En el marco de la discusión pública impulsada por el Gobierno nacional respecto a una potencial baja en la edad de punibilidad, el Partido Socialista (PS) de Argentina expuso su postura, argumentando que el núcleo del problema reside en la deuda social histórica y en la falta de un sistema especializado, más que en una simple modificación de la edad. La fuerza política, que impulsa un proyecto de Régimen Penal Juvenil desde 2009, rechaza lo que considera un “falso dilema” y aboga por una reforma integral con financiamiento federal.
Desde el Partido Socialista sostienen que el Estado mantiene una deuda principal de carácter social con las infancias y juventudes, en un contexto donde, según citan estimaciones de UNICEF, la UCA y el INDEC, la pobreza infantil ronda el 50%. En ese sentido, afirman que la ausencia de políticas públicas consistentes que garanticen condiciones básicas de vida, educación, salud y entornos de cuidado constituye el problema de fondo. Argumentan que ampliar el sistema penal sobre estas bases de exclusión resulta ineficaz.
Paralelamente, la fuerza política reconoce una deuda institucional por la vigencia de un decreto-ley de la última dictadura, que carece de reglas claras y garantías suficientes para los adolescentes. Frente a la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, el PS advierte que esta medida, por sí sola, no reduciría la violencia ni los delitos, y solo llevaría a un incremento del encierro juvenil sin perspectivas de reinserción. Critican la “demagogia punitiva” del oficialismo, señalando que optar por recortar la inversión social para volcarla únicamente a la persecución penal es un camino “más caro e ineficaz”.
La propuesta alternativa del Partido Socialista, presentada originalmente en 2009 y elaborada en base a experiencias regionales como las de Chile, Brasil y Uruguay, se basa en cinco pilares centrales. Estos incluyen la creación de un régimen especializado y diferenciado del de adultos; un sistema de garantías procesales reforzadas; el principio de progresividad y proporcionalidad de las sanciones, reservando la privación de libertad como último recurso; la implementación real de medidas socioeducativas con programas concretos; y un financiamiento federal que asegure una aplicación equitativa en todas las provincias.
En conclusión, el Partido Socialista insiste en que la discusión no debe centrarse únicamente en la edad, sino en la construcción de un sistema integral que combine responsabilidad con reinserción, acompañado de una fuerte inversión en prevención. Subrayan que sin políticas que ataquen las desigualdades estructurales, cualquier reforma penal seguirá llegando tarde y actuará sobre las consecuencias de una exclusión que el Estado no logró prevenir.
