Después de más de seis décadas sin modificaciones en su Carta Magna, la provincia de Santa Fe inicia este lunes 14 de julio el proceso de reforma constitucional, en un hecho de profundo valor institucional. A las 10 de la mañana, en el recinto de la Cámara de Diputados, los 69 convencionales constituyentes electos el pasado 13 de abril prestarán juramento y darán inicio formal a la Convención Reformadora, que tendrá a su cargo la actualización de una Constitución provincial vigente desde 1962.
El proceso que hoy se pone en marcha representa una oportunidad inédita para sentar las bases de un nuevo contrato político y social entre el Estado y la ciudadanía santafesina, adaptado a los profundos cambios sociales, tecnológicos, económicos y culturales que marcaron las últimas décadas. En medio de un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones, la política tiene ahora ante sí un desafío de enorme magnitud: estar a la altura de una tarea fundacional, sin perderse en disputas partidarias o en la tentación de usar el proceso reformista para fines personales o sectoriales.
Con el gobernador Maximiliano Pullaro como uno de sus miembros, la Convención se desarrollará en la Legislatura provincial durante 40 días hábiles, prorrogables por 20 más. En ese lapso, deberá discutir y eventualmente aprobar las reformas a 42 de los 116 artículos que integran actualmente la Constitución santafesina. El temario ya está definido por ley y no podrá ser modificado por los convencionales. Esto implica que no todo está en juego, pero sí muchos de los aspectos más sensibles de la arquitectura institucional, el régimen electoral, la organización judicial, la ampliación de derechos y los mecanismos de participación ciudadana.
Una de las claves de esta instancia es que Santa Fe es la única provincia argentina que aún no actualizó su Constitución luego de la reforma nacional de 1994. En ese sentido, el proceso que se abre hoy busca aggiornar el texto fundamental de la provincia a las demandas del siglo XXI y consolidar un marco normativo que brinde estabilidad, transparencia, participación y equidad.
Un proceso político con fuerte impronta oficialista
El impulso inicial y la concreción de esta reforma tienen una marca clara: la del actual oficialismo. Unidos para Cambiar Santa Fe, la fuerza que llevó a Pullaro a la Gobernación, obtuvo una amplia victoria en las elecciones de convencionales, con el 47 por ciento de los votos, lo que le dio 33 de las 69 bancas. A este bloque se le podrían sumar otras tres bancas afines, lo que le otorga un margen de maniobra significativo. La presidencia de la Convención quedará en manos del senador radical Felipe Michlig, figura de peso dentro del armado oficialista.
Desde el Ejecutivo se destaca que este proceso permitirá introducir herramientas legales que den sustento a otras políticas públicas prioritarias del gobierno, especialmente en materia de seguridad, transparencia fiscal y modernización del Estado. No obstante, uno de los temas más controversiales que aparece en el temario es la habilitación de la reelección del gobernador por un solo período consecutivo, posibilidad que podría beneficiar al propio Pullaro. Si bien desde Unidos aseguran que se buscará el consenso y no el mero ejercicio de una mayoría automática, la inclusión de este punto ya generó tensiones con parte de la oposición.
Diversidad política y posicionamientos en debate
La oposición también llega a la Convención con distintos matices y objetivos. El espacio Más para Santa Fe, que agrupa al Movimiento Evita, el Frente Renovador, Ciudad Futura y sectores del PJ, obtuvo 12 convencionales y se perfila como una voz crítica que buscará capitalizar políticamente el proceso sin obstruirlo. El bloque será presidido por el senador Rubén Pirola y tiene como desafío mantener cohesión interna, dada su heterogeneidad ideológica.
Otros espacios presentes son La Libertad Avanza, con 10 convencionales; Somos Vida y Libertad, liderado por Amalia Granata, con siete; Activemos, el partido del senador nacional Marcelo Lewandowski, con cuatro; y el Frente de la Esperanza, encabezado por Alejandra “Locomotora” Oliveras, con tres bancas. Este mapa político fragmentado anticipa debates intensos y negociaciones complejas.
En las próximas horas se aprobará el reglamento interno de la Convención, lo que definirá, entre otros aspectos, si las decisiones se tomarán por mayoría simple o por dos tercios. También se conformarán las comisiones de trabajo, se establecerán los días de ingreso de los proyectos y se organizará la agenda deliberativa que culminará, como fecha límite, el 14 de septiembre.
Los principales temas en discusión
La reforma incluye un abanico amplio de modificaciones que atraviesan el funcionamiento de los tres poderes del Estado y la consagración de nuevos derechos. La ley que habilitó la Convención fija los límites del debate, pero dentro de esos márgenes se abre la posibilidad de transformar aspectos sustanciales del régimen político provincial.
Entre los principales ejes figuran:
Arquitectura institucional
- Límite a las reelecciones: se habilitarían hasta dos mandatos consecutivos para cargos electivos (gobernador, legisladores, intendentes, concejales).
- Obligación de residencia en la provincia para legisladores.
- Equilibrio fiscal como principio constitucional.
- Eliminación de fueros para legisladores y funcionarios.
- Reforma del sistema electoral: se propone aplicar el sistema D’Hont puro para diputados, sin mayoría automática.
- Extensión del período de sesiones ordinarias de la Legislatura.
- Creación de un Ministerio de Coordinación con aval legislativo.
- Fijar por Constitución que la Corte Suprema tenga siete miembros y un procurador general, con paridad de género y límite de edad (75 años).
- Dar rango constitucional al Consejo de la Magistratura.
- Creación de un tribunal de enjuiciamiento para sancionar a jueces y fiscales no susceptibles de juicio político.
Democracia semidirecta
- Inclusión de mecanismos como consulta popular, referéndum, iniciativa popular, revocatoria de mandato y audiencias públicas.
Derechos y garantías
- Reconocimiento de la seguridad pública como derecho fundamental.
- Inclusión de derechos digitales y medidas contra el cibercrimen.
- Acceso universal a servicios públicos y al agua potable.
- Protección del ambiente y apuesta al desarrollo sostenible ante el cambio climático.
- Reconocimiento de derechos de consumidores y usuarios.
- Garantías para mujeres, diversidades, personas mayores, con discapacidad, juventudes, pueblos originarios, infancia y adolescencia.
- Ampliación del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
- Fortalecimiento del derecho a la salud.
- Promoción del trabajo decente y reconocimiento de la negociación colectiva.
- Inclusión de la obligatoriedad de la educación secundaria.
- Declaración de intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones provincial.
Un proceso que apenas comienza
La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe representa un punto de inflexión para la institucionalidad provincial. Las sesiones, las comisiones, los dictámenes y los acuerdos que surjan en los próximos dos meses marcarán el rumbo de la vida política santafesina por las próximas décadas. A partir de lo que se resuelva en este proceso, se abrirá la posibilidad de sancionar una nueva Constitución o bien modificar la actual, artículo por artículo.
Lo que está en juego es mucho más que un cambio de texto. Se trata de un momento histórico que podría actualizar la matriz de funcionamiento del Estado santafesino, potenciar derechos ciudadanos y consolidar un sistema político más transparente, ágil y cercano a las necesidades de la gente.
