En los Tribunales Federales de Rosario se investigan las responsabilidades civiles en los crímenes cometidos contra trabajadores de Villa Constitución a partir de la represión desatada desde el 20 de marzo de 1975. El miércoles 7 de diciembre se desarrollará la Audiencia Preliminar.
Por resolución de la Cámara de Apelaciones de Rosario, los procesados Bernardo Landa, ex miembro del Ejército; y Ricardo Torralvo, ex directivo de Acindar, fueron detenidos y cumplen prisión preventiva domiciliaria desde el 29 de noviembre pasado.
“Ellos forman parte, conjuntamente con Roberto Pellegrini y Antonio Bossié, de los procesados por los 11 casos de homicidios y la asociación ilícita que fueron incluidos esta semana en la causa del Villazo”, informaron desde el grupo Memoria Verdad Justicia de Villa Constitución.
La medida que incorpora los homicidios y la asociación ilícita es resultado de 1 año y medio de lucha judicial y de movilizaciones de sobrevivientes y familiares nucleados en la agrupación Memoria Verdad Justicia y APDH Rosario (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).
La Cámara de a+Apelaciones de Rosario fue quien dictó las faltas de mérito y excluyó a los homicidios y asociación ilícita, desmembrando la causa. Con ello, fue necesario presentar recursos de queja y de casación ante el Tribunal Penal Máximo del país, quien los confirmó para ser elevados a juicio.
Cabe recordar que la causa fue elevada a juicio el 8 de marzo de 2022, sin los casos de homicidio y asociación ilícita. Con ello, comprendía 57 casos de privación ilegal de libertad y tormentos contra 25 genocidas (Policía Federal, Prefectura, Ejército y civiles directivos de Acindar).
Contra el tiempo
Ahora, ante el riesgo del desmembramiento de los hechos ya elevados a juicio, con los recientemente confirmados debido a demoras judiciales, la Querella de la APDH y de sobrevivientes y familiares nucleados en la agrupación Memoria Verdad Justicia, presentaron el pasado 1° de diciembre un escrito al Juez Federal Dr. Marcelo Bailaque, para que se eleven a juicio y sean unificados de manera inmediata.
Los 11 casos que deben ventilarse en juicio representan las víctimas Rodolfo Mancini; Jorge Ramón Chaparro; Julio Palacios; Carlos Ruescas; Concepción De Grandis, Miguel Ángel Lobotti, Juan Ponce de León; Adelaido Viribay, Jorge Raúl Andino; Carlos Thompson; Pedro Reche y además por el delito de asociación ilícita de todos los imputados de la causa Villazo.
“Apelamos porque consideramos que es una porción injusta y no representativa de lo ocurrido en la represión en Villa Constitución, antesala del golpe de Estado, que solo se elevara por una parcialidad de delitos menores en relación a los gravísimos hechos y el Tribunal Máximo del país nos dio la razón”, explicaron desde el equipo jurídico de APDH Rosario.
“Entendemos que los homicidios fueron delineados en plan sistemático, llevado adelante por el gobierno nacional de María Estela Martínez de Perón, abriendo camino al posterior gobierno de facto. Además, la asociación ilícita fue el plan organizado, la represión en Villa Constitución no fue un hecho aislado, fue terrorismo de Estado que luego sería institucionalizado en la dictadura cívico militar. Obviar esos delitos es echar mano al negacionismo y faltar a la Memoria y a la Justicia”, remarcaron.
Finalmente expresaron que “en honor a los obreros y al pueblo que han protagonizado el Villazo, uno de los hitos de lucha más importantes de nuestra historia, y de la actual lucha de sobrevivientes y familiares por romper la impunidad del genocidio, exigimos que se unifique la causa, que inmediatamente se eleven los homicidios y la asociación ilícita para que junto a los restantes casos se lleve adelante el tan esperando juicio”.
Reseña sobre la causa Villazo
Cabe recordar que los obreros metalúrgicos nucleados en la lista Marrón y el pueblo de Villa Constitución dieron origen a la gesta obrera conocida como El Villazo, el 16 de marzo de 1974, triunfando sobre la burocracia sindical y las presiones del gobierno nacional.
Luego del triunfo de la Lista Marrón en la Seccional Villa Constitución, vendría una escalada represiva sin precedentes hasta el momento en la región.
A partir del 20 de marzo de 1975, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, con la participación activa de las empresas (Acindar, Marathon, Metcon y otras) y de la burocracia sindical de la UOM Nacional, comenzó el operativo serpiente roja del Paraná, donde fuerzas represivas para estatales y estatales coparon la ciudad y tuvieron como núcleo represivo a los obreros y a la combativa localidad de Villa constitución, implantando el terror de Estado, con un centro clandestino de detención en las propias instalaciones de la fábrica Acindar, con cientos de presos políticos, torturas y homicidios.
