El Concejo rechazó la Tributaria 2026, pero no frenó los aumentos en la Tasa Única de Servicios

Villa Constitución

La sesión autoconvocada del jueves en el Concejo Municipal de Villa Constitución dejó una escena inédita —y difícil de explicar a la ciudadanía—: el proyecto de Ordenanza Tributaria 2026 enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal fue rechazado porque ninguno de los tres dictámenes alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación. En consecuencia, seguirá vigente la Ordenanza Tributaria 2025.

Lejos de significar una “derrota” automática del intendente Jorge Berti, el desenlace abre un escenario complejo y, paradójicamente, más funcional al Ejecutivo de lo que muchos suponen. Porque la norma reconducida habilita al DEM a actualizar la Tasa Única de Servicios mediante la fórmula polinómica vigente, con el tope del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el IPEC. Es decir: las tasas no pueden aumentar por encima de la inflación, pero sí pueden ajustarse automáticamente en función de variables como el precio de la nafta, el costo de la hora de camión, los gastos de recolección de residuos y las variaciones salariales municipales.

El resultado, entonces, no implica que no habrá aumentos. Todo lo contrario: si el Ejecutivo así lo decide, puede aplicar el coeficiente resultante del segundo semestre de 2025 y trasladarlo a las boletas que comenzarán a emitirse en los próximos días. La decisión es política. La facultad, hoy, está intacta.

Tres dictámenes, ningún acuerdo

La definición quedó estancada tras una semana de intensa discusión en la Comisión de Hacienda, Economía y Desarrollo. El martes previo a la sesión se firmaron tres dictámenes distintos:

Uno impulsado por el oficialista Nicolás Rubicini (Juntos Avancemos), acompañado por Evelyn Casa (Unión por la Patria) y Andrés Avilé (Inspirar).

Otro del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, integrado por Diego Martín y Francisco Bracalenti, que en la votación fue acompañado por la presidenta del Cuerpo, Carla Bertero.

Un tercer despacho presentado por Matías Tomasi y Marianela De los Santos (La Libertad Avanza).

Las negociaciones continuaron hasta el jueves por la mañana. De hecho, la sesión comenzó una hora más tarde de lo previsto y el expediente incluso pasó a cuarto intermedio como último intento de acercamiento. Pero no hubo acuerdo.

Al momento de votar, dos dictámenes obtuvieron tres votos positivos y el restante, dos. Ninguno alcanzó la mayoría requerida. El proyecto quedó rechazado y, por reglamento, no podrá volver a tratarse durante el año en curso.

Lo que se discutía

La Ordenanza Tributaria no es —como suele decirse erróneamente— “impositiva” en sentido estricto, ya que los municipios no crean impuestos sino tasas, derechos y contribuciones. Pero su importancia es central: fija el valor de los tributos que sostienen el funcionamiento del Estado local.

Entre los puntos más conflictivos estuvieron:

  • La delegación de facultades al intendente para ajustar tasas mediante la fórmula polinómica.
  • La alícuota y los mínimos del Derecho de Registro e Inspección (DREI).
  • La contribución destinada al sistema de salud pública y el esquema de la Unidad de Gestión.
  • La sobretasa por baldío.
  • La recategorización o rezonificación.

Paradójicamente, los tres dictámenes introducían modificaciones al proyecto original del DEM. Incluso, en varios ítems, implicaban una merma respecto de las pretensiones iniciales del Ejecutivo. Y, sin embargo, la oposición —que hoy es mayoría en el Concejo— no logró confluir en una posición común.

El resultado es llamativo: al no aprobarse la Tributaria 2026, no se eliminaron artículos que suponían una carga para el contribuyente (como los sellados por inscripciones de habilitaciones comerciales, anexo de rubros, etc.) y que el propio Ejecutivo había decidido retirar en su nuevo proyecto. Tampoco se aplicarán los límites que la oposición decía querer imponerle al DEM. Lo que quedó en pie es, precisamente, la norma que delega en el intendente la posibilidad de aumentar la Tasa Única de Servicios por fórmula.

Un rechazo que no es victoria

Desde el bloque Unidos, Francisco Bracalenti lamentó que la falta de acuerdo haya significado “un paso más en el deterioro institucional” y advirtió que la reconducción de la ordenanza 2025 deja vigente una facultad que su espacio ya había rechazado el año pasado. También habló de una “victoria pírrica”, porque lo que se buscaba evitar —la discrecionalidad en el aumento— no se logró.

Desde La Libertad Avanza, Matías Tomasi defendió su dictamen como una respuesta a las demandas de los vecinos, con reducción de categorías y eliminación de la sobretasa por baldío, y consideró que no se escuchó el reclamo ciudadano.

En la sesión, Nicolás Rubicini calificó lo ocurrido como “una jornada tristísima” y cuestionó inconsistencias en los otros despachos, al tiempo que defendió su propuesta de mantener la fórmula polinómica con tope del IPC y ajustes en intereses y mínimos.

Por su parte, la presidenta del Concejo, Carla Bertero, reconoció que “no estábamos tan lejos” en varios puntos, pero que hubo cuatro ejes donde las posiciones fueron rígidas. Señaló que el Ejecutivo puede ahora hacer uso de la fórmula vigente y remarcó que es la primera vez que una tributaria resulta rechazada.

En ese contexto, Bertero dejó una definición con destinatario claro al referirse al bloque de La Libertad Avanza, indicando que esta experiencia debería servir para que los concejales más nuevos comprendan que la tarea legislativa no se construye desde consignas ni posiciones inamovibles, sino a partir del diálogo y la cesión recíproca. Remarcó que no se puede pretender que un dictamen prospere tal como fue redactado originalmente sin aceptar modificaciones, y sostuvo que la responsabilidad institucional exige priorizar el funcionamiento del Estado por encima de las identidades partidarias.

La crónica de un desenlace anunciado

Seguramente —es una conjetura razonable— el apuro por votar tuvo que ver con la inminente emisión de tasas y con la necesidad de habilitar el pago anual con descuento, además de responder a las críticas del oficialismo sobre la falta de celeridad del Concejo. Pero llevar tres dictámenes irreconciliables al recinto sin garantías mínimas de mayoría fue, como mínimo, imprudente.

Había herramientas reglamentarias para evitar este desenlace. Incluso sobre el final, cualquier edil podría haber solicitado el regreso del expediente a comisión, como ha ocurrido en otras oportunidades. Nadie lo hizo. Todos sabían cómo iba a terminar.

En algunos sectores políticos locales circula la idea de que el escenario pudo haber sido funcional al Ejecutivo: los cambios que pretendía la oposición implicaban una reducción significativa de ingresos, mientras que la reconducción de la 2025 mantiene la herramienta de actualización automática. Es, por ahora, solo una lectura política. Lo cierto es que el resultado favorece esa discrecionalidad que se decía combatir.

Incertidumbre y costo político

Al margen de la aplicación de fórmulas matemáticas (Tasa de Servicios) o alícuotas (DReI), otros tributos —como Abasto, Bromatología, Cementerio o Uso del Espacio Público— quedarán congelados. También continuarán vigentes tasas administrativas que el proyecto oficial pretendía eliminar. Pero el grueso de la recaudación no se verá afectado porque, como ya se indicó, la Tasa General de Inmuebles y la Tasa Sanitaria podrán ajustarse por fórmula.

Cuando en las próximas semanas los vecinos reciban sus boletas con eventuales aumentos, la pregunta será obvia: ¿qué hicieron sus representantes para evitarlo o para morigerar el impacto? Particularmente aquellos que se presentan como límite moral y político del Ejecutivo.

Lo ocurrido no puede exhibirse como un triunfo opositor. Más bien expone limitaciones, inexperiencia en algunos casos, intransigencia en otros y una preocupante falta de responsabilidad institucional en todos. La diversidad ideológica del Concejo no es un problema en sí mismo; la incapacidad para construir consensos mínimos, sí.

La ciudadanía observa. Y seguirá esperando que el debate político trascienda los discursos encendidos y los posicionamientos de redes sociales para traducirse en acuerdos concretos que mejoren la gestión pública. Lo demás —como los dictámenes que no prosperaron— queda en el terreno de la retórica.