Este jueves por la mañana se desarrolló una audiencia en el Concejo Municipal de Villa Constitución donde representantes del Sindicato Independiente de Empleados Municipales (SIEM) y de la Federación de Sindicatos Municipales de Santa Fe (FESIM) expresaron su rechazo al proyecto presentado esta semana por el bloque La Libertad Avanza que propone excluir a los cargos políticos de los aportes sindicales patronales.
Del encuentro participaron concejales de todos los espacios políticos, mientras que por la organización gremial estuvieron presentes el secretario general del SIEM y de la FESIM, Raúl Rivas, junto a integrantes de comisión directiva y delegados de Villa Constitución y de numerosas localidades de la región.
La iniciativa impulsada por LLA fue presentada bajo la figura de Minuta de Comunicación y solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que revise los aportes patronales vinculados al SIEM y la FESIM respecto de funcionarios políticos, entre ellos concejales, secretarios, directores y cargos de confianza.
Desde el sector sindical rechazaron el planteo y sostuvieron que esos aportes no dependen de una decisión política local sino que se encuentran establecidos en la legislación nacional vigente, por lo que un Concejo Municipal no tiene facultades para modificarlos.
Además, durante la reunión también se expusieron cuestionamientos vinculados a la técnica legislativa del proyecto. Entre ellos, la utilización de conceptos amplios y poco precisos como “personal político en su totalidad”, sin detallar claramente el alcance de la medida ni el eventual impacto económico que tendría sobre las cuentas municipales.
El proyecto, que lleva la firma de los concejales Matías Tomasi y Marianela De los Santos, mezcla así una discusión administrativa y jurídica con un fuerte posicionamiento político vinculado a la reducción del gasto público y a la revisión de los recursos destinados a estructuras sindicales.
Cabe aclarar que, al tratarse de una Minuta de Comunicación, la propuesta no modifica ninguna normativa de manera inmediata, sino que constituye un pedido formal al Ejecutivo para que evalúe la situación y eventualmente impulse cambios normativos.
