La ley que establece una asistencia extraordinaria para docentes y asistentes escolares reemplazantes fue rechazada por el Ejecutivo, pero la Cámara Baja la ratificó. Se espera que el Senado vote en el mismo sentido en la sesión de la semana próxima.
Durante la tarde de este jueves, con 45 votos a favor, los diputados y diputadas de diferentes bloques de la Cámara baja rechazaron el veto del gobernador Omar Perotti respecto de la Ley 13.992 que habilitaba al Ejecutivo a otorgar una suma de dinero extraordinaria a docentes y asistentes escolares reemplazantes por el plazo que dure la pandemia de coronavirus. Ahora resta esperar la definición de la Cámara de Senadores donde se trataría la semana próxima. “Rechazamos el veto por varios motivos, pero uno de los principales es porque deja afuera a los miles de asistentes escolares y a gran parte de los docentes que aún esperan una respuesta del Estado”, indicó el diputado radical Juan Cruz Cándido, autor de la ley.
Luego de reunir el consenso necesario con los distintos bloques, Cándido expresó: “Vamos a seguir insistiendo con esta ley, que fue fruto de un arduo trabajo en ambas cámaras legislativas y de la participación de gremios y distintos grupos autoconvocados, y además porque la propuesta que hace el Ejecutivo es darle una respuesta incierta a unos pocos docentes reemplazantes y dejar a su suerte a miles de asistentes escolares”.
“En los últimos días hemos visto en distintas localidades la desesperación de docentes y asistentes escolares reemplazantes que están desde marzo esperando una ayuda porque están registrados como trabajadores de la provincia y no pueden inscribirse al IFE, pero que además están desesperados por trabajar”, manifestó el legislador.
Además, recordó que junto a la diputada Claudia Balagué (PS) “presentamos una ley, que se está trabajando en comisiones, para que los docentes reemplazantes trabajen como niveladores entre los que tuvieron clases virtuales y los que se atrasaron, pero mientras tanto necesitan seguir viviendo”.
El siguiente paso es la comunicación a la Cámara de Senadores donde se espera que el veto del gobernador sea votado de igual manera que lo hicieron diputados y diputadas. De ser así la ley quedaría firme y deberá ser reglamentada por el Ejecutivo provincial.
