En todo el territorio santafesino, los martilleros sólo podrán atender vía remota o recibir documentación y las edificaciones privadas se frenarían hasta el 30 de mayo.
El sector inmobiliario y las obras civiles también sufrirán modificaciones ante el DNU que establece nueve días seguidos de confinamiento, hasta el domingo 30 de mayo.
Así, las inmobiliarias de todo el país volverán a atender vía remota. Hay quejas en el segmento y se estima que, desde el inicio de la pandemia, cerraron más de 3.000 empresas del rubro.
Expertos del sector indicaron que este confinamiento atrasa un leve repunte que se venía advirtiendo en la compra venta de unidades y sobre todo de terrenos para uso agropecuario.
“Lo bueno dentro de esta mala noticia es que hay un horizonte y una fecha para el regreso. No nos enfrentamos a la incógnita de 2020 donde hubo varios meses de inactividad. Las empresas del sector tenían previsto firmar varias operaciones en estos días, y ahora habrá que postergarlas. Esperemos que esta medida ayude a disminuir los contagios y no se prolongue demasiado más en el tiempo”, expresó Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).
Se calcula que, a nivel nacional, sin contabilizar la Capital Federal, hay más de 22.000 inmobiliarias. En muchos casos son empresas familiares, que a veces son atendidas por los propios integrantes del círculo estrecho.
Desde hace algunos días, en la provincia de Santa Fe se había frenado la actividad de las inmobiliarias ante un decreto provincial. El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) había suspendido la atención al público en locales y oficinas. Pero autorizaba, con protocolo de por medio, la firma urgente de contratos de alquiler y venta y posterior entrega de llaves.
Con respecto a la construcción, la obra pública fue declarada como esencial, por lo cual, los trabajos de viviendas seguirán activos; en cambio las privadas, volverían a frenarse al menos hasta el 30 de mayo.
Ricardo Griot, presidente de la comisión de desarrolladores de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), señaló que “todo indicaría que vamos a otro cese de la actividad privada. Estimamos que, de las obras en construcción, la plantilla del universo de trabajadores formales se reparte entre el 50% y 50% entre públicas y privadas”.
Se calcula que, si la construcción privada se frena en el interior, deberían postergarse más de 5.000 obras en las diferentes provincias.
