La causa judicial fue iniciada a fines de 2019 por una organización ambientalista con sede en Rosario, luego del gran incendio en el parque de chatarra de la planta Villa Constitución. En el procedimiento intervinieron agentes judiciales y de la Policía Federal. Tomaron muestras del suelo y pidieron documentación de importancia para la investigación.
Tras una denuncia de la asociación civil Cuenca del Paraná, tramitada en el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, el jueves pasado se llevó adelante un allanamiento con fuerzas federales en la planta de ArcelorMittal Acindar en Villa Constitución, con el propósito de requerir documentación y extraer muestras del suelo en la zona del parque de chatarra, donde en noviembre de 2019 se produjo un incendio de grandes dimensiones que luego dio origen a la mencionada presentación judicial.
Según trascendió en medios nacionales y provinciales, a partir de un cable de la agencia de noticias Télam, la denuncia por “contaminación ambiental con residuos peligrosos” siguió su curso hasta llegar a la reciente orden judicial que ejecutó personal del Departamento Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, encargado de extraer las muestras del suelo del predio para su análisis.
Los peritos también solicitaron documentación sobre determinados residuos industriales, como los que la empresa denomina “polvos de acería”, ante la sospecha de supuestas infracciones que podrían atentar contra el ambiente.
Un representante de la asociación civil Cuenca del Paraná afirmó que existen “imágenes satelitales donde se pueden ver dos inmensos depósitos de residuos en la zona costera sobre los humedales y los bosques nativos que los rodean”. “Se puede presumir la presencia de metales pesados como plomo, cadmio y mercurio; a su vez la escoria es muy volátil que se esparce fácilmente con el viento y puede afectar la salud humana”, indicó un abogado ambientalista.
Fuentes de la compañía consultadas por este medio afirmaron que en el procedimiento sólo se extrajeron muestras de suelo en la zona afectada por el incendio, aclarando que dicho siniestro afectó a varias pilas de chatarra en el denominado “Parque de Metálicos”, pero que no existían en ese lugar predios de acopio de residuos peligrosos o de sustancias tóxicas.
Desde la empresa aseguraron que todos los residuos generados en sus procesos industriales son “tratados y gestionados de acuerdo con el marco legal vigente, a través de operadores habilitados por el Ministerio de Ambiente de la provincia de Santa Fe y avalada su trazabilidad por la documentación pertinente”.
En relación a otras consideraciones expresadas por representantes de la ONG denunciante, desde la siderúrgica indicaron que la disposición final de los polvos de acería se efectúa mediante su volcado en un relleno de seguridad propio, que oportunamente “fue aprobado por el Ministerio de Ambiente luego de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y otros requisitos surgidos de ese organismo organismo, para cuya evaluación fueron considerados todos los aspectos ambientales y los vinculados a la hidrología-hidráulica”.
