Al momento de presentar la norma, el diputado Juan Cruz Cándido contó que lleva el nombre de la hija prematura de dos militantes y amigos “que pensaron en que era necesario equiparar derechos entre quienes pueden acceder y quienes no”.
El diputado provincial Juan Cruz “Cacu” Cándido, integrante del bloque UCR – Evolución, presentó una iniciativa que busca la protección de los derechos de los niños prematuros tanto sea al momento del parto como para que sus progenitores puedan acompañarlo durante el tiempo que deba permanecer en neonatología. Bautizada como “Ley Amalia” en homenaje a la hija “de dos amigos y militantes, que tuvieron las posibilidades de darle todos los cuidados, pero pensaron en que era necesario darle esa misma posibilidad a todos los prematuros y sus padres”, explicó el diputado.
Con el acompañamiento de toda la bancada de la UCR, presidida por Maximiliano Pullaro, la norma que busca completar su proceso en la Legislatura provincial propone “una serie de medidas que garanticen el parto y la atención necesaria para aquellos bebes que nazcan antes de las 37 semanas. Entendiendo que estos casos tienen un grado de complejidad particular, queremos que tanto el recién nacido como sus progenitores tengan la contención necesaria”.
“Según pudimos ver con el caso de Amalia, muchas veces hablan directamente con un solo progenitor, relegando al otro, cuestión que las familias sufren más a partir de los protocolos implementados a partir de la pandemia. Además, por diferentes cuestiones, el padre muchas veces tiene muchísimo menos tiempo con el recién nacido. Entendemos que ambos tienen derecho a atravesar el proceso a la par”, explicó Cándido, y agregó: “mientras la situación clínica lo permita, también deberían poder pasar todo el tiempo posible para fortalecer el lazo en un momento así”.
Por otro lado, señalaron que la ley busca que “los recién nacidos prematuros tengan derecho a nacer en lugares adecuados, es decir, en instituciones que cuenten con la complejidad necesaria para dar respuesta a estos casos” y que “ante la eventualidad de un parto prematuro se deberá garantizar el traslado para la persona gestante a un lugar adecuado”.
En cuanto al rol del Estado, el proyecto deja en claro que el Ministerio de Salud es la autoridad de aplicación, y que debe ocuparse de garantizar la rehabilitación integral de los recién nacidos prematuros y de incentivar a los establecimientos a propiciar espacios donde al menos uno de los progenitores pueda permanecer el tiempo que dure la internación.
“Nos tocó vivir el caso de Amalia muy de cerca y descubrimos detalles puntuales que no conocíamos. Ahora, a través de esta experiencia, esperamos que se subsanen estas falencias en el cuidado de los recién nacidos prematuros para que las familias puedan –dentro del cuadro especial que atraviesan– transitarlo de la mejor manera”, finalizó Cándido.
