En los Tribunales Provinciales de Villa Constitución dio inicio este miércoles el juicio oral contra Alan A., un hombre de 32 años acusado de haber abusado sexualmente de su propia hija desde que la niña tenía 8 años, en hechos que se habrían prolongado durante varios años y que incluyeron acceso carnal y abusos gravemente ultrajantes. El tribunal está presidido por la jueza de primera instancia Griselda Strologo.
La fiscalía, representada por el doctor Ramiro Martínez, atribuye al imputado los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por ser ascendiente de la víctima y por la convivencia preexistente. Los hechos, ocurridos en un número indeterminado de veces entre 2019 y mayo de 2024, son imputados en concurso real, lo que implica que se trata de múltiples episodios independientes. Además, se le imputan dos hechos de desobediencia a órdenes judiciales, también en concurso real. La fiscalía solicitó una pena de 18 años de prisión efectiva.
Según la acusación fiscal, los abusos con acceso carnal habrían comenzado cuando la víctima tenía 8 años, aproximadamente en 2019, y se habrían extendido hasta el sábado 11 de mayo de 2024, fecha del último hecho denunciado. Todos los episodios habrían ocurrido en los domicilios donde el acusado convivía con la niña en la ciudad de Villa Constitución, en momentos en que se encontraban a solas, sin la presencia de su pareja ni de la madre de la víctima.
Además de los accesos carnales, la fiscalía imputa al acusado haber cometido abusos sexuales gravemente ultrajantes contra la misma víctima, que le habrían provocado moretones en labios y manos. Estos hechos también habrían ocurrido desde 2019 hasta mayo de 2024, en similares circunstancias de soledad y convivencia.
Desobediencia a órdenes judiciales
La acusación también incluye dos episodios de desobediencia ocurridos con posterioridad a la denuncia. Según se imputa, el 4 de septiembre de 2024, Alan A. habría violado una orden judicial de prohibición de acercamiento que le impedía todo contacto con la víctima.
La resolución judicial, dictada bajo apercibimientos de ley, le prohibía acercarse a cualquier lugar donde la niña habite, trabaje, estudie o simplemente se encuentre, incluso en la vía pública, así como abstenerse de comunicarse con ella por cualquier medio.
Un proceso que busca justicia
El juicio oral se extenderá en los próximos días con la producción de pruebas y los alegatos finales. La gravedad de los delitos imputados, la condición de ascendiente del acusado y el extenso período durante el cual se habrían cometido los abusos convierten a esta causa en un caso de alta sensibilidad, que mantiene en vilo a la comunidad local.
El tribunal deberá evaluar las pruebas presentadas por la fiscalía, los testimonios de las partes y los argumentos de la defensa para determinar la culpabilidad o inocencia del imputado. La pena solicitada, de 18 años de prisión, refleja la calificación legal de los hechos y el grado de responsabilidad que la acusación atribuye al imputado.
