La federación empresaria cuestiona una tasa del 2% sobre el combustible y una concesión a 20 años para dos pórticos de pesaje y control. Pidió la intervención del Ministerio de Economía de la Nación y una cautelar que suspenda los cobros.
La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) presentó el 17 de septiembre una denuncia administrativa contra el municipio de Ramallo por lo que considera un cobro irregular de peajes y tasas vinculadas al tránsito pesado. La entidad solicitó una reunión urgente y presencial con la Secretaría de Transporte y reclamó la intervención del Ministerio de Economía de la Nación para impulsar medidas que suspendan el esquema cuestionado.
Son dos los mecanismos observados. El primero es una tasa vial del 2% sobre cada litro de combustible vendido en el distrito, aprobada por el Concejo Deliberante en diciembre de 2025 y vigente desde enero de 2026, con las estaciones de servicio como agentes de retención.
El segundo surge de la Licitación Pública N° 3/25, que adjudicó a Plus Byte SRL una concesión a veinte años para instalar dos pórticos con pesaje dinámico y control por TAG RFID, a cambio del mantenimiento de un tramo de unos 5,1 kilómetros que incluye bacheo, iluminación, señalización y corte de pasto. Uno de los pórticos estaría en la conexión con la zona industrial de Sánchez y el Parque Cormisa.
Según la denuncia de FADEEAC, la normativa prevé hasta $25.000 por cada ingreso a la playa municipal o predios privados, y hasta $37.000 por control de pesaje, a cargo de las empresas titulares de los vehículos. El impacto sería significativo por el volumen de la zona: solo Ternium Argentina registra unos 10.000 ingresos mensuales, sin contar las demás empresas.
La entidad aclaró en su presentación que no discute las competencias municipales sobre el tránsito local ni la facultad de fiscalizar pesos y dimensiones. Su planteo es que las tasas deben guardar vinculación directa y proporcional con el servicio efectivamente prestado, y no ser análogas a tributos nacionales o provinciales.
Sobre el combustible, sostuvo que el esquema podría chocar con el régimen de Coparticipación Federal y con normas de financiamiento vial, y citó el caso “Cantaluppi” de la Corte Suprema. Respecto de los camiones, argumentó que si el paso por esos kilómetros implica un pago obligatorio, el mecanismo adquiere características de peaje, competencia que correspondería a la Nación o a la provincia. También objetó que los fondos no tendrían afectación específica.
El pedido concreto de FADEEAC incluyó la intervención del Ministerio de Economía, el inicio de acciones legales, una medida cautelar que suspenda los cobros y la derogación de la ordenanza.
