Este miércoles se cumple un año de la presentación en concurso del grupo Vicentin. La Comisión de Información y Seguimiento de la empresa en la Cámara de Diputados de Santa Fe presentará hoy mismo el informe con toda la información recabada durante el 2020. Entre las conclusiones sostienen que la firma no debería tener problemas para afrontar sus compromisos laborales, que sigue teniendo activos muy valiosos, y que hay indicios del envío del dinero a lo que definió como “guaridas fiscales” como las Bahamas, las Islas Vírgenes y ciertos lugares de Estados Unidos.
La comisión fue conformada mucho tiempo antes de que el tema cobrara notoriedad nacional, a instancias de algunos diputados que propusieron se investigue “lo que parecía, como mínimo, un “desmanejo financiero multimillonario que ponía en peligro a una de las empresas más importantes de la Provincia de Santa Fe”.
En aquella oportunidad la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe votó, sin disidencias, la creación de la “Comisión de Información y seguimiento de la Empresa Vicentin SAIC”, que tuvo como solidez política el ser conformada por legisladores de la totalidad de los bloques políticos que integran la Cámara Baja. La misma está presidida por el justicialista Luis Rubeo, e integrada por Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Betina Florito (Somos Vida) y María Laura Corgniali (PS); y sus colegas Fabián Palo Oliver (UCR), Rubén Giustiniani (Igualdad), Ariel Bermúdez (Creo) y Walter Ghione (Somos Vida y Familia), Mónica Peralta (GEN), Gabriel Real (DP), Gabriel Chumpitaz (PRO) y Oscar Martinez (Frente Renovador).
El informe del año 2020 que se presenta este miércoles incluye los tres informes periódicos que elevo la comisión producto de la investigación y una gran cantidad de entrevistas con los actores involucrados en el “stress financiero” de la cerealera santafesina, cuya situación a un año de la presentación del concurso sigue generando más dudas que respuestas.
A lo largo de las presentaciones preliminares de los informes desde la comisión remarcaron una y otra vez que los tres grandes ejes del trabajo estarían concentrados en que se garanticen los puestos de trabajo, evitar la total extranjerización de la empresa y saber a dónde fue a parar la plata prestada por el Banco Nación. Al día de hoy, con idas y vueltas, se ha garantizado aunque provisoriamente el mantenimiento de las fuentes de trabajo a partir de la autorización por parte del juez Fabian Lorenzini a cargo del concurso de contratos “a fasón” a otras empresas. Una de ellas es Diaz & Forti del Grupo Olio que está suspendida del registro de exportadores por irregularidades en la liquidación de divisas provenientes de la exportación, y sobre la cual sobrevuelan dudas en torno a la fuente de financiamiento que la transformaron desde una pequeña empresa a uno de los grandes exportadores en pocos meses.
Con respecto a la extranjerización de la empresa, a medida que avanza el concurso y no se visualizan muchas más salidas que la quiebra, gana terreno la posibilidad del desmembramiento de los activos de la empresa a manos de los grandes monopolios extranjeros que dominan la agro exportación. En esa línea en enero de este año Lorenzini, verificó 1727 presentaciones de acreedores, sobre un total de algo más de 2638, entre proveedores de granos, entidades financieras, empresas y el Estado nacional.
Pero en el reconocimiento pesificó la mayoría de las acreencias de los productores y corredores de cereales, como es el caso de ACA (el mayor acreedor comercial) y mantuvo en dólares los créditos de los bancos y entidades financieras internacionales, otorgándoles mayor peso a la hora de repartir los restos de Vicentín si se avanza hacia la quiebra.
Finalmente a un año del concurso la pregunta del millón que sigue sin responderse es: ¿Dónde está la plata? En varios pasajes de los informes de la comisión se advierte que esa plata fue fugada del país por diferentes vías.
Un ejemplo es el que aparece en la causa 268/20, caratulada “Sandleris Guido y otros s/ defraudación”, del Registro de la Secretaria N° 20 del Juzgado Federal N°10, Fiscalía Criminal y Correccional Federal N°11 la Unidad de Información Financiera de la República Argentina se presentó pidiendo ser tenida como querellante fundándose en que: “Existen indicios que nos permiten sostener que Vicentín no solo habría simulado su estado de cesación de pago sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero”.
Con respecto a la deuda que mantiene la empresa con el Banco Nación se cita en varios pasajes el informe del director del Banco Nación Claudio Lozano quien afirma que “claramente el “muerto” que la administración Macri – Fraga dejan en el Banco Nación es resultado de una maniobra fraudulenta de la firma en complicidad con la anterior conducción política del país y de la institución financiera”.
Derechos y Humanos
Entre la información recabada se encuentra también la presentación de José Schulman, en carácter de presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, quien querella a la empresa “en función de los graves delitos de lesa humanidad de los que fueran víctimas los habitantes de las localidades de Reconquista y Avellaneda de la Provincia de Santa Fe que trabajaban en la empresa”, durante la última dictadura militar.
Con los gobiernos provincial y nacional retirados prácticamente del debate sobre el destino de la empresa la Comisión es hoy la única instancia política institucional que continúa atenta al desenlace del Concurso Preventivo y de las causas judiciales que rodean al “caso Vicentin”
Agua y aceite
Carlos Del Frade, uno de los miembros más activos de la comisión, publicó el martes un adelanto de su próximo libro sobre el caso titulado “Vicentin. Desaparecedores y fugadores. Capitalismo argentino”. En él recorre 10 puntos para “separar la verdad de la mentira” en el caso de la empresa del norte santafesino.
Según el periodista y legislador el libro “pone de manifiesto la necesidad de definir el rol de la política con los grandes grupos económicos de la Argentina, con aquellos que fueron desaparecedores, endeudados en millones de dólares, desocupadores, fugadores y lavadores de dinero. Tal vez por eso la cifra de delitos económicos en Argentina sigue siendo monumentalmente anoréxica. Porque los grandes partidos, los que tienen el poder político del país y la provincia, suelen mirar para otro lado ante el gran capital”.
“Creyendo que las emulsiones, como el agua y el aceite, pueden permanecer juntas mucho más tiempo que lo que realmente pueden hacerlo”, concluye Del Frade.
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Germán Mangione es periodista.
Artículo originalmente publicado en Rosario Plus.
