El Consejo de Administración del SAMCo, integrado por todas las instituciones de Empalme, votó por unanimidad judicializar el reclamo. Los documentos prueban que el dinero, recaudado de los contribuyentes bajo el ítem “Tasa Asistencial”, nunca fue transferido como ordenaba una norma vigente. El presidente comunal Facundo Stizza se comprometió a convocar una reunión pero no lo hizo. A espaldas de la comunidad, sancionó una ordenanza que institucionaliza el desvío hacia un sistema de asistencia directa y discrecional.
Un conflicto que expone el manejo arbitrario de los fondos públicos de salud y la falta de transparencia en la administración comunal de Empalme Villa Constitución llegó a un punto de ruptura. Con el respaldo unánime del Consejo de Administración del SAMCo –órgano máximo del efector, integrado por representantes de escuelas, clubes, vecinales, cooperativas y todas las instituciones locales–, se decidió llevar a la Justicia el reclamo por $13 millones que la Comuna de Empalme Villa Constitución recaudó de los contribuyentes y retuvo ilegítimamente durante más de dos años.
La investigación de este medio, basada en documentos oficiales, revela una secuencia de incumplimientos, promesas vacías y una maniobra final que busca “legalizar” el desvío de un recurso vital para la salud pública.
El mecanismo era claro, transparente y estaba vigente desde hacía 36 años. La Resolución Comunal N° 152, del 28 de septiembre de 1987, establecía en su artículo 1° que “las sumas que se recaudan… por el aporte vecinal (Tasa Asistencial)… serán transferidas directamente al SAMCo… dentro del mes siguiente al de su ingreso a Tesorería”. El artículo 2° era aún más contundente: “Por tratarse de recursos propios del Ente… las sumas transferidas no requerirán rendición de cuentas”.
En términos simples: la Comuna actuaba como un mero agente de recaudación. El dinero que cada vecino paga en su boleta de tasa, bajo el ítem específico para la salud, tenía un destino obligatorio e inmediato: el SAMCo. No era un subsidio discrecional, era una transferencia automática de fondos públicos con afectación específica.
Este sistema colapsó el 10 de diciembre de 2023, con la asunción del actual presidente comunal, Facundo Stizza. Las transferencias se cortaron de cuajo. Frente a los reclamos, Stizza firmó un acta el 29 de febrero de 2024 comprometiéndose personalmente a regularizar los giros. Nunca lo hizo. El dinero de los contribuyentes, destinado por ordenanza a la salud, comenzó a ser retenido en las arcas comunales.
La deuda documentada y el silencio
Con los fondos retenidos y las promesas incumplidas, el SAMCo agotó la vía del diálogo. El 29 de diciembre de 2025 presentó un Reclamo Administrativo formal, exigiendo casi $13 millones por lo recaudado y no transferido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. En el escrito, se calificó la actitud comunal de “temeraria, arbitraria e ilegítima” y se la acusó de “desfinanciar” el sistema de salud. Además, se exigió la publicación de los balances, poniendo en evidencia la falta de transparencia sobre el destino final de ese dinero.
La respuesta de la administración de Stizza no fue el pago, ni la explicación, ni la rendición de cuentas. Fue el silencio administrativo y una escalada en la evasiva pública. Sin haber convocado a una reunión, como se comprometió en la asamblea del pasado 26 de enero, el jefe comunal fue citado a una reunión autoconvocada anoche por el Consejo de Administración, pero Stizza no se presentó.
La jugada maestra
En todo este proceso, mientras evadía el reclamo y el diálogo con la comunidad, la gestión de Stizza trabajaba en una jugada que cambiaría las reglas del juego. El 31 de diciembre de 2025, de manera opaca y sin ningún debate público, se sancionó la Ordenanza N° 1758.
Esta norma no es una simple actualización. Es un intento de legitimar la conducta ya desplegada. La ordenanza deroga tácitamente el principio de transferencia automática de la Resolución 152/87. En su lugar, establece que los fondos recaudados por la “Tasa Asistencial para la Salud” se dividirán en dos:
- Una partida para “asistencia directa” a vecinos, donde la Comuna comprará y entregará medicamentos o insumos de forma discrecional.
- Una partida “indirecta” para el SAMCo, que solo recibirá “los saldos excedentes” luego de cubiertos los gastos de la modalidad “directa”.
El fondo del asunto es gravísimo: Con esta ordenanza, la Comuna no solo se atribuye la facultad de retener los fondos, sino que institucionaliza un sistema de asistencia paralelo, discrecional y potencialmente clientelar, que desvirtúa por completo el rol técnico y comunitario del SAMCo. Como señaló un miembro del Consejo en la asamblea, “esto politiza la salud”. Peor aún, al crear una regla “nueva” para justificar una práctica “vieja” (la retención), la ordenanza reconoce implícitamente que el procedimiento utilizado durante dos años carecía de sustento legal.
La comunidad organizada dice basta
Frente a esta sucesión de hechos –retención de fondos, incumplimiento de actas, silencio ante reclamos formales y una ordenanza que consolida el desvío–, la paciencia de la comunidad se agotó. En la asamblea del 9 de febrero, convocada y protagonizada por el Consejo de Administración (las instituciones), el rechazo fue categórico y la decisión, unánime: judicializar el conflicto.
“Ya agotamos todas las instancias, lo que son reuniones, lo que es la parte administrativa. Esta convocatoria del Consejo de Administración ya nos dio el poder y la legitimidad para poder iniciar acciones por estos recursos”, afirmó Mario Taglienti, presidente de la Comisión Ejecutiva del SAMCo, quien subrayó el carácter técnico y no político del reclamo.
En resumen, el modelo que instala la ordenanza de Stizza dispone que los recursos específicos de la salud queden bajo la órbita discrecional de la política comunal, sujetos a asignaciones directas y alejados del control técnico y comunitario del efector público creado por ley para tal fin.
La Justicia deberá ahora determinar si es admisible que una Comuna recaude un tributo con afectación específica a la salud, lo retenga ilegalmente durante años, ignore los reclamos de las instituciones de la comunidad y, como respuesta, sancione una norma para intentar darle marco a ese desvío. El dinero en juego es, siempre, el de todos los contribuyentes de Empalme.
