La totalidad del cuerpo de concejales de Villa Constitución presentó este martes un proyecto de ordenanza que exige al Departamento Ejecutivo Municipal garantizar el acceso institucional a todos los módulos del sistema de gestión UNIRE en modalidad “sólo lectura”. La iniciativa será tratada en la sesión ordinaria de este miércoles, junto con una presentación individual del concejal Francisco Bracalenti que intima al intendente a restituirle los permisos que le fueron retirados de manera intempestiva.
El conflicto expone una tensión latente entre los dos poderes del Estado local en torno al control de la administración municipal. Los concejales sostienen que el acceso a la plataforma digital, que centraliza información sobre ejecución presupuestaria, compras, contrataciones, proveedores, recursos humanos y sueldos, es una herramienta indispensable para fiscalizar la marcha del Ejecutivo, tal como lo establecen la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades.
El proyecto presentado por los ocho concejales —independientemente de su signo político— establece que el Departamento Ejecutivo dispone de un plazo de 30 días para instrumentar los mecanismos técnicos que permitan a cada edil acceder al sistema con credenciales personales e intransferibles. La norma aclara que el acceso será exclusivamente consultivo, quedando prohibida cualquier modificación o intervención en los procesos administrativos.
En los fundamentos, los legisladores recordaron que el sistema republicano consagra la división de poderes y que el Concejo Municipal tiene atribuciones expresas de control, fiscalización y análisis de las cuentas públicas.
Bracalenti reclama por vía administrativa
En paralelo, el concejal Francisco Bracalenti (PS-Unidos) presentó un escrito dirigido al intendente Jorge Berti, en el que lo intima a restituir en un plazo de cinco días hábiles los permisos de acceso que le fueron retirados “de manera intempestiva y arbitraria” a mediados de febrero. Según su relato, tras asumir en diciembre de 2023 contaba con acceso a la mayoría de los módulos del sistema, pero esa posibilidad le fue revocada sin aviso ni acto administrativo de por medio.
Bracalenti detalló que realizó reclamos informales ante el Secretario de Finanzas y Administración, Mauro Puccini, y ante la Directora de Gestión y Administración Presupuestaria, Pilar Hoiak, sin obtener una solución favorable. Según se indica en la nota, Hoiak le respondió en un correo del 16 de marzo, que “te van a dar la respuesta con permisos correspondientes”, pero a la fecha no se habría concretado.
El concejal advierte que la negativa afecta sus facultades de contralor y lo deja en situación de indefensión, por lo que hace reserva de promover acciones de amparo judicial.
Un debate institucional de fondo
El tratamiento de ambos expedientes en la sesión de mañana pondrá sobre la mesa una discusión clave para el funcionamiento democrático del municipio: hasta dónde puede el Ejecutivo limitar el acceso a la información que el Legislativo necesita para auditar la gestión.
Los concejales advierten que el sistema UNIRE no es “propiedad privada del intendente”, sino un archivo público digital. El Departamento Ejecutivo, hasta ahora, solo ofreció excusas vinculadas a “actualizaciones de software” y “evaluaciones legales” que los ediles consideran dilatorias.
