El exministro de Seguridad durante la gestión del gobernador Perotti enfrenta cargos por corrupción en una licitación de armas por 17 millones de dólares. Él sostiene que la causa “es política y está armada” para perjudicarlo.
La audiencia preliminar para preparar el juicio oral contra el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, comenzó el miércoles en los Tribunales de Santa Fe y continúa este jueves, en el que las partes definen las pruebas que serán presentadas durante el debate.
Sain está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de defraudación a la administración provincial en el marco de una licitación para la compra de armas destinada a la Policía de Santa Fe. El proceso, identificado como la licitación pública N° 11/2021, ascendía a 17.103.543 dólares.
Junto al exfuncionario también están imputados el entonces secretario de Seguridad Pública, Maximiliano Montenegro, y el exresponsable de Finanzas del Ministerio de Seguridad, Maximiliano Novas. Además, la investigación alcanza al exjefe de Logística de la Policía, Marcelo Correa, y a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que habría sido beneficiada de manera indebida.
Sain prestó declaración este miércoles en la audiencia de inicio y dijo: “Es una causa de cinco años donde la prueba más importante es un expediente que ya fue secuestrado del ministerio. Eso me hace presumir que se trata de una causa netamente política”, sostuvo.
En otro tramo, agregó: “Mi autocrítica es haber cruzado el Arroyo del Medio. No tendría que haber sido nunca ministro ni director del Organismo de Investigaciones (del MPA). Me tendría que haber quedado en Buenos Aires”.
La acusación fue formulada por los fiscales de Delitos Complejos Ezequiel Hernández y Matías Broggi, mientras que la audiencia está a cargo del juez José Luis García Troiano. Según la Fiscalía, el perjuicio económico para el Estado provincial habría oscilado entre 2,8 y 8,2 millones de dólares.
En su elevación a juicio, los fiscales adelantaron que solicitarán penas de 5 años de prisión para Sain; 4 años para Montenegro y Novas; y 3 años de prisión condicional para Correa.
En paralelo, Sain enfrenta otra causa de alto impacto en la Justicia provincial, en la que está acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal de políticos, empresarios, periodistas y funcionarios durante su gestión. En ese expediente, la Fiscalía pidió una pena de 11 años de prisión y también imputó a varios exfuncionarios del Ministerio de Seguridad.
