Este miércoles por la mañana se llevó adelante una manifestación para solicitar acciones urgentes para mejorar la seguridad en la ciudad de Villa Constitución. La actividad fue organizada por vecinalistas, en conjunto con la agrupación de vecinos autoconvocados “Villa Constitución por una Ciudad Segura”.
La concentración se produjo a las 11 en la Plaza “Eva Perón”, del barrio Hoppe, desde donde marcharon hacia el centro, con el objetivo de visibilizar el hartazgo de la comunidad por la ola de robos y violencia. Al mismo tiempo, entregaron sendos petitorios en el Concejo Municipal, la Fiscalía, el Senador Giacomino y el Municipio.
«Cuando los tres poderes del Estado defienden la impunidad y la corrupción, el único camino para frenarlos es el poder del pueblo», afirmaba la pancarta que encabezaba la movilización.
En simultáneo, el grupo de vecinos autoconvocados difundió un texto que resume los puntos peticionados y analiza la situación actual en Villa Constitución.
Sombras y nieblas
«Nuevas sombras cubren Villa Constitución en este 2023. Se reeditan situaciones que habíamos visto en el pasado. Una versión del 2015 con variantes. Y por eso nuevamente convocamos a reclamar en las calles.
Marchar por la ciudad, desde la histórica plaza Eva Perón en Barrio Talleres, hasta la Plaza de la Constitución. Entregar notas a las autoridades. Mostrar la angustia y preocupación de los barrios de la ciudad. Todo ante la situación que se vive. En las notas en las que se pide a las autoridades se describe este estado de realidades.
No pude escapar a las autoridades la ola de delitos que nos viene aquejando en los últimos meses. Robos, hurtos, arrebatos, irrupciones en domicilios, amenazas, usurpaciones, uso para fines delictivos del espacio público e inclusive, como hecho extraño a nuestra ciudad, uso de armas de fuego para cometer delitos.
Es ante este estado de situación, que ha sumido a nuestra comunidad en el pánico por estas causas, cosa que se suma a las ya difíciles condiciones en que se encuentra sumergida por razones económicas, es que, como vecinos de la ciudad , nos dirigimos al Concejo para solicitarle en su función de contralor de la ejecución de las Ordenanzas vigentes, insten al Departamento Ejecutivo a disponer de mayores medios para el debido cumplimiento de la legislación actual en cuestiones de seguridad y otras relacionadas como la venta ambulante no permitida, que muchas veces encubre tareas de inteligencia con motivos delictivos.
Al intendente, como máxima autoridad política y representante en última instancia de los poderes constituidos de la Nación, y la Provincia, le decimos que debe encabezar los reclamos por un mejor accionar de los organismos encargados de la seguridad: equipamiento, personal capacitado, diligencia en las acciones tanto en el orden político como en las investigaciones, eficacia de los funcionarios. Esto tanto a nivel provincial como federal. Por otra parte, entendemos que, en lo que afecta a su función específica, deben priorizarse obras tendientes a mejorar la observancia del espacio público, tanto en lo que hace a la infraestructura, como iluminación, adecuación del arbolado, mobiliario; y así también al control de las actividades como ser venta callejera no autorizada, disturbios, circulación vehicular, etc.
Entendemos que es imprescindible, como en el pasado activar acciones, que pueden articularse en un plan general o no, pero que den cabal muestra de una ciudad que no está dispuesta a tolerar el crecimiento del delito. Esto sin permitir, por otro lado, acciones abusivas de personas que investidas de alguna autoridad, crean que eso significa una autorización para alejarse del debido respeto a las leyes y la Constitución Nacional y Provincial, faltando al profesionalismo necesario. En este sentido, fortalecer el Concejo de Seguridad Ciudadana como órgano articulador, nos parece fundamental.
Además a los fiscales y jueces les decimos que más allá de la crítica situación económica que atraviesa nuestra sociedad, y que puede ser un impulso a estos actos criminales, también notamos por un lado, la alarmante sobrepoblación carcelaria ya públicamente declarada por el informe 2022 de la Defensoría General, el uso de menores, actores inimputables en la comisión de delitos, pero con la intervención de adultos, y las dificultades para establecer prisiones preventivas en el caso de delincuentes reincidentes y que en muchos casos directamente o a través de interpósita persona pueden hostilizar a sus acusadores o testigos. Asimismo notamos un creciente uso de armas de fuego, y un aumento exponencial de actividades ligadas a delitos federales, que luego tienen su correlato en delitos contra la propiedad y las personas. Dejamos en claro que no ignoramos la condición que rige para la prisión preventiva, establecidas en el Artículo 220 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe.
La insuficiencia de infraestructura, personal o equipamiento para una adecuado funcionamiento son condiciones que entendemos no se modificará a menos que aunemos voces tanto por parte de los actores del sistema, como de la ciudadanía común, que termina sufriendo las consecuencias de estas carencias. Nos hacemos eco, siguiendo este orden de cosas de la nota entregada al Gobernador Omar Perotti por parte de distintas asociaciones de víctimas de delitos, en febrero pasado.
En ese sentido, nos ha parecido interesante la sugerencia de la Asociación de Magistrados de la Nación, que en un reciente comunicado señalaba: “La realidad criminal dinámica y organizada sólo podrá ser paliada a partir de una labor coordinada que geste métodos de control y represión que no le vayan en zaga a su alarmante proceso de consolidación” y proponía una mesa de diálogo, con las autoridades, para poder abordar este problema de manera institucional. Creemos que esta es una modalidad que puede adoptarse en nuestra región en forma que tengan intervención funcionarios del poder judicial y el ministerio público de la acusación.
Por último queremos dejar en claro un par de cuestiones. En primer término que somos absolutamente respetuosos del orden establecido por la Constitución Nacional y Provincial y de las leyes que emanan de ellas, incluidos los tratados de Derechos Humanos que forman parte del corpus constitucional. Queremos hacer notar que entre los Derechos Humanos establecidos por la Declaración Universal y el llamado Pacto de San José de Costa Rica, se encuentran los derechos de las víctimas de delitos, que como en muchos otros aspectos de los Derechos Humanos, el Estado, en la Nación Argentina en su conjunto, todavía está en deuda.
En segundo lugar,declaramos que nadie, en la administración pública, ni en otra orbita de la vida ciudadana, interprete esta y otras peticiones que estamos realizando como una cuestión de discusión partidaria. Es nuestra aspiración que se logre superar esa visión absurda, ya que este es un asunto que debe involucrar a todas las fuerzas partidarias, y de la vida ciudadana, independientemente de las diferencias que tengan entre sí. La ciudad la construimos entre todos.
Confiamos en la vocación de servicio y don de bien de nuestros funcionarios. Es por eso que peticionamos recuperar la iniciativa frente a las nuevas dinámicas del crimen.
Sombras del delito cubren la ciudad, mientras la niebla parece cubrir nuestra vista sobre qué hacer. Marchamos para descubrir el velo de la niebla y espantar las sombras».
Villa Constitución por una Ciudad Segura
