El Ejecutivo nacional es un cultor de la llamada “pos verdad” y ha sabido sacar rédito político de ello: no importan los hechos y las evidencias a la hora de captar a la opinión pública, lo que prima son las creencias y los climas sociales sobre determinados temas. Es por eso que, lanzado a la campaña presidencial de 2019, y frente a un escenario recesivo en el plano económico, sin ningún aspecto positivo a destacar, y con índices alarmantes en lo social, se instala en la agenda mediática la problemática de la inseguridad como la madre de todas las batallas. Literalmente, se busca reconquistar a un electorado que se ha vuelto un tanto esquivo, producto de la crisis y el ajuste, con una de las perspectivas que más parece seducir en estos tiempos: la mano dura.
La política punitivista, desplegada desde el primer día de gestión de la Alianza Cambiemos, es el eje de todas las propuestas que se han dado a conocer en los últimos días: la compra de pistolas Taser y la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos. La baja de la edad de la imputabilidad, uno de los puntos incluidos en el proyecto oficial del nuevo Régimen Penal Juvenil, sigue en la misma línea. La medida es defendida como una forma efectiva para brindar seguridad a la ciudadanía, aunque todos los estudios y expertos en la materia afirmen lo contrario.
Como decíamos antes, para el duranbarbismo no interesan, en este caso, los datos, ni los resultados demostrados, sino la atracción que tienen las recetas fáciles y de rápida ejecución. Como sucediera con las leyes Blumberg, que empeoraron el ya colapsado sistema penitenciario, se sabe que el impacto de estas políticas, de implementarse, sería desastroso. De las 40 organizaciones y especialistas convocados por el Ministerio de Justicia para evaluar la reforma, solo tres estuvieron a favor. Si de números se habla, aunque para el grupo de ceos en el poder son secundarios, estos muestran a las claras que la intervención de menores de edad en hechos graves es insignificante, menos del 1%. En 2015, según el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, sobre 175 homicidios registrados en la ciudad, solo uno fue cometido por un adolescente menor de 16 años. Para los funcionarios de la cartera lo fundamental no es cambiar la realidad de violencia e inseguridad que padece la gente a diario, sino ganar una elección con promesas vacías.
La iniciativa es coherente con el perfil ideológico de la dirigencia nacional que, en un país donde la mitad de las niñas y niños son pobres, elige como solución culpabilizar a los sectores más vulnerables, estigmatizar a los jóvenes, habilitar el gatillo fácil, reprimir con violencia las protestas, cerrar escuelas y eliminar políticas sociales fundamentales. No sólo es anticonstitucional y violatoria de las leyes nacionales y los tratados internacionales, sino que desliga al Estado de su responsabilidad frente a las condiciones de violencia, marginación y desigualdad que plantea el modelo neoliberal imperante. Este reconocimiento implícito del fracaso de la gestión para cumplir con las promesas hechas durante la campaña previa augura nuevas promesas fallidas y un escenario de radicalización de la violencia y crecimiento de la inseguridad.
Alicia Gutiérrez, diputada provincial por el Partido SI
