El bloque Socialista de la Cámara de Diputadas y Diputados puso la lupa en los casi 700 millones de pesos excedentes que tuvo la obra social provincial en 2020, cuando en medio de la pandemia los afiliados tuvieron enormes dificultades para acceder a tratamientos.
El bloque de diputadas y diputados socialistas presentó un pedido de informes al Ejecutivo provincial respecto al decreto que incorporó al presupuesto 2021 de la obra social IAPOS un monto de casi 700 millones de pesos excedentes del año anterior. “Esta cifra nos preocupa, porque significa que, en el actual contexto de pandemia, se dejaron de prestar servicios de salud y medicamentos que en muchos casos son esenciales para la vida de las personas”, advirtieron. La iniciativa se suma al cuestionamiento a las modificaciones que realizó la dirección de IAPOS a los convenios con prestadores, principalmente en la ciudad de Rosario, y que pone en riesgo la atención de miles de afiliadas y afiliados.
A lo largo del año pasado, la obra social presentó serias irregularidades en la cobertura de prestaciones médicas, las cuales se vieron reflejadas en innumerables reclamos presentados en distintas agencias del Estado ante la negativa del IAPOS a cubrir diversas prácticas: estudios médicos, medicamentos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas.
“Hablamos de la desprotección a pacientes crónicos, personas con discapacidad, adultos mayores, pacientes oncológicos; miles de casos que quedaron sin respuesta por el cierre de las oficinas descentralizadas del IAPOS hacia el interior de los departamentos de la provincia y que, en muchos casos, debieron ser resueltos por efectores de salud y gobiernos locales”, sostuvo la diputada Rosana Bellatti, autora de la iniciativa.
El Decreto Nº 640 rubricado el pasado 18 de mayo refleja que la obra social tuvo un superávit de más de 686 millones de pesos en 2020, “algo extraño si se tiene en cuenta el contexto complejo de Covid-19 y los numerosos reclamos formales -incluso medidas de amparo- que han realizado afiliados y afiliadas de toda la provincia. Parece mayor el interés del gobierno de Perotti en ahorrar dinero que en salvar la vida y resguardar la salud de las personas que cuentan con IAPOS”, reflexionó Bellatti.
Pedido de informe
Para la legisladora, el Decreto 640/21 debe ser “sometido a un profundo análisis, más si se tiene en cuenta que de un tiempo a esta parte proliferaron acuerdos y contrataciones con empresas de la salud privada, como el “Grupo Tita” de la ciudad de Rafaela, lo que demuestra serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos en beneficio de determinadas empresas particulares”.
El pedido de informes, que fue aprobado en sesión de la Cámara baja, insta al Ejecutivo Provincial a brindar precisiones respecto de por qué el mencionado Decreto no fue publicado en el sistema normativo de la página oficial de Santa Fe. Asimismo, solicita que se detalle: a qué se atribuye el ahorro millonario; cuáles fueron los rubros de mayor retracción; destinos que tendrán los fondos sub-ejecutados; y, cómo impactará el superávit en la cobertura de prácticas y medicamentos para pacientes crónicos en el año en curso.
Cambio de convenio con prestadores privados
En tanto, el bloque de diputadas y diputados socialistas también ingresó la semana pasada un pedido de informes ante la posibilidad de cambios en los convenios con los prestadores privados que podrían poner en riesgo la salud y la calidad de atención de agentes públicos y sus familias.
“No es menor saber si el cambio garantizará o no la elección de los afiliados, si podrán o no optar por los sanatorios, clínicas o consultorios y médicos o grupos de prestadores que tradicionalmente han elegido, o si deberán atenerse a prestadores diferentes y obligatorios que el nuevo convenio proponga”, preguntaron desde el socialismo en un pedido de informes al Poder Ejecutivo que se presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe.
En ese sentido advirtieron que “la accesibilidad, la garantía de atención y la libre elección, son características que el convenio actual ha mantenido y en el momento sanitario que se vive es indispensable anteponer el derecho a la salud y una correcta y oportuna atención a cada afiliado que lo requiera”.
“Se ha creado una gran incertidumbre dentro de los establecimientos prestadores y seguramente se trasladará, de no formalizar y garantizar los puntos aludidos, a los asociados y beneficiarios de la obra social provincial, nada menos que 500.000 en toda la provincia de Santa Fe”, finalizaron desde el bloque.
Al respecto, el diputado Joaquín Blanco expresó en redes sociales: “Nos preocupa que, en este momento tan crítico de la pandemia, con plena ocupación de camas para pacientes graves, se decida un cambio en la modalidad de atención que afecta a 165 mil personas en Rosario, en su mayoría docentes, personal de salud, del Estado provincial, municipales y fuerzas de seguridad”.
