La movilidad previsional -sintéticamente, la actualización de los haberes- es un aspecto fundamental de todo régimen jubilatorio, pues de ella depende la conservación (o no) del poder de atención de las necesidades de la población adulta mayor (denominada “seguridad de ingresos”).
La inflación literalmente tritura toda garantía para los grupos de ingresos fijos (asalariados activos, receptores de transferencias estatales, principalmente), y por esa razón en la Argentina la movilidad es fuente de conflictos de todo tipo. Desde diciembre de 2019 el Poder Ejecutivo suspendió la fórmula vigente y dispuso su revisión por el Congreso. Se espera que una nueva ley, con una nueva fórmula, “defienda” los ingresos previsionales, especialmente los de los sectores de menores ingresos. La solución debe ser sostenible para el Estado Nacional, que aplica a este destino alrededor de un tercio del gasto social total.
A nuestro juicio, para cumplir con el mandato de garantizar ingresos de manera sostenible, deben atenderse dos tipos de condiciones:
- Empezando por los aspectos económicos y financieros, es razonable suponer que 1) deba haber tanto un componente salarial como de recursos fiscales. Creemos que son válidas las propuestas de que en ambos casos se asuman índices amplios en cuanto a los universos abarcados; por ejemplo, variación de salario medio y evolución de la recaudación total, respectivamente, con el propósito de acercar la movilidad a grandes promedios. Ello daría mayor previsibilidad y evitaría que cambios en un aspecto puntual produjera variaciones demasiado bruscas por el lado de los ingresos para lo/as adulto/as mayores o del gasto; 2) en cualquier caso, se necesitan pisos y techos que den garantías “a dos bandas”: a lo/as beneficiario/as (protegiéndolos de caídas marcadas) y a los fondos públicos, como condición de sostenibilidad.
- Un segundo orden de aspectos incluye un debate social y político de mediano plazo, a fin de considerar un papel progresivo de la intervención estatal. Con un mercado de trabajo cada vez más restrictivo y segmentado para la población en edades activas, se requiere una institucionalidad estatal progresista (amplia y positiva, no residual y pobremente compensatoria), que alimente mayor paridad entre lo/as adulto/as mayores. Ello tendrá que expresarse en reglas generales que podrían revisarse en el futuro, pero la movilidad podría favorecer, siquiera mínimamente, una cierta progresividad. Por ejemplo, el haber mínimo es el elemento potencialmente más redistributivo, por lo que podría establecerse una escala (corta) que, con esos objetivos, empiece reforzando ese mínimo e incluya alguna diferenciación progresiva en la actualización.
Medidas con este contenido no provienen sólo de una fórmula más o menos correcta o técnicamente cuidada sino de un cierto acuerdo social y político sobre el papel de la intervención estatal. No es la única tarea en este tema, pero sí la que requiere mayor esfuerzo y vocación estratégica.
