La nueva normativa baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y reemplaza el régimen vigente desde 1980. La medida, que generó un intenso debate en el Congreso y la sociedad, busca equilibrar la “responsabilidad” juvenil con la “reeducación”, aunque organizaciones de derechos humanos advierten sobre un retroceso en las garantías para los menores.
Desde este lunes, Argentina tiene un nuevo paradigma en su sistema de justicia juvenil. El flamante Régimen Penal Juvenil, oficializado mediante el decreto 138/2026 tras su aprobación en el Congreso, entró en vigencia y modifica de raíz la manera en que se juzga y sanciona a los menores de edad que cometen delitos.
La norma, uno de los proyectos de mayor impacto social impulsados por el gobierno de Javier Milei, marca un antes y un después al establecer que los jóvenes de entre 14 y 18 años ya son considerados penalmente responsables por sus actos, un cambio que reemplaza el umbral anterior de los 16 años que regía desde la sanción de la ley 22.278 durante la última dictadura cívico-militar.
El corazón de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, un punto que dominó la agenda legislativa durante meses y que fue defendido por el oficialismo como una respuesta necesaria a una creciente percepción de inseguridad. El proyecto original del Ejecutivo proponía incluso bajarla a los 13 años, pero el límite se fijó finalmente en 14 tras las negociaciones con sus aliados de PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), quienes advirtieron que bajar más el piso carecía de sustento científico y político, además de implicar un costo operativo inasumible para el sistema penitenciario.
Desde la vereda opuesta, defensores de los derechos de la infancia como la organización Defensa de Niños y Niñas Internacional (DCI) calificaron la medida como un “retroceso” que “criminaliza a los más jóvenes” en lugar de abordar las causas estructurales de la delincuencia. La DCI recordó que las observaciones del Comité de los Derechos del Niño de la ONU para 2024 instaban al país a mantener la edad en 16 años y a promover medidas restaurativas en lugar de punitivas.
Penas y alternativas: un sistema de “escalas”
El nuevo régimen no se limita a bajar la edad, sino que establece un novedoso sistema de sanciones graduales. La ley establece que la privación de la libertad debe ser el “último recurso” y aplicarse por el “plazo más breve posible” . En su lugar, se priorizan medidas alternativas que los jueces podrán aplicar según la gravedad del delito:
Para delitos menores (pena de hasta 3 años): se podrán dictar penas como amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, restricción para conducir, prohibición de salir del país o trabajos comunitarios.
Para delitos de mediana gravedad (pena de 3 a 10 años), el juez puede optar por alternativas como el monitoreo electrónico o la inhabilitación para asistir a ciertos lugares.
Sin embargo, para los delitos graves como homicidio, violación, secuestro o robo violento, la ley contempla el encierro efectivo. En estos casos, la pena máxima es de 15 años de prisión, y se prohíbe explícitamente la cadena perpetua.
Un punto destacado es que la ley permite que, una vez cumplidos dos tercios de la condena, el menor pueda acceder a la libertad condicional, y también se habilita la figura de la “crianza” supervisada en casos de penas de hasta 3 años.
Un nuevo sistema con un presupuesto millonario
La implementación del nuevo régimen demandó una inversión significativa. El gobierno nacional destinó un presupuesto de más de 23.739 millones de pesos para la puesta en marcha del sistema, donde la mayor parte de los fondos (más de 20 mil millones) se asignarán a la Defensa Pública para garantizar la representación legal de los adolescentes, mientras que unos 3 mil millones serán para la creación de nuevos cargos de “supervisores” especializados en pedagogía y psicología juvenil.
La oposición, sin embargo, cuestionó la suficiencia de estos fondos. Los legisladores advirtieron que, distribuidos en las 24 jurisdicciones del país, el dinero podría no alcanzar para construir los centros de detención especializados (separados de las cárceles de adultos) que exige la nueva ley, lo que generaría un cuello de botella en su aplicación práctica.
El camino hacia la ley y su implementación
La sanción del Régimen Penal Juvenil no fue sencilla. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 13 de febrero con 149 votos a favor y 100 en contra, y posteriormente ratificado en el Senado el 1 de marzo con 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención . La discusión estuvo marcada por la presencia en el recinto de la madre de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado en Santa Fe, cuyo caso se convirtió en un símbolo para los impulsores de la reforma.
Con la entrada en vigencia de esta normativa, la justicia argentina deberá ahora adaptarse a un nuevo paradigma que promete ser más severo en el papel, pero que enfrenta el enorme desafío de cumplir con su cometido “reeducativo” sin que el sistema colapse o termine profundizando la exclusión de los adolescentes en conflicto con la ley.
