Fabrizio Trossero, abogado especializado en Derecho y Discapacidad y miembro de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (Faca), advierte que el colectivo “está cada vez más complicado” y denuncia el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El Gobierno nacional eliminó los subsidios a las empresas de transporte para que puedan ofrecer pasajes gratuitos a personas con discapacidad, una medida que mantiene la obligatoriedad del beneficio pero traslada el costo a las empresas sin ninguna compensación económica. Para Fabrizio Trossero, abogado especializado en Derecho y Discapacidad y miembro de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (Faca), se trata de un “nuevo ataque de un gobierno perverso a un sector que está cada vez más complicado”.
El especialista, que también es persona con discapacidad, advirtió que el colectivo “se encuentra mucho peor que el año pasado” y enumeró una serie de retrocesos en las políticas públicas. “La Andis fue disuelta y absorbida por el Ministerio de Salud, por lo que las personas con discapacidad ya no tienen un organismo propio donde reclamar sus derechos”, explicó. A esto se suman las auditorías masivas a las Pensiones No Contributivas por invalidez, que derivaron en la suspensión y baja de decenas de miles de pensiones, y las modificaciones en los criterios de elegibilidad que subordinan el derecho a la comprobación de vulnerabilidad extrema.
Trossero recordó que el Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras insistir ante los vetos del presidente, pero denunció que la norma no se cumple. “Las prepagas no cubren el transporte a los centros de día y a las escuelas especiales, y algunos municipios se ven obligados a hacer de mediadores”, ejemplificó con el caso de Venado Tuerto, donde el municipio adquirió vehículos para trasladar a los niños.
El abogado advirtió que el gobierno nacional busca llevar la Ley de Emergencia en Discapacidad a la Corte Suprema para derogarla. “Estamos sufriendo cada vez más. Las familias no solo se sienten desprotegidas, sino atacadas por un Estado que debería hacer lo contrario”, concluyó.
Las organizaciones del sector advierten que la falta de transporte, cobertura y medicamentos está profundizando el deterioro de la salud de las personas con discapacidad, que dejan de concurrir a terapias y centros de día por falta de recursos.
