El empresario Jorge Gentili pidió perdón y aseguró que no tiene fondos para pagar las indemnizaciones. El sindicato rechaza la medida, denuncia una “traición” y la Justicia laboral fijó un cuarto intermedio hasta el lunes en Rosario.
La crisis de la empresa Gentec y su firma asociada Plantium sacudió a Villa Constitución esta semana tras la notificación de 89 despidos. La decisión, comunicada a través de telegramas, impactó de lleno en una planta de aproximadamente 130 empleados locales y quebró de manera abrupta las negociaciones que se venían desarrollando para intentar salvar la fuente laboral. En lugar de los retiros voluntarios que se discutían hasta hace pocos días, los trabajadores se encontraron con despidos sin causa y sin certezas sobre el cobro de sus haberes.
El estado de ánimo en la planta es de desconcierto y enojo. Los empleados decidieron permanecer dentro de las instalaciones en un estado de asamblea permanente, a la espera de una respuesta concreta por parte de los dueños. Con la mirada puesta en la Justicia, la delegación local del Ministerio de Trabajo intervino para mediar en el conflicto, aunque la audiencia inicial derivó en un cuarto intermedio. El encuentro definitivo entre las partes quedó fijado para el próximo lunes 2 de noviembre a las 11 de la mañana en la sede regional de Rosario, con la expectativa de destrabar una situación que amenaza con paralizar por completo la actividad.
En el centro de la tormenta está Jorge Gentili, un empresario de 80 años que supo edificar una compañía modelo en la ciudad, dedicada a la innovación y a la provisión de piezas para el agro. Lejos de esquivar la situación, el titular de la firma atendió a la prensa para dar la cara, con un tono afligido y visiblemente golpeado. “Les pido que me perdonen”, expresó con franqueza, reconociendo que la drástica medida deja a decenas de familias a la deriva.
A lo largo de la entrevista, Gentili relató con crudeza el proceso que lo llevó a esta determinación. Explicó que desde principios de año atravesaron una “situación económica y financiera asfixiante” que no logró revertirse con las expectativas que genera una buena cosecha. Al contrario, el contexto fue adverso: sus principales clientes, como Metalfor, Pauny y AGCO, arrastraron los mismos problemas del sector, devolviendo cheques o paralizando compras. Sumó a esto el impacto inflacionario y un tipo de cambio que encareció la producción frente a un mercado interno deprimido. “Fui sacando crédito porque no vendíamos lo que necesitábamos. Llegué a un límite que no puedo más”, confesó, al tiempo que aseguró tener deudas millonarias con bancos, proveedores y el fisco.
El empresario insistió en que su preocupación por el bienestar de su personal siempre fue una prioridad en sus décadas de gestión. Mencionó con orgullo mejoras edilicias como los galpones térmicos y el aire acondicionado en los puestos de trabajo, y contó que siempre otorgó más días de los estipulados por ley para licencias por paternidad o maternidad. “Hice todo lo que mejor pude, no quiero contaminar, siempre busqué que esta sea una empresa que se destaque”, afirmó. Pese a haber intentado vender la compañía a capitales extranjeros en el último año y medio para evitar el colapso, ninguna de las operaciones prosperó.
Frente al futuro, Gentili sostuvo que la intención es mantener a un grupo reducido de trabajadores para intentar reflotar la firma y, en caso de lograrlo, honrar las indemnizaciones adeudadas. “La idea es quedarme con un grupo de gente más chica y con ese grupo rehacer la empresa de nuevo. Ojalá pueda remontar y después pagarle a todo el mundo”, expresó. Sobre su propia imagen, no dudó: “Mi imagen no me importa, me importan los chicos. No tengo otra salida, no hay plata para poder seguir”.
La reacción sindical y el camino legal
La posición de los trabajadores y del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) dista de la resignación. Fulvio Monti, secretario general del gremio, calificó la decisión de la empresa como una “traición” y denunció que actuaron “a espaldas” de la gente y de la organización. Según relató, el personal venía acompañando con enorme esfuerzo y tolerancia los retrasos salariales durante meses, con la esperanza de que las negociaciones y la posible llegada de inversores extranjeros pusieran a la firma a flote.
“Veníamos hablando de retiros voluntarios, de acuerdos, y en lugar de eso nos enteramos de que había 89 telegramas”, cuestionó Monti. Desde el gremio advierten que la firma no cuenta con el respaldo financiero para afrontar los pagos de las indemnizaciones de trabajadores con antigüedades de hasta 20 años, y rechazan de plano la idea de que la compañía pueda continuar operando en estas condiciones. Consideran que las deudas son cuantiosas y que la única manera de garantizar los derechos de los empleados podría ser una declaración de quiebra.
Con la paciencia agotada, el sindicato presentó las denuncias correspondientes ante la cartera laboral y exigió la inmediata reincorporación de los despedidos. En la audiencia celebrada en el Ministerio de Trabajo, la entidad propuso que la empresa abone una suma de 1.500.000 pesos y un bono de compra de mercaderías de 500.000 pesos para noviembre y diciembre, una oferta que la firma se tomó un tiempo para evaluar. Hasta tanto no haya una resolución favorable, los trabajadores advirtieron que no se moverán de la planta y que iniciarán todas las acciones legales pertinentes, dejando en claro que si la empresa cae, la prioridad absoluta será que los empleados cobren lo que les corresponde.
