Las cinco comisiones de la Convención cerraron sus propuestas. Este informe detalla los principales ejes consensuados que modificarán la Carta Magna provincial después de 63 años, desde la reelección y un nuevo sistema electoral hasta derechos digitales y autonomía municipal.
Tras seis semanas de debate, las comisiones de la Convención Reformadora emitieron los dictámenes que servirán de base para la nueva Constitución de Santa Fe. Estos textos, que serán unificados y ordenados por una Comisión Redactora, proponen una transformación integral de la arquitectura institucional de la provincia.
Uno de los cambios más destacados es que se habilita una sola reelección inmediata para todos los cargos, incluido el del actual gobernador, Maximiliano Pullaro. Para las elecciones a diputados, se elimina la mayoría automática y se implementa el sistema D’Hondt puro, lo que promueve una distribución de bancas más proporcional a los votos obtenidos. Además, se prohíbe de forma terminante la emisión de decretos de necesidad y urgencia.
El sistema de Justicia sería rediseñado por completo. La reforma fija el número de miembros de la Corte Suprema en siete, con inamovilidad pero con cese obligatorio a los 75 años. Crea un Ministerio Público independiente y autárquico. El proceso de selección de jueces y fiscales incorpora concursos públicos previos, a cargo de un Consejo Asesor, aunque la designación final sigue en manos del Ejecutivo con acuerdo del Legislativo.
El capítulo de autonomía municipal da un paso sustancial. Todas las localidades serán reconocidas como municipios y aquellas con más de 10.000 habitantes podrán dictar sus propias cartas orgánicas a través de convenciones electas por votación popular. Se institucionalizan las áreas metropolitanas para coordinar políticas entre jurisdicciones y se establece que toda nueva competencia que la provincia traslade a los municipios debe ir acompañada de los recursos necesarios para financiarla.
La nueva Constitución también amplía los mecanismos de participación ciudadana. Se incorporan herramientas como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria de mandatos. Las audiencias públicas serán obligatorias para leyes sobre ambiente y servicios públicos.
El catálogo de derechos se actualiza al siglo XXI. Incluye la separación entre Iglesia y Estado, libertad de prensa reforzada y consagra nuevos derechos digitales, ambientales, de acceso al agua y de protección para los consumidores. También se fortalecen las acciones legales rápidas para proteger estos derechos, como el amparo.
El proceso ahora entra en su etapa final. La Comisión Redactora debe consolidar todos los dictámenes en un texto único y coherente, que luego será debatido y votado artículo por artículo en el plenario de la Convención.
De esta manera, la sanción de la nueva Carta Magna marcará el inicio de una nueva fase, ya que muchas de estas reformas necesitarán luego de leyes específicas para su implementación concreta.
