El Poder Ejecutivo avanzó con una reestructuración integral del Sistema de Inteligencia a través de un DNU que redefine el rol de la SIDE, amplía sus atribuciones y modifica su estructura. La oposición advirtió sobre un retroceso en derechos y anticipó su rechazo en el Congreso.
El Gobierno nacional avanzó este viernes con modificaciones en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). La medida redefine el funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional, con el argumento de actualizar su estructura, ordenar competencias y reforzar los mecanismos de control interno.
El decreto elimina algunas áreas, pero al mismo tiempo concentra mayores facultades de conducción, control y acceso a información, lo que generó fuertes cuestionamientos desde la oposición.
Uno de los puntos más sensibles del DNU establece que todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter “encubierto”. Desde el Ejecutivo justificaron esta decisión por la naturaleza sensible de la información y la necesidad de “reducir riesgos estratégicos para la seguridad nacional”.
Otro aspecto que despertó polémica es la habilitación a los agentes de inteligencia para aprehender personas en situaciones de flagrancia o por orden judicial. En esos casos, el decreto aclara que deberán dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad correspondientes.
Cambios estructurales y nuevas agencias
La norma dispone la disolución de la Agencia de Seguridad Nacional y la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia, que tendrá como función central la prevención de amenazas como espionaje, sabotaje, injerencias externas u operaciones que pongan en riesgo el orden constitucional o los intereses estratégicos del país. Sus acciones se extenderán a todo el sector público nacional.
En el plano tecnológico, el Gobierno separó formalmente la ciberseguridad de la ciberinteligencia. Por un lado, se creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Jefatura de Gabinete. Por otro, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad fue reconvertida en Agencia Federal de Ciberinteligencia, que quedará bajo la órbita de la SIDE y se enfocará exclusivamente en tareas de inteligencia en el ciberespacio.
El DNU también elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. A partir de ahora, toda la inteligencia estratégica militar será coordinada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo -según el Gobierno- de evitar superposiciones y simplificar el esquema institucional.
Más poder de control para la SIDE
Con la reforma, la SIDE pasa a conducir de manera directa todo el Sistema de Inteligencia Nacional, a aprobar y auditar los presupuestos del área -incluidos los gastos reservados- y a requerir información a organismos del Estado nacional, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Además, el decreto crea dos espacios de articulación. La Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por organismos de inteligencia, Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y la Unidad de Información Financiera (UIF); y la Comunidad Informativa Nacional, que suma a áreas como Migraciones, Renaper, Aduana, Cancillería y sectores vinculados a energía, lo nuclear y el espacio. Ambas tendrán como función aportar información clave para la producción de inteligencia.
Otro cambio relevante es que la designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados de la SIDE dejará de estar en manos del Poder Ejecutivo y pasará a depender directamente del secretario de Inteligencia.
Desde el Gobierno aseguran que la reforma apunta a modernizar y legitimar el sistema, integrarlo de manera más clara al Estado, separarlo de funciones policiales tradicionales y adaptarlo a las amenazas actuales, con mayores niveles de control y transparencia.
Fuerte rechazo de la oposición
La medida generó una reacción inmediata en el arco opositor. El exministro de Defensa y dirigente justicialista Agustín Rossi cuestionó con dureza el decreto a través de sus redes sociales. “Otro DNU gravísimo. Modificaciones en inteligencia. Nada bueno para la ciudadanía ni para el sistema de inteligencia argentino”, escribió.
Rossi sostuvo que el decreto “fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina” y adelantó que será rechazado en el Congreso.
Para el diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), el decreto debe ser rechazado por ambas cámaras. “La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. La interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional”, explicó.
