El reciente arresto de un hombre de 31 años, acusado de romper el vidrio de una panadería y sustraer una balanza, puso de manifiesto una problemática profundamente arraigada: la falta de respuesta adecuada del sistema de salud mental para atender a personas en situaciones de vulnerabilidad extrema. Un familiar del detenido hizo público un extenso descargo, evidenciando el desamparo que sienten quienes intentan gestionar este tipo de casos.
“Quiero compartir mi experiencia como familiar de una persona con retraso mental y expresar la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos debido a la escasa y/o casi nula colaboración que recibimos del Estado”, comienza el relato, que detalla años de lucha por conseguir una internación adecuada para el hombre, quien cuenta con certificado de discapacidad y antecedentes de consumo problemático de sustancias y conductas violentas.
Según el testimonio, el individuo estuvo inmerso en contextos de delictividad desde muy joven, sin comprender plenamente la gravedad de sus actos. En septiembre de 2023, la familia buscó ayuda en el área de Consumos Problemáticos y, tras fracasar un intento de tratamiento ambulatorio, solicitaron al Juzgado de Familia la internación por razones de salud mental y adicciones. Aunque la medida fue otorgada de inmediato, nunca se concretó debido a la falta de acción del área de salud mental del SAMCo local, según denuncia la familia.
“Esperamos un tiempo prudencial y, al no recibir respuesta, me acerqué al hospital. La respuesta del médico psiquiatra fue que no podía internar a todos los que están en situación de calle”, comentó el familiar, quien agregó que incluso en episodios de violencia física presenciados por profesionales de la salud, se rehusaron a la internación.
El familiar subraya que el problema no radica solo en la falta de recursos, sino también en la desarticulación entre las distintas áreas del Estado que deberían abordar estos casos de manera integral. Mientras destaca la celeridad del Juzgado de Familia y el acompañamiento del área de Consumos Problemáticos, critica la ausencia de soluciones efectivas por parte del sistema de salud mental.
Actualmente, el hombre se encuentra nuevamente detenido, pero la familia teme que, una vez liberado, vuelva a quedar a la deriva. “Cuando obtenga la libertad, vamos nuevamente a peregrinar sin encontrar la solución, que debería ser su reclusión en una institución acorde a su patología”, concluye el escrito.
El caso refleja la urgente necesidad de fortalecer las políticas públicas en salud mental y adicciones, implementando mecanismos que garanticen no solo la contención, sino también el tratamiento integral de personas en situaciones de vulnerabilidad extrema.
