la justica termina en los consumidores”.
El proyecto de Peralta busca “favorecer un gran debate nacional” que le permita a la ciudadanía “tener una ley de drogas y una persecución del narcotráfico”.
Para la legisladora santafesina, los hechos ocurridos en las últimas semanas que dejaron como saldo la intoxicación y muerte de decenas de argentinos por consumo de cocaína presuntamente adulterada “se suma a situaciones de violencia urbana que vemos con frecuencia en las disputas territoriales y cuya consecuencia es el derrame de sangre sobre nuestras ciudades”.
“Porque acá hay que ser claros: Los que siempre caen y mueren son jóvenes y pobres”, continuó la diputada quien señaló que “por negligencia o por participación, hay varios poderes del Estado involucrados”.
“Ha quedado demostrado -expresó la diputada en los fundamentos de su proyecto- que la intromisión del sistema penal para resolver los problemas asociados con el consumo de drogas consideradas ilegalizadas, ha resultado disfuncional respecto al objetivo explícito en la legislación nacional y en las diversas Convenciones Internacionales de salvaguardar el bien jurídico Salud Pública a través de la reducción de la producción y consumo de sustancias”.
