Según el Índice Global de los Derechos 2020 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la confrontación de clases muestra una clara ventaja para el capital y los gobiernos autoritarios. La pandemia intensificó la tendencia de gobiernos y empleadores a restringir los derechos de los trabajadores: límites a la negociación colectiva, al derecho a huelga y a la afiliación a sindicatos. “Puede que la codicia corporativa sea global, pero las acciones de los trabajadores y trabajadoras también están unificadas en una escala nunca antes vista”, señala el informe, que da cuenta de huelgas globales contra Amazon o Uber, entre otros neoengendros empresarios.
La democracia en crisis, gobiernos silencian las rebeliones con represión brutal, mientras hay logros legislativos formales para los trabajadores/as. “Los sindicatos están en primera línea del frente en la lucha para reclamar libertades y derechos democráticos frente a la codicia corporativa, que controla a los gobiernos”, afirmó Sharon Barrow, presidenta de la central sindical más grande del mundo.
Llamamiento a la dignidad
La desestimación del pedido de IGJP de Omar Perotti en el tema Vicentin y su trato por cuerda separada en la convocatoria hace que el caso entre en zona turbulenta. Se buscaba legalizar la intervención del gobierno nacional dejando de lado la “expropiación”. Algo como lo sucedido con la fábrica de tractores Zanello en Las Varillas, que pasó por una cogestión obrera, del personal jerárquico y concesionarios, y terminó siendo nuevamente una sociedad anónima.
Vicentin sigue reinando en Avellaneda y marcándole el paso al intendente Dionisio Scarpín. La densidad del tema se refleja en la reacción de los aceiteros de San Lorenzo de Pablo Reguera y de la Federación Aceitera que conduce Daniel Yofra. Ambas organizaciones se presentaron en el expediente reclamando participación, advirtiendo que los trabajadores no se van a quedar cruzados de brazos. El 9 de julio en la ciudad de Reconquista habrá una caravana de autos en apoyo a la intervención. Autos de publicidad leerán el comunicado invitando a sumarse en favor de la expropiación.
Los pequeños productores y el mundo cooperativo apoyan la llegada del Estado que les permitiría cobrar sus deudas. Los sindicatos buscan preservar los puestos de trabajo y los grandes grupos económicos se escandalizan porque detrás de este caso está la exhibición del mecanismo con el que fugaron y endeudaron de la mano de Mauricio Macri.
Búfalo suelto en el Coto de Lanús
Según el periódico La Unión de Lanús, Eduardo Búfalo, gerente de confianza de Alfredo Coto, impidió el cierre del establecimiento ante los inspectores que se lo exigían. El video viralizado lo muestra fuera de sí. “Listo. ¡Hoy voy en cana! ¡Hoy voy en cana, Tito! Esto termina mal. ¡No van a cerrar la sucursal, Tito! ¡No la van a cerrar, como que me llamo Búfalo!”, gritaba en tono destemplado. Con 10 trabajadores contagiados y otros 48 en aislamiento, el señor Búfalo no accedía a cerrar la sucursal. (Actualización y sospecha: ya llegan a 21 al menos los contagiados, no hay cifras de los aislados o trasladados. Tito debe ser un funcionario influyente ante el intendente Néstor Grindetti, de Lanús y del PRO.)
Según el sitio Gestión Sindical, Búfalo “es mencionado por delegados y activistas de la oposición a Ramón Muerza como el encargado de coordinar las patotas que envía Alfredo Coto para amenazar a los trabajadores que hacen reclamos”. En la historia del arsenal de armas de guerra hallado en 2017 en una sucursal de La Paternal, Alfredo Coto y su hijo Germán fueron acusados de tenencia ilegítima de explosivos y otras armas “sin la debida autorización legal o sin que medien razones que justifiquen dicha tenencia”. Coto le adjudicó la responsabilidad a su Gerente de Operaciones, quien fue citado como testigo pero no imputado. En su defensa dijo que el arsenal era para prevenir eventuales saqueos.
Se encontraron 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 29 armas —27 de fuego y dos de lanzamiento—, 3.886 municiones, un revólver doble acción calibre 38 a nombre de Alfredo Coto, una ametralladora UZI 9 milímetros a nombre de su hijo Germán, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos de la Policía Federal sin número visible, un silenciador y nueve escudos antitumultos.
Se conocieron cifras de contagiados en grandes supermercados, en una carrera hacia la muerte donde son cómodos punteros Coto, Carrefour y Cencosud. Los caídos son reemplazados por licenciados pertenecientes a grupos de riesgo con infinita falta de humanidad. Mientras tanto, ajeno y con vocación geriátrica, el Gitano Cavalieri, actuando para la tribuna, rechazó el aguinaldo en cuotas a la espera de que todo pase para acomodar sus alfiles en el tablero.
La CGT esquivó abrochar algún acuerdo marco, como el que rubricaron con la UIA para el pago de las suspensiones. Bancarios, judiciales y estatales rechazaron las cuotas del medio aguinaldo. Los gremios le recordaron a Alberto Fernández que no se animó a avanzar con el impuesto a la riqueza. «Ni Cavallo se atrevió a tanto», pegaron.
La diáspora metalúrgica
Como sostuvo Rubén Urbano (secretario general de la UOM de Córdoba) en esta columna, mientras Caló se ocupa de sus negocios los metalúrgicos padecen los despidos, los bajos salarios y la mala atención médica. Urbano movilizó a su gente por un bono adicional de 10.000 pesos ante la ausencia de negociaciones salariales. Con la misma intención Hugo Melo envió nota al universo patronal de La Matanza, aunque solicita proporcionales pero como anticipo de paritarias. Similar actitud adoptó el cuerpo de delegados de la empresa Acindar de Villa Constitución ante la actitud de la firma de no ajustarse al DNU y abonarle a los exceptuados de trabajar por su edad o sus dolencias físicas como si estuvieran suspendidos. Acindar modificó su política de recursos humanos y reemplazó a los anteriores por figuras más autoritarias que desconocen a la organización sindical local. Piquetes improvisados por los delegados interrumpieron la entrada y salida de camiones.
Mientras esto sucedía, un escándalo de magnitud estalló en el Centro Médico Talar de Panamericana y 197, que pertenece a la Obra Social de la UOM, gerenciada por el grupo BASA, propiedad de Raúl Olmos. Cuando se desató la pandemia y aparecieron los primeros casos atendidos sin respetar protocolo alguno, los trabajadores de salud se organizaron alrededor del reclamo por falta de elementos de protección personal y protocolos para los pacientes. Eligieron cuatro delegadas: Ruth, Esther, Flavia y Alejandra, y empezaron los reclamos ante el sindicato de Sanidad (ATSA) para proteger a sus compañeros del posible contagio. La falta de apoyo del sindicato se complicó con los aprietes internos de la supervisora de la clínica, y llevaron la denuncia más arriba logrando la intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo de Buenos Aires que obligan a BASA a proveer elementos de protección adecuados.
Las delegadas se contagiaron: una de ellas, Flavia, terminó intubada en terapia intensiva y las otras compañeras fueron despedidas por Raúl Olmos. El conflicto cobró notoriedad porque BASA maneja la obra social de los metalúrgicos sin transparencia. El reclamo de reincorporación inmediata de Ruth, Esther y Alejandra se ha transformado en bandera. En Panamericana y 197 se atienden afiliados de poderosas seccionales de la zona norte del Conurbano bonaerense. Un corte de la ruta frente a la clínica mostró la solidaridad de las organizaciones de la zona. Flavia lucha por su vida.
Antonio Caló mira por la ventana del noveno piso del edificio de la calle Alsina.
Piñera sobrevuela la Argentina
Tras el anuncio de Latam de que abandonaría los vuelos de cabotaje en nuestro país comprometiendo dos mil puestos de trabajo, la empresa presentó un procedimiento de crisis (PPC) que generó un fuerte rechazo en los sindicatos aeronáuticos. Edgardo Llano, uno de sus principales referentes y secretario general del sindicato APA lo expresó en estos términos: “Esperamos una convocatoria para hacer formal la presentación del procedimiento. Luego habrá una nueva reunión con el Ministro de Transporte Mario Meoni para ver qué salida le encontramos a esto. Pensamos que es una práctica extorsiva de Latam no solamente a los trabajadores sino además al propio gobierno. Es una falta total de ética y el gobierno chileno no es ajeno a esto teniendo en cuenta que los hermanos Cueto son socios todavía del Presidente Sebastián Piñera en varias empresas. Piñera era el socio mayoritario de Latam y supuestamente dice que vendió las acciones al asumir. Nosotros no le creemos. Esperamos la audiencia para denunciar esta extorsión y aspiramos a que nuestro gobierno no se deje apretar. Dos mil familias están en vilo pensando que pueden quedarse sin trabajo. Justo en este momento”.
La Conadu (docentes universitarios) llegó a un acuerdo similar al de CTERA en términos de la educación a distancia, equiparable al teletrabajo, en pleno debate en tiempos de pandemia. Los maestros firmaron con los gobernadores y el Ministerio de Educación, con los primeros las remuneraciones y con el Ministerio las condiciones generales. Los profesores firmaron con los rectores de cada universidad y el consejo de los mismos en términos generales. Estos antecedentes y los acuerdos logrados por Foetra a lo largo de los años le dieron el marco a la ley aprobada el jueves último por Diputados, que regula el teletrabajo que fija su encuadramiento dentro de la ley de contrato de trabajo y garantiza los derechos individuales y colectivos, agrega el concepto del “cuidado” en el mundo del derecho laboral y remite su aplicación concreta a los diversos convenios colectivos. La antítesis de lo que pasó con los trabajadores de plataforma. La norma debe impedir que se aplique la ley de los hechos consumados y el teletrabajo quede a la buena de los patrones. Uno de los logros legislativos que mojonan el derecho laboral.
El Sipreba recordó el segundo aniversario de los 354 despidos del gobierno macrista en la Agencia Télam. “Las causas del triunfo fueron muchas, pero hay algunas que se destacan. En primer lugar la fortaleza de la construcción sindical interna con la unidad entre diversos sectores y generaciones de activistas, un paro con ocupación que se mantuvo durante cuatro meses inamovible frente a todas las presiones, particularmente las que empiezan a surgir cuando no hay resultados concretos y la de quienes desmotivados se van cayendo, como sucede en todo conflicto. En segundo lugar el rol del Sipreba, de sus abogados y todo el gremio de prensa, que venía de meses de conflicto en los medios públicos, en la Televisión Pública y Radio Nacional, donde habíamos generado un abanico de relaciones y adhesiones inexistente hasta el momento».
«Y en tercer lugar el apoyo de todos los sectores sindicales, políticos y sociales que entendieron que si Télam le ganaba al macrismo, ganábamos todos. Fue animarse a eso, estar dispuestos, ser consecuentes, y no cansarse nunca. Luego vino el acampe frente a la Cámara. Ahí estuvimos de nuevo y así fue: ganó Télam y ganamos todos”. Los sindicatos de Prensa de todo el país miran hacia atrás y esperan aún por una larga lista de reivindicaciones.
Reinar sobre los sepulcros
Desde el ombligo del poder mundial, Donald Trump tuiteó: “Nunca habrá una ‘Zona Autónoma’ en Washington DC mientras yo sea Presidente. Si lo intentan, ¡se enfrentarán con una gran fuerza!”, amenazó. Se refería a la zona libre de policía creada por manifestantes en Seattle, que ha indignado a los conservadores. La fuerza policial bloqueó calles cercanas mientras Trump partía en helicóptero para reunirse con sus simpatizantes en Arizona. Un desorbitado Presidente había anunciado arrestos y hasta 10 años de prisión a quienes vandalizaran cualquier propiedad federal, cuando manifestantes intentaran derribar la estatua de un Presidente esclavista del siglo XIX.
POTUS (sigla de President of the United States) quiere borrar la memoria de los que luchan contra el supremacismo blanco. Ellos son simpatizantes de todas las razas amigos de las luchas del movimiento negro norteamericano, que han resurgido con gran potencia tras el asesinato de George Floyd dando forma al movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan). El confeso amigo de los fascistas norteamericanos busca su reelección desmoralizando la intención de los votantes opositores con su exhibición de desprecio por la democracia. Una de las cosas más molestas de la vida cotidiana es la verdad de un futuro directo a la miseria y la barbarie. Es necesario un cerebro colectivo de la humanidad que diseñe un Nuevo Contrato Social entre gobiernos, trabajadores y empresas, para restaurar la confianza que la gente está perdiendo en las democracias. Es hora de cambiar las reglas.
La pandemia instaló una nueva lógica y el minué de la política adquiere el vértigo de la música electrónica. Los grandes empresarios quieren convertir la expropiación de Vicentin en la peor decisión que haya tomado el gobierno. Es que cuando se levante la frazada se verá un entrecruzamiento de cuerpos que los transforma en una foto impresentable. En el déficit, endeudamiento y fuga todos fueron parte y si no hay impunidad y olvido el futuro se les viene encima. El volumen que en sentido contrario adquiere la idea de la expropiación, preocupa aún más que el aporte por única vez a las grandes fortunas. No quieren ni una cosa ni la otra. Los ánimos están caldeados y las decisiones que se tomen desde la cuarentena, pasando por la ayuda social y la negociación de la deuda, serán un punto de inflexión que determinará el futuro de la política. Quien sume más soldados ganará la batalla.
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Victorio Paulón, ex secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Villa Constitución, dirigente nacional de la CTA de los Trabajadores.
Artículo publicado originalmente en El Cohete a la Luna.
