La norma establece un régimen para las declaraciones juradas y determina las incompatibilidades, conflictos de intereses y otros valores y principios. Había sido aprobada por unanimidad el pasado 28 de agosto. “Desde nuestro Bloque vamos a insistir con la sanción”, adelantó el concejal Cristini.
Tras ingresar en la última sesión un expediente con las observaciones formuladas por el Departamento Ejecutivo a la Ordenanza Nº 4960 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, los concejales del Partido Socialista –autores de esta iniciativa– se pronunciaron en contra del rechazo oficial y solicitaron a sus pares de los demás bloques políticos que ratifiquen la norma aprobada por unanimidad el pasado 28 de agosto.
“Vetar esta ordenanza es una una triste decisión del Intendente”, afirmó el concejal Gonzalo Cristini. “Con la misma rapidez con la que vetó en menos de 20 días esta ordenanza de 25 artículos, nos hubiera gustado que el Intendente respondiera el pedido de informes para saber por qué el Secretario de Obras Públicas se desempeñó antes de asumir y luego de ello como titular de una empresa privada que presta servicios al Estado, mientras que él forma parte de su administración”, señaló el edil socialista en referencia a un pedido de informes que también fue aprobado por unanimidad en el Legislativo local.
“La Ordenanza de Ética en el Ejercicio de la Función Pública buscó crear un cuerpo normativo armónico con las leyes nacionales y provinciales en la materia –explicó Cristini– y básicamente tiene como objetivo receptar un compendio de principios y valores que debieran hacer al normal desempeño de los funcionarios políticos al frente de la administración del Estado; como, por ejemplo, el régimen de las declaraciones juradas, las incompatibilidades, los conflictos de intereses y todos los demás valores y principios que deben regir nuestra vida cotidiana como servidores públicos”.
En ese contexto, el concejal del PS sostuvo que “en el veto elevado por el Intendente, francamente no hay elementos jurídicos convincentes, que nos hayan demostrado la inviabilidad de esta norma y, por lo tanto, no tenemos motivos para no volver a insistir con la sanción de la misma”.
“La ciudadanía determinó, en la composición de este Concejo, la política local de los próximos 20 años porque, de manera transversal por todas las fuerzas políticas que hoy lo integran, fueron elegidos concejales y concejalas jóvenes, con muchísimo más futuro que pasado y eso se debe a una demanda de una nueva generación de gestores de lo público que tiene la ciudad, que espera que lo hagan con otra perspectiva, otra manera de administrar el Estado”, enfatizó.
En la sesión, Cristini solicitó a los demás concejales que “seamos consecuentes con esto que la ciudadanía demanda: algo tan sencillo como funcionarias y funcionarios públicos que trabajen por una política de servicio con honestidad, con transparencia”. “Quiero pedir encarecidamente al resto de las fuerzas políticas que, así como acompañaron la Ordenanza –que se aprobó por unanimidad-, ahora nos acompañen en la insistencia de la sanción de la misma, para que ésta quede vigente como una política pública que cambie para siempre la manera en la cual se gestionan los recursos públicos de nuestra ciudad”, cerró.
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Carlos Báez: “Es para enriquecer la norma”
En la sesión ordinaria, el concejal Carlos “Cacho” Báez (Frente de Todos) aclaró que “la intención del Departamento Ejecutivo no es rechazar la ordenanza sino que se hagan incorporaciones que tienen que ver con Tratados Internacionales y otras consideraciones, con el objetivo de enriquecer la norma, como el aporte que sugiere la creación de una Comisión de Ética o Transparencia”. Agregó que “hay temas que serán discutidos en la Comisión”, pero remarcó que los tres abogados que se desempeñan en la Dirección de Asuntos Jurídicos “no tuvieron ninguna animosidad en contra del trabajo de este Concejo, que aprobó esta Ordenanza por unanimidad”.