El Gobierno acerca una propuesta salarial a los trabajadores universitarios y podría destrabarse el conflicto

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La oferta contempla una recomposición del 21,33% sobre los salarios de mayo, con impacto en junio y el medio aguinaldo. Desde FATUN hablaron de un “avance importante”, aunque aún esperan la formalización oficial.

Luego de meses de paros nacionales, movilizaciones masivas y reclamos sostenidos por el deterioro de los ingresos, el Ejecutivo nacional acercó una propuesta salarial a los trabajadores de las universidades públicas. La iniciativa, transmitida a los sindicatos a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), podría abrir una nueva etapa en la negociación con docentes y nodocentes de todo el país.

La oferta todavía no fue formalizada mediante la vía paritaria habitual, pero desde distintos sectores sindicales la consideran un primer paso hacia el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una de las principales exigencias de la comunidad académica durante el último año.

Según la información que comenzó a circular entre las federaciones universitarias, la propuesta incluye una recomposición del 21,33% sobre los salarios básicos de mayo de 2026. El aumento tendrá efecto en los haberes de junio y también incidirá en el cálculo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.

Además, el esquema contempla una actualización adicional del 3% en octubre y el compromiso de mantener abierta la discusión salarial en los próximos meses. La iniciativa llega tras un largo período de pérdida de poder adquisitivo, en un contexto de inflación y congelamiento presupuestario que afectó a las casas de estudio de todo el país.

El resultado de una prolongada lucha universitaria

La propuesta es el desenlace de una intensa etapa de conflicto protagonizada por docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias. Durante los últimos meses se sucedieron paros nacionales, clases públicas, jornadas de visibilización y multitudinarias Marchas Federales Universitarias que tuvieron una fuerte repercusión social y política.

Los gremios venían reclamando una recomposición cercana al 52% para recuperar el terreno perdido desde fines de 2023, y exigían la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso como herramienta para garantizar recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales. La movilización logró unificar a todos los sectores de la comunidad educativa, que advirtieron sobre el impacto del ajuste en áreas clave como la enseñanza, la investigación, la extensión y el sistema de becas.

FATUN: “Un avance, pero esperamos la formalización”

El secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), Walter Merkis, confirmó la existencia de la propuesta, aunque aclaró que el Ejecutivo aún no la presentó oficialmente. Merkis calificó el ofrecimiento como una propuesta “tercerizada”, por haber llegado a través del CIN y no mediante una convocatoria formal a paritarias.

No obstante, destacó que representa un avance importante tras meses sin respuestas concretas. “Nosotros recibimos esto a cuenta de la Ley de Financiamiento Universitario. Celebramos que el Gobierno empiece a cumplir con una ley que está vigente y está sancionada”, sostuvo.

Desde los gremios señalaron que el incremento es una señal positiva, aunque todavía resulta insuficiente para compensar la pérdida acumulada de los salarios universitarios en los últimos años.

Expectativa en las casas de estudio

Ahora las organizaciones sindicales abren una etapa de análisis y debate, a la espera de que la oferta sea formalizada oficialmente. Mientras tanto, la comunidad universitaria observa con atención una negociación que podría comenzar a destrabar un conflicto que ya lleva varios meses afectando el funcionamiento del sistema público de educación superior.

Para docentes, nodocentes y estudiantes, el desafío sigue siendo garantizar que la recomposición salarial esté acompañada por una recuperación integral del financiamiento universitario. Consideran que esa condición es indispensable para sostener la calidad académica, la investigación y el acceso a la educación pública en todo el país.