Las posturas se dividieron entre quienes proponen mantener el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa en el Poder Judicial, y quienes impulsan su autonomía como órganos extra poder. También se discutió el número de integrantes de la Corte Suprema, así como sus criterios de paridad y de designación de funcionarios.
La Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales se reunió este miércoles para analizar los proyectos de reforma presentados por los distintos frentes, incluidos los aportes individuales de Unidos para Cambiar Santa Fe. El encuentro permitió delinear los principales puntos de desacuerdo en materia judicial, especialmente si el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio de la Defensa Penal deben constituirse como órganos extra poder o mantenerse dentro del Poder Judicial.
Este último esquema fue defendido formalmente, en una anterior reunión, por las actuales titulares de ambos organismos: la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora pública Estrella Moreno Robinson. En cambio, el gremio de trabajadores judiciales y la asociación de fiscales —quienes serán recibidos este fin de semana— expresaron una posición contraria.
Mientras tanto, los convencionales hicieron públicas sus diferencias. Desde el frente Más para Santa Fe, Jaquelina Balangione defendió que ambos organismos permanezcan dentro del Poder Judicial, “apuntando a fortalecer lo que se viene trabajando desde hace 11 años”, y advirtió que separarlos implicaría “gastos desorbitantes” y estructuras “flotantes sin control”. “Jamás sufrí injerencia del Poder Judicial”, recordó en alusión a su rol como exdefensora penal.
En la vereda opuesta, Froilán Ravena (LLA), Alicia Azanza (Somos Vida) y Lionella Cattalini (PS) propusieron que tanto el MPA como la Defensa Pública sean órganos extra poder. Ravena incluso planteó crear una Superintendencia dentro del MPA para reforzar su autonomía.
Rodolfo Giacosa (UCR) propuso una vía intermedia: un MPA extra poder, pero sin Consejo de la Magistratura, mientras que Joaquín Gramajo (Unidos) coincidió en que deben seguir bajo la órbita judicial, aunque con autonomía financiera y municipal.
Corte Suprema y Consejo de la Magistratura
Otro eje del debate fue la composición de la Corte Suprema provincial. La mayoría coincidió en mantener siete integrantes, con un límite de edad de 75 años y posibilidad de una prórroga de cinco más, salvo razones físicas o psíquicas.
También hubo acuerdo general sobre la necesidad de garantizar paridad de género y representación territorial. Sin embargo, Alicia Azanza cuestionó ese criterio y afirmó que debe “primar la idoneidad”. Lionella Cattalini, en cambio, defendió una Corte de siete miembros con paridad, sin procurador y con mandatos de hasta 20 años o 75 años sin posibilidad de reelección.
Por Más para Santa Fe, Jaquelina Balangione propuso una Corte de siete miembros más un procurador, con paridad de género y equilibrio territorial. Otros convencionales, como Froilán Ravena y Rodolfo Giacosa, coincidieron en el número pero plantearon matices respecto a la figura del procurador y los criterios de designación.
El debate sobre el Consejo de la Magistratura también mostró divisiones. Ravena propuso un órgano sin participación del Ejecutivo, compuesto por jueces, legisladores y abogados. En contraste, Cattalini planteó crear una “Autoridad Técnica”, distinta del Consejo, que organice concursos y eleve ternas vinculantes al Ejecutivo.
Balangione, por su parte, defendió un Consejo autónomo dentro del Poder Judicial, con representantes de los tres poderes, la abogacía, la academia y los trabajadores. Por último, Giacosa y Lucas Incicco (PRO) propusieron esquemas alternativos, como un Consejo Asesor o consejos ad hoc convocados para cada vacante por el Ejecutivo y el Legislativo.
También se discutió el sistema de selección y remoción de jueces y fiscales. Aquí hubo coincidencia general en que deben regirse por concursos y procedimientos transparentes, garantizando un sistema común para jueces, fiscales y defensores, sin designaciones discrecionales por parte del gobernador.
¿De quién depende la seguridad?
La parte final de la reunión giró en torno a la relación entre el Poder Judicial y la seguridad pública, luego de que el presidente de la Convención, Lisandro Enrico, afirmara que los cambios debatidos deben servir para “mejorar la seguridad”.
Al escucharlo, Jaquelina Balangione volvió a tomar la palabra para replicó que la seguridad “es competencia del Ejecutivo, porque cuando actúa el Poder Judicial, el hecho ya pasó”, visión que fue compartida por Froilán Ravena: “El gobernador es el responsable de la seguridad, no la Justicia, que actúa con los hechos ya consumados”.
Desde el socialismo, Lionella Cattalini recogió el guante con un enfoque pragmático: “Si el Poder Judicial no es responsable de la seguridad, entonces saquemos al MPA de su órbita, porque cuando este órgano formó parte de la estrategia de persecución penal fue de gran ayuda”.
El senador Joaquín Gramajo cerró el intercambio con una advertencia: “Estamos cansados de la puerta giratoria. Por eso es importante que la política criminal sea dirigida por el Ejecutivo, con la anuencia del resto de los poderes”.
