Los ediles socialistas señalan que “un funcionario no puede estar de los dos lados del mostrador”. La denuncia pone la lupa en un funcionario que, al momento de su designación, mantenía una relación contractual con el Municipio por una obra pública. Reclaman ética y transparencia en el ejercicio de la función pública.
En el reinicio de las sesiones ordinarias, los concejales Diego Martín, Mariel Lapontgé y Gonzalo Cristini presentaron un Proyecto de Ordenanza que establece un régimen de Ética en el Ejercicio de la Función Pública en la ciudad de Villa Constitución y, en forma simultánea, solicitaron informes sobre un caso particular que despierta sospechas. “Ningún funcionario puede al mismo tiempo ser proveedor del Estado. No se puede estar de los dos lados del mostrador”, señalan.
Los ediles piden al intendente Jorge Berti “un informe escrito y detallado” sobre “todas las contrataciones públicas efectuadas por la Municipalidad con el Sr. Miguel Ángel Santolín como proveedor”, ya que en los últimos días se conoció un decreto que presta consentimiento a una cesión de posición contractual por parte del actual Secretario de Obras y Servicios Públicos en favor de un tercero por “obras y servicios de reparación, instalación y reacondicionamiento del alumbrado público en el Barrio Luzuriaga”. Según indican en la Minuta de Comunicación, el contrato de obra se ejecutó mediante un decreto de fecha 5 de septiembre de 2019 y el Municipio recién reconoció una nueva posición de relación contractual el 18 de junio de 2020, seis meses después de la designación de Santolín. Los concejales socialistas subrayan que todo esto sucedió “aún teniendo en cuenta que estamos hablando de una cesión de posición contractual dentro de una contratación con el Estado, e incluso habiéndose aclarado en el último decreto que existía una cláusula contractual que impedía dicha cesión por parte de Santolín”.
Por la gravedad de los acontecimientos, el Bloque solicitó que se convoque una audiencia urgente para que el Intendente y los funcionarios “den las explicaciones que consideren pertinentes en torno al caso y las presuntas incompatibilidades que involucra”. Advierten que así podrán evaluar “el tenor de las acciones a realizar” por parte del Concejo.
