Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el trabajo funcionaba como una gran costura social. No sólo porque permitía vivir, sino porque daba un lugar, una identidad y, sobre todo, una promesa colectiva. El empleo estable, el salario digno y los derechos asociados tejían una red de protección que vinculaba a trabajadores activos con jubilados, los más vulnerables y familias enteras. Era la base material de la solidaridad: cada aporte sostenía a un desconocido, y cada derecho conquistado allanaba el camino para el que venía detrás. Está claro que el Estado de bienestar no borró las clases, pero logró acercarlas lo suficiente como para que la igualdad dejara de ser una utopía.
Esa arquitectura, sin embargo, se vino abajo. El capitalismo contemporáneo, empujado por décadas de neoliberalismo, digitalización y globalización financiera, reinstaló una lógica antigua pero con nuevos rostros. El desempleo dejó de ser una coyuntura para volverse un rasgo estructural. Los salarios se estancan o retroceden, y apareció con fuerza una categoría sombría: el trabajador pobre, aquel que tiene empleo pero sigue hundido en la precariedad.
Pero lo más revelador de esta etapa es el retorno arrollador de la renta. Colocar dinero en los mercados financieros, incluso con estrategias conservadoras, genera ganancias que crecen en proporción al capital invertido y superan con holgura lo que jamás podría rendir un salario. Así, los ricos se despegan literalmente del resto. Ya no habitan el mismo mundo. Y esta brecha no es un accidente: es el resultado directo de relaciones de poder, no de leyes económicas abstractas.
Lo paradójico —y lo más doloroso— es que esta desigualdad explosiva no desencadena una reacción unificada. Las mayorías se indignan ante los ingresos obscenos de los multimillonarios y, de igual manera, ante la gente que duerme en la calle. Pero esa misma indignación rara vez se transforma en empatía concreta hacia los desempleados, la personas que viven en barrios vulnerables o los mendigos. Hay una fractura moral profunda: nos horroriza la idea de desigualdad, pero desconfiamos de quienes la padecen. Y esa desconfianza se convirtió en un relato potente: ellos abusan de los derechos sociales, prefieren el delito, no merecen ayuda. La crítica social choca entonces con una moral del mérito que convierte a las víctimas en responsables de su propia desgracia. De esta forma de “pensamiento” deriva también que muchos ciudadanos se resistan a pagar impuestos para quienes consideran indignos.
¿De dónde nace esa dureza de corazón? La respuesta incomoda es el miedo al desclasamiento. La simple presencia del desfavorecido nos enfrenta a una posibilidad aterradora: nosotros también podríamos caer. Ese riesgo es muy real para trabajadores precarizados, obreros poco calificados, jóvenes sin títulos, madres solas tras una separación o adultos que quedan fuera del mercado. Pero en lugar de generar fraternidad, ese temor se transforma en pánico moral. Y el pánico nos lleva a un mecanismo defensivo: si los pobres son pobres por su culpa, entonces yo, que hice méritos, estoy a salvo. Así, el sistema deja de ser cuestionado y la desigualdad se naturaliza. Este mecanismo impide que sectores con intereses comunes conformen un frente unificado. Ni siquiera los sindicatos escapan a esta lógica: suelen concentrarse en defender posiciones adquiridas para un núcleo protegido, mientras los trabajadores precarizados, los empleados temporales y los excluidos quedan por fuera.
En la era industrial, el trabajo generaba grandes representaciones compartidas: luchas obreras, sindicatos fuertes, partidos de izquierda. El trabajador fue la bisagra de los derechos sociales. Hoy, en cambio, asistimos a una desarticulación sistemática. La industria se reduce, las cadenas de subcontratación se multiplican, el sector servicios se expande sobre bases precarias. Surgen nuevas líneas de fractura: planta permanente frente a contratistas, calificados frente a no calificados, protegidos frente a vulnerables, activos frente a jubilados, campo frente a ciudades. Y en los márgenes reaparecen esas figuras que el siglo XIX llamaba “clases peligrosas”: gente cuya pobreza ya no se explicaría por la explotación, sino por su supuesta inutilidad funcional. Porque, en nuestra sociedad, la experiencia de la solidaridad como vínculo colectivo está totalmente licuada.
La tecnología, paradójicamente, rompió la proximidad física que antes obligaba a los trabajadores a encontrarse, reconocerse y organizarse. El teletrabajo, la fragmentación de los equipos, la rotación constante: todo eso erosiona los lazos de compañerismo y fraternidad. Al mismo tiempo, el patrón se volvió una figura fantasma. Las grandes corporaciones y los fondos de inversión disuelven la autoridad visible en técnicas de gestión opacas y decisiones financieras indescifrables. Los trabajadores flotan en un mundo económico incierto, sin un rostro al cual reclamar.
Frente a este panorama, la indignación solitaria no alcanza. Recuperar la igualdad como horizonte no supone resucitar nostalgias imposibles, sino articular acciones conjuntas con conciencia de clase: no la clase homogénea del siglo pasado, sino una alianza de todos los que hoy viven con el miedo a caer en el abismo —precarios, excluidos, trabajadores pobres, sectores medios amenazados—.
El miedo al desclasamiento sólo se vence colectivamente. Porque si algo enseña la historia es que la caída se frena mejor cuando muchos tienden la mano. Y la solidaridad, esa vieja pasión por la igualdad, no es un lujo del pasado: es la única herramienta que tienen las mayorías para dejar de ser multitud silenciosa y convertirse, por fin, en actor político.
Alejandro Iuliani es periodista, actor y director teatral; editor del diario digital El Tigre de Papel y director de Radio X, de Villa Constitución (Santa Fe), emisora integrante de Cadena Regional.
