Esta semana envió a la Legislatura un proyecto para reemplazar la normativa vigente desde 1961. La iniciativa propone incorporar la oralidad, digitalizar los procedimientos, simplificar los juicios y darle mayor protagonismo a los jueces. El Senado será la Cámara iniciadora del debate.
El gobernador Maximiliano Pullaro abrió un nuevo frente de debate legislativo con el envío de un proyecto para sancionar un nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. La iniciativa busca reemplazar una normativa vigente desde 1961 y transformar las reglas con las que se tramitan los conflictos judiciales en la provincia, con la incorporación de herramientas digitales, mayor oralidad y procedimientos más simples para reducir los tiempos de resolución.
El mensaje lleva las firmas de Pullaro y del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y tendrá al Senado como Cámara iniciadora. Según explicaron desde el Ejecutivo, el texto fue elaborado a partir de un “proceso de discusión técnica y académica” y contempla cinco artículos principales y un anexo de 237 artículos con las nuevas disposiciones.
En concreto, la reforma apunta a adecuar la legislación provincial a los cambios introducidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en agosto de 2015, y a las “transformaciones tecnológicas” que modificaron el funcionamiento de la actividad judicial.
Desde el Gobierno santafesino sostienen que el código actual necesita una “revisión integral” para ofrecer reglas procesales claras y coherentes, que permitan “resolver los conflictos en un tiempo razonable”. En los fundamentos del proyecto remarcan que la actualización busca “fortalecer la tutela judicial efectiva”, “optimizar la gestión de las causas”, “favorecer la conciliación” y “reducir las demoras y cargas procesales que no contribuyan a resolver las controversias”.
“Un sistema procesal moderno debe permitir que quien acude a la justicia conozca con claridad las reglas aplicables, pueda ejercer plenamente su derecho de defensa, participe de un proceso conducido de manera ordenada y obtenga una respuesta fundada sin dilaciones innecesarias”, señala el mensaje del Poder Ejecutivo.
La reforma propone reemplazar el modelo predominantemente escrito de la Justicia Civil y Comercial por uno basado en la oralidad, las audiencias y un mayor protagonismo de los jueces. Los magistrados tendrán un rol más activo en la “conducción de los procesos”, la “producción de pruebas” y la “búsqueda de acuerdos tempranos”, con el objetivo de “reducir demoras y evitar trámites innecesarios”.
Otro de los ejes centrales es la digitalización del sistema judicial, con la incorporación de expedientes electrónicos, notificaciones digitales y nuevas herramientas para producir y valorar pruebas. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tendrá a su cargo la implementación de los sistemas informáticos necesarios para llevar adelante la transformación.
El proyecto también apunta a “simplificar” los juicios civiles y comerciales mediante la unificación de procedimientos y la reducción de trámites especiales. Entre las novedades, incorpora un mecanismo para agilizar el cobro de deudas respaldadas por documentación: el demandado tendrá diez días para cumplir u oponerse y, si no lo hace, podrá dictarse sentencia sin necesidad de un juicio completo. También prevé nuevas herramientas para ejecutar decisiones judiciales y adoptar medidas cautelares sobre bienes y activos digitales.
La iniciativa de Pullaro tiene varios antecedentes legislativos que no lograron convertirse en ley. El primer intento se remonta a 2017, durante la gestión de Miguel Lifschitz, cuando se conformó una comisión para elaborar una nueva normativa. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados en 2018, pero quedó trabado en el Senado. Durante el gobierno de Omar Perotti hubo nuevos intentos y, en 2024, el socialismo volvió a presentar una propuesta propia.
