“No abrimos juicio de valor sobre las personas ni su desempeño, pero nos parece preocupante la falta de transparencia en un área de alta sensibilidad social y por eso esperamos las explicaciones del Intendente”, expresó el concejal Cristini, quien dijo comprender el malestar de los trabajadores municipales ante una cronología de actos administrativos que podrían considerarse como irregulares.
En la sesión del miércoles pasado, los concejales Gonzalo Cristini, Diego Martín y Mariel Lapontge volvieron a reclamar transparencia en el gobierno municipal. En esta ocasión presentaron un pedido de informes para conocer detalles sobre una secuencia de actos administrativos que podrían configurar una irregularidad. “Estamos solicitando que se aclare una situación que advertirnos a partir de un decreto del Intendente donde se acepta la renuncia de una funcionaria política y, al mismo tiempo, se le otorga una categoría superior como empleada de planta permanente, para luego en otro decreto volver a designarla en su cargo político”, indicó Cristini.
“Necesitamos contar con información precisa y seguir siendo coherentes con lo que pensamos del Estado Municipal, donde debe haber responsabilidad, transparencia y ética en la función pública”, sostuvo el edil, para luego criticar “la discrecionalidad” y reclamar actos de gobierno que se ajusten a la ley.
En tal sentido, Cristini explicó que “la funcionaria en cuestión es una empleada municipal que estaba relevada de su función en la planta permanente para cumplir un rol político en el gabinete, como Directora de Género e Igualdad”. “Eso es algo que no tiene nada de malo porque no es el primer caso donde un empleado público, ya sea de la planta del municipio, un docente o de otra área, licencia su lugar para ocupar una función política. Pero lo llamativo en este caso es que el 31 de mayo de este año renuncia a la función pública, vuelve a la planta permanente del municipio y, en ese mismo decreto, se le otorga la categoría 19, que es para una Jefatura; para la cual es necesario que el Estado asegure que ese lugar en la planta municipal sea ocupado de la mejor manera posible, mediando por supuesto un concurso público que le permita competir en igualdad de condiciones con otras personas que posiblemente estén más preparadas para esa tarea”, consideró.
Finalmente puntualizó que “los concejales tenemos el deber de controlar al Ejecutivo y la obligación de señalar cualquier irregularidad que pueda cometerse”.
