Un informe revela la situación de los inquilinos santafesinos luego de aprobarse la esperada ley que limita, entre otras cosas, los ajustes del valor del contrato.
Tras la aprobación de la Ley de Alquileres, esta semana se difundió un relevamiento elaborado por la Concejalía Popular y el Frente de Inquilinos Nacional para conocer la situación en relación a los alquileres de la provincia de Santa Fe.
Entre los primeros datos relevados, explicaron que el 82% de las locaciones tienen destino de alquiler habitacional, frente un 18% de alquileres comerciales.
Por otra parte, el 63% de los contratos se realizan a través de una inmobiliaria, el 30% al dueño directo, 5% vía estudio jurídico y un 2% a otro tipo de administración.
En el caso de los inquilinos de vivienda, durante el mes de marzo el 82% pudo pagar el alquiler; 8,8% no lo pudo hacer y 9,2% pudo pagar una parte.
La situación se complicó en abril ya que solo el 57,6% pudo pagarlo en su totalidad; 28,3% no lo hizo y el 14,1% solo una parte.
En mayo los indicadores fueron empeorando, el 39,5% pudo abonar; el 37,5% no y el 23% no pagó la totalidad.
Mientras tanto, en junio apenas el 29,5% abonó el total del alquiler; el 46,2% no lo hizo y el 24,3% canceló una parte.
Contemplando los alquileres de viviendas y comercios, el 83,8% vio afectados sus ingresos, mientras que solo el 8,6% no tuvo inconvenientes de ese tipo y el 7,6% en parte.
Además, solo la mitad de los locadores o inmobiliarias cumplieron con lo establecido en el Decreto de Necesidad de Urgencia 320; el 50,2% sí lo hizo y el 49,8% no.
Los principales incumplimientos fueron en un 20,6% no haber otorgado un CBU para el pago, en un 17,7% no congelar el valor del alquiler y por último negar la prórroga del contrato en un 17,1%.
