Organizaciones feministas, de salud y de educación expresaron “preocupación” por la implementación de esta norma de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, dado que el Gobierno de Santa Fe suscribió un convenio con la Fundación Padre Ignacio para implementarla. “El Estado es laico”, remarcan.
Numerosas organizaciones de la provincia de Santa Fe expresaron “profunda preocupación” y “repudio” respecto de la implementación en la provincia de la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como la Ley de los 1.000 Días. Según lo informado por el propio gobierno santafesino, se llevará adelante mediante un convenio con la Fundación Padre Ignacio.
El comunicado:
RECHAZO AL CONVENIO FIRMADO CON LA FUNDACIÓN PADRE IGNACIO
«El día 3 de junio, en el portal oficial del Gobierno de Santa Fe, el gobierno provincial informó que firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación del Padre Ignacio, con una vigencia de 12 meses para la implementación de la Ley Nacional 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, más conocida, como “Ley de los 1000 días”. La Ley nacional de los 1000 días fue sancionada el 30 de diciembre de 2020 y tiene como objetivos proteger y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar y a niñas y niños en sus primeros 3 años. La Ley establece ciertas prácticas para proteger los entornos de crianza en los primeros años de vida, adoptando una perspectiva de ampliación de derechos y asegurando un sistema integral de cuidado a través de políticas de ingreso, identidad, salud, desarrollo social, educación, género y cultura.
La información oficial señala que “Con este acuerdo, tanto el Ministerio de Salud como la fundación Padre Ignacio, se comprometen a implementar talleres y espacios de formación, participación y acceso a la información para mujeres, personas gestantes y sus familiares, sobre aspectos relevantes vinculados al derecho a la salud integral que constituyan los ejes priorizados por la autoridad de aplicación de la “Ley de los 1.000 días” https://www.santafe.gob.ar/noticias/noticia/274887/
¿Por qué un Estado laico delega en una organización religiosa la implementación de aspectos importantes de esta ley que garantiza derechos humanos? Son harto conocidas las distintas estrategias que los sectores religiosos, en particular la iglesia católica, han implementado para obstruir el avance de los derechos para las mujeres y disidencias sexogenéricas, así como su persistente posición en torno a reproducir los estereotipos de género, negar el acceso a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos.
¿Por qué una ley que requiere del trabajo mancomunado de distintos sectores estatales, incluyendo al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia, convoca a un sector particular religioso? De haberse considerado la necesidad de articular con sectores no estatales, ¿por qué no se ha convocado a las organizaciones de mujeres, feministas y disidencias sexuales a participar de la instrumentación de los talles de formación y acceso a la información, considerando la experticia en la temática?
Este Convenio firmado con un sector religioso para garantizar derechos humanos constitucionales, contradice todas las normativas de derechos humanos de las mujeres y la jurisprudencia internacional que obliga al cumplimiento de los derechos garantizados en la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Ley de Educación Sexual Integral (Ley N° 26.150), Ley de Identidad de Género (Ley 26.743)
Rechazamos el Convenio firmado con un sector religioso que, históricamente se opuso al reconocimiento de las mujeres como sujetos de derechos y a reconocer y respetar la diversidad sexual. Exigimos que se deje sin efecto y que se cumpla con las leyes vigentes en la materia y se convoque a las instancias estatales correspondiente para darles cumplimiento. “Iglesia y Estado, asuntos separados”».
Firmantes:
CLADEM; INSGENAR; CEFEJUS (FDer/UNR); COAD; Programa Género y Sexualidades (FDer/UNR); CEIDH (FDer/UNR), Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, regional Rosario; Doulas feministas de Santa Fe; Agrupación feminista Las Pauluzzi Rosario; Asociación Civil Lesbofemenista Lxs Safinas; Asociación para las políticas públicas lgbt+; Separación iglesia y estado Santa Fe; Nanas socorristas en red; Mujeres en Ronda Totoras ; Mujeres de La Matria Latinoamericana ( MuMaLá ); Colectiva Sororidad y siguen las adhesiones…
