La Justicia de Rosario declaró inconstitucionales artículos clave de la reforma previsional

La Provincia

La Justicia laboral de Rosario hizo lugar a dos amparos presentados por jubiladas docentes y declaró inconstitucionales artículos centrales de la ley 14.283 de reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial. Los fallos ordenan suspender los descuentos por el denominado “aporte solidario” y disponer en un plazo de 30 días el pago de aumentos salariales otorgados por paritarias al sector activo.

Las resoluciones, emitidas por los juzgados laborales N° 1 y N° 10 de Rosario a cargo de las juezas Bárbara Serrat y Paula Colace Vigo, constituyen un fuerte revés judicial contra los efectos de la reforma sancionada en diciembre de 2023, que desde su entrada en vigencia generó múltiples reclamos por parte del sector pasivo, según información del portal web de diario La Capital.

Entre los artículos declarados inconstitucionales se destacan el 1 (que declara la emergencia previsional), el 2 (que establece el aporte solidario) y el 10 (que permite al Ejecutivo postergar hasta 60 días el pago de aumentos a jubilados).

Una de las docentes amparadas, jubilada desde 2008, denunció que el descuento del aporte solidario y la demora en el cobro de los aumentos salariales afectan gravemente su calidad de vida, más aún al tener a cargo un hijo con discapacidad. La jueza Colace Vigo argumentó que el Estado no puede imponer nuevos aportes sobre derechos ya adquiridos ni postergar pagos sin justificación real, y enfatizó que “la emergencia previsional no puede ser conjurada con impuestos disfrazados”.

En la otra resolución, la jueza Serrat coincidió en que la normativa provincial vulnera derechos consagrados en la Constitución Nacional y tratados internacionales. Remarcó que los descuentos compulsivos afectan el principio de progresividad y la propiedad de las jubiladas, y que “la lesión patrimonial es continua y reiterada”.

Ambos fallos ponen en jaque los fundamentos de la reforma previsional y sientan precedente para que otros jubilados afectados puedan recurrir a la Justicia. También reavivan el debate sobre el impacto social y legal de una norma que, en nombre de una emergencia no demostrada, recorta derechos fundamentales de quienes trabajaron toda una vida.