¿Qué hay detrás de la quema masiva y descontrolada de los humedales del Delta del Paraná? ¿Quiénes son los responsables directos? ¿Cuánto incide que la Pampa Húmeda ganadera también se haya extendido hacia las islas? ¿Por qué los incendios recrudecieron en el momento en que el Gobierno nacional anunciaba la intervención de Vicentín y con ella, la posibilidad de quitarle a una empresa privada el manejo del puerto de Rosario? Esta última pregunta quizás contenga la respuesta que explique, en parte, el trasfondo para que empresarios rurales de la zona de Santa Fe y Entre Ríos hayan quemado más de 500 kilómetros cuadrados del Delta, convirtiendo en cenizas todo un ecosistema.
El Congreso de la Nación comenzó a analizar este mes, en ambas Cámaras, una demorada Ley de Humedales. César Massi, integrante de la Asociación de Ecologistas de Santa Fe, sostuvo que la quema indiscriminada de más de 50.000 hectáreas se llevó puestos a los reptiles que estaban en letargo durante el invierno, víboras, lagartos, tortugas, además de pequeños mamíferos como ratones, nutrias, carpinchos. Pasarán lustros hasta que se recomponga dicho ecosistema.
Los incendios comenzaron en febrero; la quema de pastizales forma parte de las costumbres de los ganaderos para mejorar el alimento de sus vacas; pero acá sucedió (y sucede) algo más. Las quemas mermaron con las medidas de aislamientos social decretadas en marzo. Y recrudecieron hace dos meses. El diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos Del Frade y la referenta ecologista del Frente de Todos de esa provincia, Claudia Quinteros, indicaron a Nuestra Voces que no debe descartarse “el componente político” detrás de las quemas; además de la extensión de la frontera agropecuaria.
“La Pampa Húmeda se trasladó a las islas”, sintetizó Del Frade en diálogo con Nuestras Voces. Para el dirigente, los incendios aumentaron cuando se puso en discusión el manejo de los puertos por donde se exportan las materias primas agropecuarias (Caso Vicetin) y luego de la masiva movilización de 5.000 personas en contra de las quemas. “Hay un componente político detrás de todo esto; el humo sobre la ciudad se usa como un elemento de desestabilización al gobierno municipal, provincial o nacional”, agregó Del Frade.
Por su parte, Quinteros puso algunos números a la extensión de la frontera agropecuaria sobre el Delta. “En los últimos cinco años, la cantidad de cabezas de ganado era de 150.000; y según el último Censo Agropecuario, hay 2 millones de cabezas de ganado en las islas. Eso implica que por un lado se extendió la frontera de la soja y por otro, una sobre explotación sobre las islas. Al principio, los isleños hacían un cuidado de ese ganado, de manera agroecológica. Pero hoy son grandes empresas las que manejan todo”, indicó la referenta ambiental del Frente de Todos santafesino.
Según Del Frade, esos grandes empresarios, además de llevar sus vacas hacia las islas, también instalaron otros negocios de manera clandestina, como por ejemplo posibles Feed Lot.
Sobre las islas del Delta hay propietarios privados que alquilan la tierra para el negocio agropecuario; mientras que los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos también alquilan las tierras fiscales que poseen sobre este humedal. Entonces, ¿quiénes son los responsables de tamañas quemas? La denuncia penal que promovió el Ministerio de Ambiente de Nación, a cargo de Juan Cabandié, incluyó como posibles responsables a los propietarios Rufino Pablo Baggio, Enzo Federico Vignales, Raúl Álvaro Morist y Rachinsky, Esteban Ricardo Morist y Rachinsky, Julián Marcelo Luraschi, Amelia Marta Barinotto y José María Vicenti (Juzgado Federal N°2 de Paraná). Pero no serían los únicos.
La diputada Blanca Osuna (FdT, Entre Ríos) afirmó que “es fundamental en el camino de asunción de responsabilidades que el Ejecutivo Provincial de Entre Ríos haga pública, además de la zonificación de las tierras fiscales ubicadas en el Delta, el padrón actualizado con los nombres de los titulares privados de tierras en la jurisdicción Delta, como asimismo los nombres de los particulares y empresas beneficiados con permisos de uso, arrendamiento o cualquier otra forma de delegación en el usufructo de tierras fiscales.” Mismo reclamo debería correr para el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
Los ganaderos nucleados en la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) ya pusieron el grito en el cielo y cuestionaron cualquier iniciativa que declare como zona protegida a los humedales del Delta.
“El pedido de transformar la zona del Delta en una gran reserva natural sin actividad ganadera es otra de las afirmaciones que se hacen sin tener la menor idea de la situación de las islas, de su geografía, ni de su realidad. Pensar que una zona protegida es la solución para evitar incendios es una idea rayana con el desconocimiento y la irresponsabilidad”, indicó Farer a través de un comunicado.
Si bien en esta oportunidad existe un elemento climático que favoreció la extensión de los incendios (sequía), sumado a la bajante del Paraná, el condicionamiento político por parte de los sectores concentrados del agronegocio no debe ser descartado. Como sostuvo Del Frade, el humo genera irritabilidad social y apunta a desestabilizar gobiernos; en 2008, cuando se discutían las retenciones móviles y las rutas nacionales que cruzan la Pampa Húmeda eran cortadas sistemáticamente por estos actores, el humo también lo invadió todo.
Delitos ambientales
Según Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), los humedales constituyen el 21 por ciento de la superficie del país. “Hacer un inventario no implica solo hacer un mapa, requiere saber dónde están, de qué tipos son, cuántos hay, cuál es su estado o condición, el término de su origen, su función y valores; el ordenamiento territorial, no solo debe concentrarse en los humedales sino que debe extenderse a su contexto socio-ambiental”, explicó en el Senado Roberto Bo, miembro de la Fundación Humedales y coordinador del grupo de investigación de ecología de los humedales de la UBA.
Para Quinteros, una legislación sobre los humedales debería ser integral y no solamente enfocada en lo ecológico; es decir, debería contemplar también la totalidad del sistema de producción agropecuario, el monocultivo y el abuso de los agrotóxicos. Y, sobre todo, un capítulo penal que pueda avanzar sobre las responsabilidades empresarias detrás de los delitos ambientales.
“La implementación del principio precautorio vigente en la legislación (que apunta a proteger ambiente y sociedad ante daños potenciales) ha brillado por su ausencia en la regulación de las principales actividades extractivas. Es decir que para su implementación no hacen falta pruebas que nos protejan, ni protejan nuestros suelos y ríos. Mucho menos tienen lugar las voces de quienes padecen la cotidianidad de sus efectos”, escribió Cecilia Gárgano, investigadora de CONICET y del Grupo de Filosofía de la Biología (FCEN-UBA) en una nota publicada por Página/12.
La reforma al Código Penal que impulsó el macrismo incluyó un capítulo sobre delitos ambientales redactado por Mariano Borinsky. Según su redacción, que todavía no fue llevada al Congreso, se establece que el daño ambiental, para ser considerado un delito, también debería generar un daño a la salud pública”. A esto se le llama delito de resultado. Para el fiscal ante la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, especialista en temas ambientales, esta es una trampa pergeñada en épocas de Cambiemos.
“El delito de peligro abstracto es cuando el ilícito se comete con el solo hecho de que un buque petrolero largue petróleo al mar o haya quemas de humedales de manera intencional. En el delito de resultado hay que probar el daño grave que provoca a la salud de las personas. Si no hay daño a la salud, no habría delito ambiental”, analizó el fiscal en diálogo con Nuestras Voces.
Para este especialista, cualquier normativa de estas características debería contemplar los daños ambientales como “delitos complejos”, donde no sólo haya responsables individuales sino que pueda apuntarse a la organización empresarial que actúa en pos de ese ilícito que en el fondo perseguir un beneficio económico.
“La experiencia en otros países, como el caso de Alemania, nos enseña que en este tipo de delitos complejos, como fue en ese país toda la legislación vinculada a los delitos tributarios, los responsables no son las personas aisladas ni gerentes de turno sino que recaen sobre los directivos, es decir las personas que poseen el poder de decisión dentro de una organización”, sostuvo Gómez en diálogo con este cronista (La Patagonia Ajustada, 2019).
El ex secretario de Ambiente en épocas macristas, el Rabino Bergman, quien asesoró a Borinsky en la redacción de este capítulo, se encargó de licuar las responsabilidades empresariales dentro del proyecto del nuevo Código Penal.
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Artículo de Sebastián Premici para Nuestras voces, publicado en La Tinta.
