Este jueves se llevó adelante un nuevo operativo de traslado de presos desde el Módulo de Detención Temporaria de la Unidad Regional VI de Policía hacia la Oficina de Recepción de Detenidos (Order) de Rosario, para su posterior ingreso al Servicio Penitenciario Provincial.
El dispositivo, coordinado por personal de la Sección Motorizada y del Comando Radioeléctrico de la UR VI, se desarrolló sin inconvenientes. Las tareas incluyeron el aseguramiento interno y externo del módulo, el corte de calle temporal y la custodia durante el traslado, para lo cual se dispuso de un móvil especializado y otro vehículo de refuerzo.
La operación fue supervisada por el Jefe de la Agrupación Cuerpos y el Jefe del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VI. En el traslado también participó personal del GOT, comisarías de la zona y otras dependencias.
Política de vaciamiento de comisarías
En línea con las directivas del gobierno provincial, las autoridades continúan avanzando en el traslado de detenidos desde dependencias policiales hacia unidades penitenciarias, con el objetivo de liberar recursos humanos y materiales para reforzar la seguridad ciudadana.
Al respecto, la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, había señalado en declaraciones anteriores: “Seguimos implementando el programa de vaciamiento de comisarías para que la Policía pueda enfocarse en su tarea primordial: prevenir el delito y patrullar las calles, tal como lo dispuso el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni. El personal no debe estar destinado a la custodia de detenidos, sino a garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los traslados permiten que el Servicio Penitenciario asuma su rol, mientras los agentes vuelven a sus funciones específicas”.
Esta medida busca optimizar el trabajo policial, evitando que los efectivos deban ocuparse de traslados hospitalarios o logísticos vinculados a la custodia de detenidos, una tarea que se pretende que recaiga exclusivamente en el sistema penitenciario.
El operativo de este jueves refuerza la política de descentralización de detenidos en comisarías y alcaidías, una estrategia que el gobierno provincial impulsa para agilizar procesos y redistribuir responsabilidades entre las fuerzas de seguridad.