El juez federal Federico Ángel Martín dictó la falta de mérito para los diez imputados en la causa que investigó los incendios en el Delta del Paraná ocurridos durante 2022, un episodio que durante meses afectó a la región con una densa capa de humo que impactó en la salud de miles de personas. La resolución, que no implica el cierre definitivo del caso, representa un revés en la búsqueda de responsables por aquella crisis ambiental.
El magistrado consideró que no existen pruebas suficientes para avanzar con el procesamiento de los acusados, todos propietarios o responsables de campos en las islas entrerrianas. Según el fallo, la investigación no logró demostrar que los imputados hayan sido autores materiales ni intelectuales de las quemas. “No se pudo acreditar una acción directa ni una orden explícita para iniciar el fuego”, sostiene la resolución.
Uno de los puntos centrales del fallo se apoya en un informe técnico de la División Bomberos de la Policía Federal, que determinó que, por las características del terreno y el tiempo transcurrido, resulta imposible identificar con precisión el lugar donde comenzaron los incendios, la cantidad de hectáreas afectadas y las causas que los originaron.
El juez también cuestionó el alcance de los reportes satelitales utilizados en la investigación. Si bien reconoció la utilidad del sistema de detección de focos de calor, advirtió que estos datos no constituyen prueba suficiente para atribuir responsabilidad penal a los propietarios de los terrenos.
Sin autores materiales identificados
La causa enfrentó otro obstáculo clave: no se logró identificar a las personas que iniciaron los incendios. Ante la falta de autores materiales, la hipótesis de responsabilizar a los dueños de los campos perdió sustento jurídico.
Cabe recordar que los diez imputados estaban siendo investigados por presuntas infracciones vinculadas a incendios y entorpecimiento de servicios públicos, pero con esta resolución quedan, por ahora, desvinculados del proceso.
En paralelo, el juez recomendó avanzar en la elaboración de protocolos de actuación para mejorar la recolección de pruebas ante futuros focos de incendio, con el objetivo de evitar que situaciones similares queden sin responsables.
La falta de mérito no implica el cierre definitivo de la causa, pero el fallo marca un retroceso en la búsqueda de justicia por aquellos hechos que tuvieron un fuerte impacto sanitario y ambiental en toda la región.
