Se aprobó la reforma de Glaciares que habilita actividades productivas en zonas antes protegidas

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En una sesión extensa y atravesada por fuertes cruces, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa promovida por el oficialismo que recorta los alcances de la protección ambiental vigente. El debate se prolongó durante más de 11 horas.

El proyecto fue aprobado con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, en especial aquellos vinculados a distritos con intereses mineros. Desde el inicio de la jornada, el oficialismo confiaba en contar con los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa.

La reforma apunta a redefinir qué áreas quedan bajo protección y cuáles pueden ser habilitadas para el desarrollo de actividades económicas, con foco en la explotación de recursos. Sus impulsores argumentan que la ley anterior generaba ambigüedades respecto del dominio de los recursos naturales, cuya titularidad corresponde a las provincias.

El oficialismo no solo consolidó a sus aliados habituales, sino que también sumó votos de sectores opositores. Entre ellos, los diputados sanjuaninos de Unión por la Patria, Cristian Andino y Jorge Chica, acompañaron el proyecto. Las abstenciones correspondieron a legisladores del MID y de La Neuquinidad.

Del otro lado, el rechazo fue amplio y heterogéneo. La mayoría de Unión por la Patria, junto a la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros espacios, votaron en contra. Las críticas se centraron en el impacto ambiental de la medida y en su posible inconstitucionalidad.

Uno de los cuestionamientos más duros provino de Miguel Ángel Pichetto, quien advirtió que la norma será impugnada judicialmente. Según planteó, la reforma implica un retroceso en la protección de ecosistemas sensibles y vulnera principios básicos del derecho ambiental.

Con esta votación, el Gobierno consiguió una victoria parlamentaria relevante y avanzó con un cambio de alto impacto en la regulación ambiental, en un contexto de fuerte debate sobre los límites entre desarrollo productivo y preservación de recursos naturales.