El proyecto de “austeridad legislativa” presentado por los concejales de La Libertad Avanza, Matías Tomasi y Marianela De los Santos, fue duramente cuestionado por errores jurídicos, inconsistencias técnicas y datos falsos que debilitan seriamente la viabilidad de la iniciativa.
Durante la sesión ordinaria del miércoles, el proyecto de Ordenanza presentado por los concejales de La Libertad Avanza, Matías Tomasi y Marianela De los Santos, destinado —según sus autores— a introducir criterios de “eficiencia y austeridad” en el funcionamiento del Concejo Municipal de Villa Constitución, provocó un intenso debate.
La iniciativa, que propone una serie de medidas para reducir gastos legislativos y reasignar supuestos ahorros al financiamiento de guardias pediátricas, fue duramente cuestionada por concejales de distintos bloques, quienes señalaron errores jurídicos, inconsistencias normativas y afirmaciones falsas incluidas en los fundamentos del proyecto.
A lo largo de la discusión, varios ediles coincidieron en que la propuesta presenta serias deficiencias de técnica legislativa y que, tal como está redactada, resulta de muy difícil aplicación.
La propuesta de La Libertad Avanza
Durante la presentación del proyecto, el concejal Matías Tomasi defendió la iniciativa señalando que responde a una demanda social de austeridad en el funcionamiento del cuerpo legislativo. “Lo decimos atento a las exigencias de nuestros vecinos y también a una demanda del Departamento Ejecutivo respecto a una readecuación del presupuesto de este Concejo, que tiene que ver —como lo dice el título— con austeridad y eficiencia para la función legislativa”, sostuvo.
Entre otros puntos, el proyecto plantea:
- trasladar el Concejo al Palacio Municipal para evitar el pago de alquiler del edificio actual;
- limitar a un secretario por bloque político;
- cubrir la Secretaría Administrativa mediante concurso interno;
- reducir cargos administrativos;
- eliminar gastos como catering o pauta publicitaria;
- y destinar los ahorros generados al financiamiento de la guardia pediátrica del hospital local.
Tomasi también justificó la iniciativa comparando el funcionamiento del Concejo local con el de la vecina ciudad de San Nicolás. “El Concejo Deliberante de San Nicolás funciona con cinco empleados de planta siendo veinte los ediles que están cumpliendo funciones. Creemos que nosotros también tenemos que obrar en ese sentido y responder a las exigencias de los vecinos”, afirmó.
El concejal libertario cuestionó además lo que consideró gastos innecesarios dentro del cuerpo deliberativo. “Vemos como totalmente innecesarios los gastos de catering y también lo que consideramos un despilfarro en pauta publicitaria”, expresó.
Finalmente, defendió la idea de redirigir los ahorros al sistema de salud. “Proponemos que las erogaciones que se puedan ahorrar se destinen para cubrir los gastos de la guardia pediátrica del hospital que nos exigen todos los vecinos desde hace mucho tiempo”, argumentó.
Un proyecto cuestionado desde el inicio
Las críticas comenzaron apenas iniciada la discusión. La concejala Evelyn Casa, del bloque Unión por la Patria, fue una de las primeras en cuestionar la calidad jurídica de la propuesta. “Cuando lo leí me pareció más bien un catálogo de deseos, porque forma de norma jurídica esto no tiene”, afirmó.
Casa señaló que el proyecto mezcla cuestiones que corresponden a distintos instrumentos normativos y que, de aprobarse tal como está redactado, generaría problemas administrativos. “Si se pretende la rescisión de un contrato hay que dictar la norma rescindiendo el contrato de alquiler y disponiendo dónde va a funcionar el Concejo. No se trata de poner ‘establézcase’ y listo”, explicó.
También cuestionó la forma en que se pretende modificar la estructura administrativa del Cuerpo. “El régimen de secretarías de bloque requiere modificar el organigrama, el reglamento interno y las partidas presupuestarias. No se trata de ‘saquemos, saquemos, saquemos’”, señaló.
Para la concejala, uno de los puntos más problemáticos del proyecto es el denominado fondo de reasignación. “Dicen que van a generar un ahorro, pero después proponen reasignarlo para pagar la guardia pediátrica. Entonces no hay ahorro: hay reasignación de fondos. Tratemos las cosas con su nombre”, remarcó.
Cuestionamientos por la exposición de una empleada
El concejal Francisco Bracalenti, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, criticó especialmente que el proyecto mencione a una empleada del Concejo al plantear la eliminación de un cargo administrativo. “Me parece de mal gusto exponer con nombre y apellido a una empleada de esta institución y hablar de eliminar su cargo”, expresó.
Bracalenti también cuestionó una contradicción central del proyecto: la propuesta de reducir secretarías de bloque cuando los propios autores podrían hacerlo sin necesidad de una ordenanza. “Si consideran que sobra un secretario, podrían dar el ejemplo y eliminar ese cargo con una simple firma en su propio bloque”, señaló.
Críticas por errores jurídicos
Las observaciones más duras desde el punto de vista legal llegaron del concejal Nicolás Rubicini, del bloque Juntos Avancemos. En primer lugar, cuestionó el uso de la palabra “prohibir” para impedir la renovación del contrato de alquiler del edificio donde funciona el Concejo. “Les encantan las palabras prohibir, restringir, eliminar… pero hay un contrato vigente aprobado por ordenanza. Hay que cumplir con los contratos de ley. Una ordenanza posterior no puede simplemente prohibir una renovación contractual”, explicó.
También recordó que la organización interna del Concejo está regulada por su reglamento y no por ordenanzas. “Una ordenanza no puede regular la organización interna del Concejo. Sería como que el intendente nos dijera cómo tenemos que sesionar o cómo debemos votar”, sostuvo.
El edil fue particularmente crítico con la falta de rigor jurídico del proyecto. “La falta de conocimiento excede. Hay errores graves en todos los artículos”, afirmó.
Debate sobre el funcionamiento del Concejo
La concejal Carla Bertero, de Unidos para Cambiar Santa Fe, sostuvo que el proyecto parte de un diagnóstico equivocado sobre el funcionamiento del Cuerpo. “Hace tres meses que asumieron y ya hace un año que sabían que iban a ser concejales. A esta altura no se pueden presentar proyectos de esta manera”, expresó.
Bertero recordó que el Concejo ya funciona con una estructura administrativa reducida. “Este Concejo llegó a tener diez empleados. Hoy hay siete. Estamos trabajando con la mínima cantidad de personal”, explicó.
Y rechazó algunas afirmaciones que se difundieron públicamente. “Nunca se pagó catering en las reuniones de comisión. Cuando el trabajo es largo cada concejal se compra su comida como en cualquier trabajo”, señaló.
Para la concejala, el proyecto termina perjudicando a la institución. “Hay muchas cuestiones que terminan denigrando al Concejo. Tenemos que fortalecer la institución y no debilitarla”, afirmó.
Un argumento basado en un diagnóstico falso
Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es el destino propuesto para los supuestos ahorros: financiar guardias pediátricas en el hospital local. El problema es que ese argumento parte de una premisa incorrecta.
En el Hospital SAMCo de Villa Constitución la atención pediátrica de guardia está garantizada las 24 horas, los siete días de la semana, y además existen pediatras en los cinco centros de atención primaria distribuidos en los barrios de la ciudad, que funcionan en horario extendido.
Por lo tanto, el planteo de que el hospital carece de guardia pediátrica permanente no se corresponde con la realidad sanitaria local.
Un debate que deja interrogantes
El proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza se inscribe en una línea discursiva que la fuerza política instaló durante la campaña electoral: la reducción del gasto político.
Sin embargo, la discusión en el recinto dejó en evidencia las dificultades del bloque para traducir ese discurso en propuestas legislativas técnicamente sólidas.
Las críticas no se limitaron a diferencias ideológicas. Por el contrario, varios concejales coincidieron en que el problema central es la debilidad jurídica del proyecto, que mezcla cuestiones presupuestarias, administrativas y reglamentarias en una sola iniciativa.
En ese contexto, el debate terminó exponiendo una contradicción incómoda para quienes se presentaron ante el electorado como una alternativa política basada en la eficiencia y la rigurosidad institucional.
Por ahora, el proyecto quedó envuelto en una fuerte polémica dentro del recinto y fuera de él. Y dejó una pregunta abierta en la escena política local: si el bloque libertario podrá convertir sus consignas de campaña en propuestas legislativas consistentes o si continuará acumulando tropiezos en su breve experiencia parlamentaria.
Imagen ilustrativa modificada digitalmente.
