El operativo que se realizó este jueves involucró a efectivos de distintas dependencias policiales y del Servicio Penitenciario. Con la salida de los internos, 57 personas continúan alojadas en el Módulo de Detención Transitoria de la Unidad Regional VI.
Un importante operativo se concretó durante la mañana de este jueves en Villa Constitución para trasladar a 30 detenidos que permanecían alojados en el Módulo de Detención Transitoria (MDT) de la Unidad Regional VI hacia establecimientos penitenciarios de la provincia de Santa Fe. El procedimiento demandó un amplio despliegue de las fuerzas policiales y del Servicio Penitenciario Provincial, y se inscribe en una estrategia provincial que busca descomprimir las dependencias policiales que alojan a personas privadas de la libertad.
El operativo comenzó temprano, con la presentación del personal afectado a las 5:30, y contó con la participación de efectivos de la Agrupación Unidades de Orden Público (AUOP), personal del MDT, Comando Radioeléctrico, Brigada de Orden Urbano (BOU), Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Sección Motorizada, el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) y el Servicio Penitenciario Provincial. La supervisión estuvo a cargo de la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el director general del Régimen Correccional, Darío Rossini; y los jefes de la Unidad Regional VI, Julio Schwindt y Ceferino Cuevas.
El dispositivo contempló la extracción de los 30 internos de las instalaciones del MDT para su posterior traslado hacia los centros de detención correspondientes. Los internos fueron distribuidos en establecimientos de Recreo, Piñero y Coronda, de acuerdo con su perfil criminológico y las disposiciones del Servicio Penitenciario, y también se prevén movimientos internos entre esas cárceles para optimizar la disponibilidad de plazas.
Con la salida de los 30 internos, un total de 57 personas continúan alojadas en el Módulo de Detención Transitoria de la Unidad Regional VI.
Según se informó, el traslado realizado en Villa Constitución forma parte de una serie de procedimientos similares que ya se habían llevado a cabo en otras localidades de la provincia, en el marco de una política que busca que las dependencias policiales no alojen a personas privadas de la libertad, ya que ello afecta directamente la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. El argumento central de las autoridades provinciales es que, mientras los policías destinan recursos y personal al cuidado permanente de detenidos, dejan de concentrarse en las tareas para las cuales fueron asignados: prevención, patrullaje y respuesta ante situaciones de inseguridad.
