En una reciente entrevista a Marta Risso, delegada seccional de Amsafe Constitución, el malestar de los docentes quedó expuesto de manera clara y contundente. La negativa a la propuesta salarial del gobierno fue ratificada en la asamblea provincial del sindicato que se celebró el viernes pasado, donde más de 22.000 docentes votaron en contra de la oferta oficial. Solo 151 maestros manifestaron su aceptación, mientras que la decisión de rechazar fue abrumadora. Sin embargo, Risso advirtió que la situación no solo se limita a la cuestión salarial, sino que afecta de manera más amplia a la educación pública y otros derechos fundamentales.
“El rechazo va acompañado de actividades para que la gente empiece a entender el problema en su verdadera dimensión”, explicó la dirigente sindical. “No es solo una cuestión de salarios, estamos hablando de un golpe muy fuerte a la educación pública, a la salud, a la universidad. El problema es nacional: el financiamiento, el presupuesto, las becas Conectar Igualdad, la movilidad rural, el presentismo, los concursos de traslado, la reforma jubilatoria… Todo eso está afectando la calidad educativa”, puntualizó.
A estos problemas, Risso sumó otro tema sensible: la deuda del 22,3% correspondiente a la paritaria 2022-2023, que aún no ha sido saldada. “No se está convocando al concurso de titularización y traslado, a pesar de que el Ministerio de Trabajo lo firmó en acta paritaria. Eso también es un atentado contra la calidad educativa”, expresó.
Evaluaciones y auditorías con “intereses ocultos”
Uno de los puntos más delicados de la entrevista fue el rechazo del sindicato a las evaluaciones externas y auditorías que, según Risso, esconden intereses económicos y empresariales. “Nos están evaluando empresas de afuera que van a decir qué prueba nos van a tomar, y si no cumplimos, los riesgos son perder el puesto de trabajo, cerrar institutos o bajar el rango de las escuelas”, denunció Risso.
La delegada seccional mostró su preocupación por la instalación de un sistema de rankings escolares que, lejos de mejorar la calidad, generaría un sesgo que desfavorecería a la educación pública. “Si una escuela no se enmarca en lo que estas empresas plantean, baja su ranking, y la comunidad no llevará a sus hijos a esas escuelas, que probablemente eran maravillosas”, señaló.
Este modelo, basado en evaluaciones estandarizadas que no consideran las particularidades de cada región o institución, promueve la idea de que “lo público es malo y lo privado es bueno”, criticó Risso. Y agregó: “Nos quieren vender un empaquetamiento de aprendizaje, plataformas y demás, para que las maestras terminen enseñando a los chicos solo para cumplir con esas pruebas, en lugar de ocuparse de aprendizajes significativos.”
Falta de concursos
Otro reclamo central fue la falta de concursos para la titularización en IPE (Nivel Inicial, Primario y Modalidad Especial), un proceso que, según Risso, fue interrumpido de manera arbitraria por el gobierno provincial.
“Desde 2011, estos concursos eran una constante, pero este gobierno decidió interrumpirlos. Aunque lo firmaron en la paritaria, no lo están resolviendo, y eso afecta la estabilidad laboral de miles de docentes”, remarcó.
La situación crítica de IAPOS
Finalmente, Risso hizo referencia a la situación de IAPOS, la obra social provincial, que presenta serios problemas para sus afiliados fuera de Rosario. “Nos dimos cuenta de que los turnos, la anestesia y otros servicios no son iguales en toda la provincia. En departamentos como San Lorenzo, Iriondo y Constitución, los docentes enfrentan grandes dificultades para acceder a prestaciones de salud”, señaló.
Si bien algunas problemáticas lograron resolverse tras una reunión en Rosario, en otros lugares la situación sigue siendo preocupante. “Por ejemplo, los turnos para cirugías estaban demorándose meses. Tuvimos que intervenir como sindicato para que se normalice, pero aún queda mucho por hacer”, concluyó.
