Tras haber creado una polémica comisión para investigar a los fiscales provinciales, los senadores santafesinos dieron marcha atrás y no conformarán esa instancia que había sido rechazada tanto por miembros del Ministerio Público Fiscal (MPA) como por el gobierno de Omar Perotti.
Después de la repercusión inmediata que tuvo la decisión de la Cámara de Senadores de Santa Fe de crear una comisión para evaluar a los fiscales de la provincia y acceder a las investigaciones en curso, los legisladores de distintos partidos políticos que apoyaron la iniciativa confirmaron este lunes que darán marcha atrás y la decisión quedará en suspenso.
El senador radical por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, confirmó la noticia al portal Aire de Santa Fe: “La comisión no se va a constituir. Nunca pensamos que se generaría este revuelo y jamás tuvimos la intención de interferir en la labor del MPA”.
La comisión de seguimiento de fiscales y defensores fue creada el jueves pasado con el voto de los senadores del bloque NES (PJ), con Armando Traferri a la cabeza, y de la UCR. Entre otras funciones, asignaba la posibilidad de conocer el estado de causas penales, requerir o recibir testimoniales, y denunciar penalmente si se advirtieran infracciones.
El Ministerio Público de la Acusación consideró como una decisión de “gravedad institucional inusitada” la creación de la misma y resaltó a través de un comunicado que está “fuera de todo marco convencional, constitucional y legal y contradice los artículos 5; 6 y 29 de la Constitución Nacional y los artículos 1; 2; 9 y 46 de la Constitución Provincial”.
La creación de la comisión se enmarca en un enfrentamiento entre un sector del Senado, liderado por el peronista Armando Traferri, y el Gobierno provincial.
De hecho, Traferri, quien es investigado por dos fiscales de Rosario en una causa sobre juego ilegal, celebró la resolución “que reafirma que no se puede avanzar en el proceso judicial instaurado contra mi persona, porque ese proceso es inconstitucional”.
En la vereda de enfrente, el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, dijo que, con esa resolución, “quieren controlar investigaciones que comprometen a los factores de poder protegidos por algunos senadores” y opinó que “viola la división de poderes”.
